«El sistema de pensiones no debe ser generoso, sino justo y predecible»

En este curso político se celebró un debate en el Congreso sobre pensiones. ¿Qué opinión le mereció?

Nadie explica cómo funciona el sistema. A los españoles que están hoy cotizando, el Estado les exige que ahorren de manera obligatoria y compulsiva una parte de su renta para disponer de ella cuando no pueda trabajar, y así se establece un compromiso entre el país y los ciudadanos; no es una cuestión de generosidad. Los ciudadanos renuncian a la libertad de decidir cómo invierten una parte de su renta, que se destina al sistema obligatorio administrado por el Instituto General de la Seguridad Social. El sistema también contempla las pensiones no contributivas y pensiones mínimas, que son la de quienes no han aportado lo suficiente. Esas rentas, que en el fondo son subsidios para sostener a una capa de población muy frágil, deben depender directamente de los Presupuestos, no de los fondos que los ciudadanos ahorran por obligación para, en definitiva, no depender del Estado.

El nuevo Gobierno ha propuesto quitar el tope a la pensión máxima e imponer un impuesto a la banca. ¿Le parecen medidas acertadas?

Son medidas populistas que a largo plazo hacen más inviable el sistema, pues no acometen las urgentes reformas estructurales y alteran las características esenciales del mismo; y ello sin considerar los impactos negativos que estas medidas tienen en el mercado de trabajo y el crecimiento del PIB.

Si las pensiones no contributivas salen del sistema y dependen del Presupuesto, ¿no añadirían más tensión a las cuentas públicas?

Los futuros Gobiernos deberían afrontar ese reto, que les exige racionalizar y priorizar sus decisiones de gasto. En los Pactos de Toledo ganó peso el principio de contributividad y autonomía financiera del sistema, es decir, que las prestaciones deben ser financiadas con las cotizaciones de los trabajadores. Para que este criterio sea válido, el sistema debe estar cerrado, no deben utilizarse recursos de las cotizaciones para financiar prestaciones no contributivas, y ha de basarse en previsiones a largo plazo muy realistas.

¿En la próxima década los pensionistas perderán poder adquisitivo?

Las pensiones, para cumplir con la función social para la que fueron diseñadas, han de estar en relación directa con la evolución del nivel de vida del país y de los salarios, con lo cual deben crecer, a medio plazo, al mismo ritmo que el IPC. La cuestión de fondo es cuál es la economía española que tendremos en el futuro. En un país en el que crece el PIB, el número de empleos y la productividad, también mejorarán los salarios y las cotizaciones medias y, en consecuencia, no habrá un problema en su sistema de pensiones. El debate de las pensiones es, esencialmente, el debate de cómo vamos a generar riqueza en el futuro.

Usted conoce muy de cerca los sistemas de pensiones de capitalización individual, como el chileno. ¿Es un modelo más sostenible?

Al igual que en España, el trabajador ahorra de forma obligatoria y compulsiva para su jubilación, pero la diferencia es que se crea un fondo administrado por una gestora que invierte en una serie de activos tasados, estructurados y regulados, que generan una rentabilidad. Al final, por el tipo de inversiones que realizan, la rentabilidad depende también del crecimiento de la economía chilena, al igual que en España. La ventaja es que el trabajador ve las cifras de forma explícita, el sistema es más entendible; la desventaja es que su funcionamiento es más costoso. Son maneras diferentes de gestionar la misma realidad: el juego de derechos y obligaciones entre el Estado y los ciudadanos para sustentar el Estado del Bienestar

Los jubilados salieron a la calle para reclamar una subida de su pensión. ¿Entiende esta reacción?

Han sido coherentes con el discurso político. Si las pensiones se plantean en términos de generosidad del Gobierno, es lógico que haya grupos que exijan la mayor generosidad posible. Pero ni unos ni otros han planteado seriamente el debate. Tampoco es fácil justificar lo que hizo Zapatero en 2011 y Rajoy en 2013, con una reducción de las pensiones de forma directa (con ajustes de la pensión inicial) o indirecta (con ajustes de los coeficientes de actualización) para defender la sostenibilidad del sistema, cuando en estos años no se ha preservado el principio de contributividad.

¿Serán necesarios los planes de pensiones para garantizar el poder adquisitivo?

Si las pensiones básicas no cumplen por sí solas la función para las que fueron diseñadas, que es garantizar un poder adquisitivo razonable, implicará que España estará acercándose a lo que hoy es Grecia y alejándose de lo que son económicamente Gran Bretaña, Francia o Alemania. Esto no significa que el ahorro a largo plazo, finalista y de carácter voluntario no sea deseable, y debe ser apoyado con nuevas ventajas fiscales. Actualmente los gastos del sistema de pensiones crecen por encima de los ingresos, porque los nuevos pensionistas cobran más que los que fallecen y las cotizaciones crecen menos que el empleo, ya que los sueldos son reducidos. Pero España tiene capacidad para sobreponerse a esta situación y crecer y desarrollarse como sociedad.

Al margen de la evolución económica, hay otros factores como el bajo crecimiento demográfico o el aumento de la esperanza de vida…

En un mundo globalizado hay otras sociedades que han superado esta limitación gracias a la llegada de migrantes cualificados. Esto también ocurrió en la economía española recientemente, pues tuvo hasta 2008 las mayores tasas de empleo y superávits de la seguridad social con la actual situación demográfica. También crece la esperanza de vida, pero se está retrasando en paralelo la edad de jubilación. Son desafíos que no son irresolubles.

¿Qué medidas deben adoptarse?

Lo primero es que los propios ciudadanos sepan cómo funciona todo. Habría que refundir la legislación del sistema de pensiones público y blindarla con un rango normativo más elevado, para que no sea tan fácil de modificar, porque el sistema necesita estabilidad y consenso para ofrecer resultados. Habría que definir un contrato de pensiones básicas que recogiera las obligaciones y derechos del afiliado, la Seguridad Social y el Estado como promotor del sistema. Hay que aislar y cerrar el segundo pilar del sistema (las pensiones contributivas), con medidas que aseguren la independencia de caja respecto de las pensiones no contributivas y las mínimas. No se deben utilizar las cotizaciones como instrumentos de política económica sin compensar sus impactos con cargo a los presupuestos del Estado. También debemos homogeneizar los diferentes regímenes para equilibrar los mismos en términos de cotizaciones y prestaciones. Yhay que prever de forma muy realista el déficit o superávit estructural del sistema, para lo que el fondo de reserva es crucial.