La cementera de Alcalá lleva la paralización municipal de su proyecto al Defensor del Pueblo

Por ello han iniciado una serie de actuaciones que quieren dar a conocer la situación de los trabajadores debido a la decisión del Ayuntamiento alcalareño de modificar el PGOU para impedir la inversión con la que, según la empresa, haría la instalación competitiva con otras plantas de España . Ya han interpuesto un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu en el que le presentan el nuevo escenario creado en la fábrica, ya que según el propio comité de empresa « el proyecto es vital para garantizar la viabilidad de la fábrica y es un tipo de operación que ya se lleva a cabo en el 90 por ciento de las fábricas de cementos de España con total normalidad y, sin él, la instalación alcalareña no puede competir en igualdad de condiciones con el resto».

Pero además, el comité ha solicitado reuniones a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y al presidente de la Diputación Provincial, Fernando Rodríguez Villalobos para explicarle la situación de los trabajadores . Los trabajadores indican que les trasladarán el temor a perder sus empleos y los generados en las empresas del entorno, al tiempo que quieren explicar a las autoridades que «la fábrica de Portland lo que pretende es sustituir parcialmente los combustibles que actualmente emplea por otros no peligrosos producidos en plantas de tratamiento y reciclaje de residuos».

También plantearan una paradoja de tipo administrativo y es que la fábrica tiene autorización de la administración superior, la consejería de Medio Ambiente para el desarrollo de su proyecto , pero en la práctica el Ayuntamiento alcalareño lo impide con una modificación del PGOU pensada de forma específica para este caso y realizada coincidiendo con la intención de la empresa de llevarlo a cabo. 

Los trabajadores manifiestan también que las empresas de reciclaje de la comarca «apoyan el proyecto de la fábrica , como se puede comprobar por las muestras de apoyo refrendadas a través de escritos y alegaciones presentadas en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra» e incluyen en sus argumentos que la paralización de este proyecto supondrá el bloqueo de una inversión superior a los 2.000.000 de euros ligada a su puesta en marcha, «por lo que tendría un impacto negativo en el desarrollo socioeconómico de Alcalá de Guadaíra».

La fábrica alcalareña de Cementos Portland afirma que «está comprometida con el desarrollo sostenible y con el cumplimiento de la normativa; que está a favor del cumplimiento de la jerarquía de residuos, que establece como actividades prioritarias la prevención, reutilización y reciclaje, pero que también establece la valorización energética, utilización de la fracción combustible de determinados residuos, en este caso, no peligrosos, como paso previo a la eliminación en vertederos ».

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