El TSJA acuerda el sobreseimiento de la causa seguida contra Sánchez Gordillo

La causa que se sigue en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha investigado los hechos sucedidos en el supermercado Mercadona de Écija el día 7 de agosto de 2012 , en los que se produjeron la sustracción de productos alimenticios por parte de miembros y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Tras analizar las diligencias, los documentos videográficos y la declaración del imputado , el magistrado instructor –tal y como solicitaron el ministerio fiscal y las partes- acordó el sobreseimiento provisional al considerar que el diputado autonómico no participó material o físicamente en los hechos. En este sentido, señala que Juan Manuel Sánchez Gordillo se encontraba en el exterior del establecimiento y llegó al lugar de los hechos una vez que se habían consumado los hechos denunciados.

Como apunta el Ministerio fiscal, Sánchez Gordillo se desplazó junto a otras personas a las puertas del supermercado para «apoyar aquello que consideraba sólo un acto político». Este hecho, según el magistrado instructor, podría calificarse como apología de lo llevado a cabo «sin que quepa olvidar que la apología, salvo los casos expresamente contemplados por la ley penal, «sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito», lo que no es posible cuando la conducta ya se ha materializado»

También señala que los hechos no presentan dudas sobre su existencia ni sobre su carácter delictivo, ya que el hecho de que la intención perseguida no fuera la de un enriquecimiento o lucro personal no excluye el carácter delictivo de la acción.

Por último, recuerda que no es posible imputar al Sindicato Andaluz de Trabajadores porque cuando se produjeron los hechos el Código Penal consideraba que no se podía aplicar a sindicatos y partidos políticos la responsabilidad penal de personas jurídicas, cuestión que ya ha cambiado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre.