El Supremo confirma la sentencia del TSJA que anuló 98 licencias de TDT en Andalucía

Casi un centenar de empresas y personas que ya habían realizado inversiones y comenzado a emitir en Andalucía en base a los contratos firmados con la Administración autonómica están ahora pendientes de la decisión de la Junta de Andalucía para ver cómo les afectará y decidir si acuden a los tribunales para reclamar indemnizaciones. Otras empresas, como Alternativa de Medios Andaluces, que no se presentó al concurso por consider su pliego ilegal, anuncia que acudirá a los tribunales si la Junta no convoca un nuevo concurso con otro pliego de condiciones.

La Junta de Andalucía se encuentra ante un galimatías legal que se inició en 2006, cuando convocó otro concurso de TDT , que se adjudicó en 2008, pero el Tribunal Supremo terminó anulando esas 79 licencias. Como la batalla en los tribunales se preveía larga, un decreto del Gobierno autonómico mantuvo el status quo de las televisiones que estaban emitiendo.

Para remediar la situación, la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, al frente de la cual estaba entonces Manuel Jiménez Barrios , convocó otro concurso para adjudicar 111 licencias de Televisión Digital Terrestre de ámbito local y gestión comercial por un período de 15 años. El concurso se falló en 2018 y se adjudicaron 98 licencias a 71 personas físicas y jurídicas, quedando 13 licencias desiertas.

Alternativa de Medios Audiovisuales recurrió el pliego de condiciones y el TSJA sentenció que el concurso vulneraba los principios de libre concurrencia y no discriminación, ya que exigía que los licitantes tuvieran platós en Andalucía, experiencia previa o pagar elevadas fianzas, entre otras cláusulas.

Una nueva rebaremación de las solicitudes hubiera dejado fuera del concurso a nueve personas y entidades : Técnica Audiovisuales de Carmona, en Sevilla; Mezquita Comunicación Group, en Córdoba; Publicaciones del Sur, en Cádiz; Guillermo Ortiz Chaves, en Chiclana (Cádiz); Asociación de Servicios y Solidaridad Class Maná, en Huelva y Lepe; la UTE Campiña Digital y Multimedia Jiennense, en Jaén; Canal Baeza y la Loma, en Úbeda (Jaén); y Sevilla F.C., en Sevilla.

La nueva rebaremación daría, sin embargo, licencia a empresas que antes quedaron excluidas en algunas demarcaciones , como Kiss TV Andalucía, la UTE Agrupación Radiofónica-Televisiones Digitales de Andalucía, Isleña de Medios Audiovisuales, Publicaciones del Sur, Antena Huelva, Precisa Comunicación Huelva y Asociación Cultural Radio TV Adventista de Málaga.

La Junta pidió la ejecución provisional de la sentencia alegando, entre otras cosas, el interés público para finalizar la adjudicación de las licencias y reordenar el sector audiovisual, pero el TSJA no lo aceptó. Finalmente, varias personas físicas y jurídicas recurrieron ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA. La Consejería de Presidencia de la Junta, que lidera Elías Bendodo, no esperó a la decisión del Supremo y a principios de 2019 decidió firmar contratos con las empresas y personas físicas que recibieron las 98 licencias en el concurso de 2016.

Para Alternativa de Medios Audiovisuales, «el Gobierno de Juanma Moreno heredó un pleito de difícil solución en la vía administrativa pero profundizó en el conflicto al no esperar a la decisión del Supremo y firmar los contratos con las empresas y personas adjudicatarias de las 98 licencias. Todo ello ha complicado el asunto».

Alternativa de Medios Audiovisuales ha solicitado la ejecución definitiva de la sentencia. «La Junta -dice- tiene dos opciones: o actuar administrativamente, revocando un acto nulo, como es el concurso de 2016 (algo que ya hizo el País Vasco cuando recurrieron un concurso de TDT), o bien acatar la sentencia del TSJA, que supone igualmente la convocatoria de un nuevo concurso con otro pliego de condiciones».

La decisión de julio del Supremo de hacer firme la sentencia del TSJA ha dejado en el limbo a 71 empresas y personas que recibieron esas 98 licencias de televisión digital después de haber realizado importantes inversiones e incluso haber comenzado a emitir. Si se convoca un nuevo concurso o bien se rebareman las solicitudes, y algunas de esas empresas no reciben una licencia de TDT tendrían abierta abierta la puerta para presentar una reclamación patrimonial a la Junta de Andalucía, lo que complicaría aún más las cosas para el Gobierno andaluz por el coste que podría representar paras las arcas públicas, según fuentes jurídicas.