La alcaldesa de Aznalcázar despidió a un peón por no votar al PSOE

Según consta en las sentencias del Juzgado de los Social 3 de Sevilla y de la sala de lo Social del TSJA, una semana antes de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, la alcaldesa Dolores Escalona y la teniente de alcalde, Manuela Cabello González —que es la candidata a la Alcaldía en las elecciones que se celebran mañana domingo— fueron hasta el domicilio de José Antonio Tejera Rodríguez donde se encontraba con sus padres. El padre, hoy fallecido, se encontraba en cama impedido y su madre en silla de ruedas porque estaba siendo sometida a un tratamiento de quimioterapia.

Dolores Escalona les pidió el voto explicándoles que iba a presentarse a la reelección pero los padres de José Antonio Tejera le dijeron que no la iban a votar. Según las sentencias, Dolores Escalona les dijo «ten cuidado que yo soy la que mando y te estás jugando el puesto de trabajo de tu hijo».

El 29 de diciembre de 2011, le notificó el despido a este peón albañil que tenía un contrato fijo indefinido con el Ayuntamiento de Aznalcázar desde el año 2005. El trabajador despedido recurrió entonces al abogado Fernando Rodríguez Galisteo, quien le ha llevado todo el procedimiento que considera probado que existieron esas coacciones.

Hay que destacar que actuaron como testigos los concejales José María Ollero Centeno (IU), Antonia Ginés Conejo (PP), Basilia Fuentes Martín (PP); la madre del joven despedido, Rocío Rodríguez Pérez y el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, Enrique Fuentes Maqueda (PSOE).

La sentencia del Juzgado de lo Social (459/2012) estima que se conculcó el derecho fundamental a la libertad ideológica, por lo que el despido fue declarado nulo. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estudió el recurso presentado por el Ayuntamiento, recoge que la alcaldesa conculcó el artículo 16 de la Constitución. Además, la sentencia del Alto Tribunal andaluz señala que la prohibición de discriminación «afecta de manera más intensa» cuando se trata de un empleado público no sólo por la especial observancia del principio de igualdad sino también porque se entiende la plena sumisión a la legalidad de los actos ejecutados.

El Tribunal Supremo ha emitido una providencia en la que ratifica todos los extremos señalados por ambas sentencias, dejando claro que José Antonio Tejera Rodríguez «fue amenazado y el que despido se ha producido por razón ideológica».

Tras la decisión del Supremo, el trabajador despedido ha presentado una querella contra Dolores Escalona, actual alcaldesa de Aznalcázar hasta que tome posesión el nuevo gobierno municipal, y contra Manuela Cabello González, candidata a la Alcaldía por el PSOE. El abogado del trabajador despedido, Fernando Rodríguez Galisteo, argumenta que las conductas de ambas pueden ser constitutivas de un delito de coaaciones, amenazas, prevaricación, contra la libertad ideológica y también de una falta de insultos.

Así, pide que se aplique el artículo 542 del Código Penal para la inhabilitación especial para el empleo o cargo público «por un período de uno a cuatro años para la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de derechos reconocidos por la Constitución». Dolores Escalona es también vicepresidenta de la Diputación Provincial de Sevilla, un cargo que se renovará también tras las elecciones municipales.

Los representantes de VOX en Sevilla se han sumado a esta querella como acusación particular y en apoyo del trabajador despedido por la alcaldesa socialista de Aznalcázar.