Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta: «Derogar la reforma laboral tendría efectos devastadores»

¿Qué opina de la derogación de la reforma laboral de 2012 que proyecta el actual Gobierno de PSOE y Podemos?

Es una irresponsabilidad derogar la reforma laboral que el Gobierno central tuvo que aplicar para crear empleo. Esa reforma no sólo agilizó la creación de empleo, sino que evitó la destrucción de más de un millón de puestos de trabajo gracias a la flexibilidad del mercado laboral. Facilitó que al mismo tiempo que crecía la economía, también lo hacía el empleo. La reforma laboral permite un nivel de crecimiento menos exigente para empezar a crear empleo, cosa que ahora mismo es muy importante. La flexibilidad en el mercado laboral se ha convertido en un pilar fundamental en la economía española. La rigidez del mercado laboral implicaría la reducción del contrato temporal, incluso su extinción, pero los efectos perversos que podrían tener podrían ser devastadores, especialmente en una economía como la andaluza, con una de las mayores tasas de desempleo de la Unión Europea. Hasta la reforma de 2012, no aumentaba la productividad de España, sólo se producían centenares de miles de despidos de trabajadores en precario, en sectores de bajo valor añadido. De 2008 a 2012, por cada punto de caída del PIB se desplomaba el empleo 2,3 puntos. Ahora mismo, la caída del empleo es más leve que la del PIB.

¿La creación de empleo caería con la derogación de la reforma laboral?

Con las previsiones de caída del PIB, si se derogara la reforma laboral el empleo se hundiría aún más. El modelo que se arbitró en 2012 afrontaba una profunda crisis social y económica en España, con una destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo y el número de parados rozaba los seis millones. Ese modelo que pretendía dar flexibilidad a las empresas para adaptarse a la situación económica funcionó en un momento de recesión. Esa norma reguló también el teletrabajo o el derecho a la formación de los trabajadores, limitó el encadenamiento de contratos temporales para facilitar un empleo estable, ponía en marcha un nuevo contrato para empresas de menos de 50 trabajadores para incentivar la contratación indefinida. La reforma laboral que quiere derogar el PSOE y Podemos es clave para que España afronte los desafíos que tiene a medio y largo plazo. Esto exige alturas de mira, sentido de Estado y sensibilidad social.

Los analistas económicos coinciden en que aunque España crecerá hasta un 7% en 2022, el empleo no lo hará en la misma medida. ¿Eso evitará que Andalucía supere el diferencial de paro con España y Europa?

Efectivamente, Andalucía en 2019 estaba empezando a converger por primera vez con España y el resto de Europa, y por la pandemia se ha visto paralizado. Nuestro tejido productivo, a diferencia de otras autonomías, está menos industrializado. La estructura productiva de la economía andaluza es diferente y en ella tiene un gran peso el turismo, el sector primario y el sector público. La realidad es que tenemos que industrializar a Andalucía. Las comunidades con una tasa mayor de industria resisten mejor los envites de la crisis. Tenemos que aprovechar la pandemia para industrializarnos y digitalizar el turismo para darle un mayor valor añadido. La clave es la educación y  la formación continua y dual.

Andalucía tiene una tasa de paro superior al 22%, la tercera más alta después de Canarias y Ceuta. ¿Diría en estos momentos que es el principal problema de Andalucía?

En las encuestas a los andaluces, el primer problema ha pasado de ser la crisis sanitaria al paro. Hay 20.000 negocios en nuestra comunidad que han cerrado, un 5% del tejido empresarial, y eso ha tenido un reflejo en el mercado laboral, donde se han perdido casi 70.000 empleos en Andalucía y aún hay casi 70.000 trabajadores en ERTE, que ahora no figuran en las encuestas de la EPA ni en los datos del paro. La vuelta plena normalización en el empleo, hasta volver a la situación pre-Covid, se conseguirá cuando los que están en ERTE y los autónomos con cese de actividad vuelvan a la normalidad. Es precioso aumentar el nivel de ocupación en un 5,6%.

Los ERTE van prorrogándose en España cada trimestre. ¿Hubiera apostado por seguir el modelo alemán?

Efectivamente. Teníamos que haber dejado resuelto eso ya y habernos dedicado a aplicar otras medidas para recuperar la economía. En Alemania dejaron resuelto el debate en 2020 haciendo efectivos los ERTE hasta finales de 2021 y lo que no podemos hacer es cada tres meses debatir algo que ya se ha discutido. La incertidumbre es un veneno para la economía.

A finales de diciembre acabara la moratoria concursal. ¿Podrá agravarse el problema del paro si muchas de las empresas con problemas de liquidez van cadáver a los juzgados mercantiles?

Sí. Se habla poco de la moratoria concursal, que va aparejada a la prórroga de los ERTE y del cese de actividad de autónomos. Ahora mismo está contenido el mercado de trabajo por esa moratoria pero en el momento en que se levante, las empresas pueden tener serios problemas y los juzgados mercantiles se pueden ver desbordados por la cantidad de concursos que les entren.

Hay especial preocupación con los parados de larga duración, los desempleados mayores de 50 años y el desempleo juvenil que afecta a la mitad de ese colectivo. ¿Qué planes hay para sacarlos de las listas del paro?

Andalucía tiene varias medidas planteadas para proteger a esos trabajadores. Para esos colectivos contamos con una línea de colaboración público-privada mediante agencias de intermediación públicas y gratuitas. Es una experiencia piloto en la que se usarán 78 millones de euros que se dejaron de usar en anteriores gobiernos: durante 24 meses hemos hecho contratos con agencias de colocación, que realizarán medidas para la reinserción de jóvenes desempleadas entre 18 y 29 años y para personas que han estado inscritos en el SAE como demandantes de empleo 365 días en los 18 meses anteriores. Además, se han incrementado un 60% las subvenciones para financiar los gastos de la puesta en marcha de proyectos empresariales por jóvenes andaluces. Y lo más importante, es la reactivación de la formación profesional para el empleo.

Los cursos de formación han estado paralizados desde 2011 por irregularidades administrativas y procesos judiciales en los gobiernos del PSOE . Este Gobierno los ha reactivado. ¿Qué mecanismos se han establecido para que no vuelvan a repetirse los fraudes?

Para empezar, hemos desterrado el sistema de subvenciones, que lo consideramos obsoleto, ineficaz y genera muchos problemas judiciales. Hemos hecho los cursos de formación a través de la Ley de Contratos del Estado, un nuevo modelo de licitación pública con el que pretendemos conseguir mayor seguridad jurídica, eficacia, utilidad en la formación y, sobre todo, adaptación a las necesidades del tejido productivo. La crisis del Covid nos ha demostrado la importancia de la capacidad de adaptación. Este año podrán beneficiarse de los cursos de formación 23.000 personas: 15.000 acciones formativa de 550 especializadas distintas. Para el control de presencia de las acciones formativas que acredite la identidad del alumno y del profesor vamos a usar un sistema de firma biométrica, con plena protección de datos. Permite la gestión de 30.000 alumnos y de profesores, y unos seis millones de controles de presencia anuales.

¿A qué sectores irán dirigidos más los cursos de formación y cómo se garantiza que formarán a los trabajadores en habilidades que ahora requiere el mercado de trabajo?

Los cursos de formación se han diseñado de la mano del tejido productivo, de los agentes económicos y sociales, y de los operadores de formación. Además, se ha hecho de forma sectorializada por provincias, porque no es lo mismo lo que se necesita en Huelva que lo que hace falta en Almería. Habrá una continuidad en las convocatorias de cursos, por lo que puede ser un nicho de trabajo para las empresas. Este año se va a destinar 87 millones a formación presencial, 20 millones a teleformación, 30 millones para escuelas talleres y talleres de empleo y 20 millones para formación con compromiso de contratación. Ya se ha hecho una licitación por 26,4 millones de euros, además se destinarán 3,1 millones de euros a cursos de competencias digitales, 7 millones para construcción, 4,6 millones de hostelería y turismo... Tenemos a punto de salir cursos para menores de unos 2.500 jóvenes con una formación ajustada a lo más demandando, hay otros cursos para el sector aeroespacial  por importe de 1,9 millones de euros. Estamos preparando otros cursos de tecnología en 5G, economía verde, emprendimiento, transformación digital... Lo que se ha demostrado en esta crisis es que dos tercios de las empresas andaluzas no tienen competencias digitales. Se trata de formar en el nuevo entorno que ha cogido a algunos sectores con el pie cambiado. El 5,8% de las empresas de menos de 10 trabajadores realizan ventas de electrónico, por lo que tenemos que mejorar la cualificación digital de lo empleados y provocar un proceso de cambio en el ecosistema empresarial.

—¿Qué ayudas ha aprobado la Junta para empresas y autónomos?

Hay 270 millones de euros para el mantenimiento de empleo porque hay empresas que han hecho un esfuerzo tremendo para tener a los trabajadores en ERTE y están sacándolos de esos expedientes. El objetivo es llegar a 45.000 empresas y 145.000 trabajadores. Las solicitudes han sido 38.151 y el número de trabajadores beneficiados serían 154.000. Tenemos ya resueltas de forma favorable 23.155 solicitudes por importe superior a los 85 millones de euros. demás, ya hemos empezado también a tramitar otra de las ayudas anunciadas dentro del Acuerdo para la Reactivación, que es la de las ayudas directas de 210 euros para trabajadores en ERTE y también para fijos discontinuos o de temporada. En breve plazo se empezarán a abonar en sus cuentas esta ayuda, que pretende alcanzar a más de 350.000 trabajadores, con una dotación de 75 millones de euros.

A Andalucía llegarán del Gobierno central 1.000 millones para empresas y autónomos. ¿Augura problemas en la tramitación, gestión, resolución y abono de las subvenciones?

No lo sabremos hasta que no se empiecen a tramitar pero se ha trabajado en los últimos meses para evitar esos problemas. Este decreto aumentará el trabajo de las comunidades autónomas y para facilitar el trabajo pedido a la Agencia Tributaria que nos comunique si una empresa o autónoma cumple los requisitos y el máximo importe a solicitar. Hemos hecho un formulario muy simple y se libera a los potenciales beneficiarios de la potencial carga administrativa. Como son subvenciones, tiene que haber una finalidad y un principio de efectividad del gasto, cuando adolece de defectos técnicos graves porque establece un período de generación de factura del 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021, y otro para proceder al pago a partir del 1 de junio de 2021. La Junta propuso igualar la caja con el devengo, de manera que se pudiera dar la ayuda por el pago ya realizado de la factura. Y sobre todo, este decreto ley del Gobierno es injusto porque discrimina a quienes han cumplido con su obligación de pagar en tiempo y forma. Es decir, se penaliza a quien ha cumplido la Ley de Morosidad pagando a sus proveedores como máximo en 30 días porque a ellos no se les va a pagar las deudas a pesar de que hayan tenido una bajada del 30% del volumen de operaciones del valor declarado en el IVA, que no tengan una base negativa del impuesto de sociedades. En otras palabras, a quien ha sido diligente y ha cumplido con sus obligaciones se le perjudica.

¿Cuándo podrán empezar a cobrarse esas ayudas?

El plazo para pedirlas se ha abierto esta y está hasta el 15 de julio. Las  primeras solicitudes se empezarán a resolver a finales de julio o principios de agosto, con el compromiso de que se pagarán antes de final de año. El modelo justificación y control de estas ayudas se realizará a través de procesamiento inteligente de información, que lee miles de facturas y justificantes de pago, lo que nos permitirá validación automatizada del 70%. Eso se va a completar con la verificación manual de los expedientes seleccionados, para lo cual vamos a contratar cien personas.

Cuando llegaron PP y Cs al Gobierno de Andalucía había más de 30.000 becas pendientes de resolver desde 2011, todas prescritas.

De becas quedan 500 pendientes de resolver. Este trabajo  ha sido especialmente gratificante porque teníamos que optar entre declarar la prescripción o ponernos a trabajar y resolver lo que nos habían dejado. Cuando hemos llamado a alguna  gente para decirles que iban a cobrar una beca de 2012 se creían que era una broma.

¿Cuánto dinero se han devuelto de las subvenciones a la formación y cuánto queda por devolver?

Tenemos 380 millones de euros pendientes de reintegro y se ha hecho reintegro de 198 millones de euros.

¿Cómo se ha digitalizado la Consejería de Empleo para evitar el caos en la tramitación de ayudas desde la pandemia?

Nuestra consejería era muy poco eficiente y tardaba en pagar hasta 10 años los tiques de autónomos. La primera lección del Covid es que necesitábamos procedimientos nuevos, con todas las ayuda de las tecnologías de la información y la Inteligencia Artificial. Desde 2019 hemos sido pioneros en la automatización de los procedimientos, lo que ha cambiado el diseño y tramitación de las ayudas.  Hemos llegado a tener más de 64 robots trabajando 24 horas al día durante 365 días al año, que corresponden a más de 100.000 horas de trabajo, el trabajo equivalente de 238 funcionarios. Eso nos ha permitido dedicar los pocos funcionarios que tenemos a labores de mayor valor añadido.

Hasta ahora el SAE sólo intermedia en el 2,7% de las contrataciones y de ahí, el 96% son contrataciones de administraciones públicas.

Vamos a incorporar la Inteligencia Artificial y el Big Data a la orientación laboral con el perfilado estadístico de oferta y demanda que ya hemos ofertado desde el Servicio Andaluz de Empleo. Queremos tener los primeros resultados para septiembre u octubre de 2021. Se trata de casar la oferta de empleo con la demanda, de forma que se ajusten los perfiles profesionales que necesitan las empresas.

Andalucía recibirá 350 millones de euros para políticas activas de empleo. ¿Es lo que nos corresponde por población y número de parados?

Es un poco menos de lo que le corresponde por población y número de desempleados pero nosotros queremos gestionar ese dinero con eficacia e intentar que lleguen en este ejercicio a la población cuanto antes. No vamos a hacer una guerra de esto porque el año pasado fue muy difícil y se nos eliminaron 200 millones de las políticas activas de empleo cuando a tres meses de que finalizara el ejercicio.