La Macarena lleva dos meses negociando con Arquillo y la Universidad para que reconozcan el daño a la Virgen

No obstante, tal y como indican a este periódico fuentes de Nertis ETL Global, el informe no se cerrará de forma definitiva hasta que la imagen vuelva de su restauración a cargo de Pedro Manzano para añadir unas nuevas conclusiones que incluyan todos los daños a la imagen que hayan certificado tanto el conservador como las últimas pruebas realizadas a la talla, entre las que se encuentran el último TAC y la anoxia. De esta forma, quedarán reflejadas todas las diferencias entre lo que se acordó con el equipo de Arquillo previamente a los trabajos y lo que finalmente se hizo.

Cabe recordar que, además de las actuaciones realizadas sobre la imagen no comprendidas en el contrato, no se diagnosticaron las patologías que sufría la misma, expuestas posteriormente por el propio Manzano y los profesionales del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) tras sus estudios pormenorizados a la imagen, como la grieta estructural que presentaba la talla o el ataque xilófago.

Ante esta situación, la corporación de la Madrugada lleva dos meses inmersa en negociaciones con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), institución con la que firmó el contrato de la intervención, así como con el restaurador —en este caso, David Arquillo, máximo responsable de la misma—.

Dichas negociaciones, para evitar llegar a los tribunales, se están efectuando a través de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), un mecanismo destinado a la resolución de conflictos sin jurisdicción, de forma más ágil, económica y voluntaria que se realiza entre las partes implicadas «actuando de buena fe y buscando una solución» que satisfaga los intereses de ambas, según lo explica el Ministerio de Justicia.

La conocida como Ley Bolaños (Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial) marca como obligatorio el paso previo por los MASC para abrir una vía de resolución del conflicto alternativo a la judicial para iniciar una demanda. Y en caso de fracaso de esta herramienta de negociación, hay que demostrar ante el órgano judicial que se ha intentado.

Pese a que el equipo de Arquillo cobró 10.500 euros por las labores acometidas sobre las tres imágenes titulares, el objetivo de la junta de gobierno con estas conversaciones no es conseguir una indemnización económica, sino el reconocimiento expreso del daño concreto causado a la imagen durante los trabajos. Desde FIUS estarían dispuestos a reconocerlo, pero no así Arquillo, que se ha ausentado de las reuniones y se niega pese a estar al tanto de las negociaciones.

La hermandad no quiere denunciar a FIUS, que ha estado a disposición de la misma desde hace años y que además ha colaborado en todo momento en este proceso abierto en verano. Si Arquillo no accediera al reconocimiento de los daños, el siguiente paso podría ser presentar una acción civil en los juzgados de Primera Instancia por incumplimiento contractual por negligencia o por daño por omisión, aunque la actual junta de gobierno prefiere no tener que llegar a ese extremo.

Si bien, la decisión que adopte la hermandad queda en el aire debido al cabildo de elecciones del domingo. La candidatura que salga elegida de las tres que se presentan, una vez tome posesión, será la que decida cómo actuar en adelante. La nueva junta podría continuar las negociaciones hasta forzar que Arquillo ceda, ir directamente a los tribunales para presentar la demanda o incluso pedir un nuevo informe jurídico.