La revisión de contratos de obra pública en Andalucía costaría más de 300 millones de euros

Así, los ayuntamientos son los mayores licitadores de obra pública en Andalucía, con un total de 1.020 millones de euros en 2021. Le sigue la Junta de Andalucía, con 988 millones, y el Gobierno central, con 545 millones de euros. Las diputaciones adjudicaron el pasado año obras por 163 millones y las universidades por 64 millones de euros.

El decreto nacional de revisión de contratos es aplicable a las obras adjudicadas por la Administración central y en el mismo se estipulaba que las comunidades autónomas que lo deseen pueden adherirse al mismo. El Gobierno presidido por Juanma Moreno ha aprobado un decreto de revisión de contratos de obra pública en el que se adhiere al nacional, aunque añadiendo peticiones del sector de la construcción.

Así, el decreto de la Junta incluye la subida de todos los materiales (el decreto estatal sólo contempla cuatro), las obras licitadas aunque aún no se hayan adjudicado, los contratos para mantenimiento de carreteras, los contratos de menos de un año, facilita incluso el cambio de materiales en las obras e introduce la supresión de penalizaciones por retraso, lo que es de suma importancia en obras financiadas con fondos europeos, sujetos a estrictos plazos de ejecución.

La Famp, presidida por el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, ha recomendado a sus ayuntamientos que se adhieran al decreto andaluz, que decaería de no aprobarse en el plazo de un mes en la Diputación Permanente del Parlamento. Por ahora, sólo el ayuntamiento malagueño lo ha hecho. Rodríguez Villalobos ha anunciado esta semana que los ayuntamientos están dispuestos a cofinanciar la subida de precios de los contratos de obras municipales si la Junta de Andalucía participa también. El también presidente de la Diputación de Sevilla dice que sólo las obras del Plan Contigo de Sevilla ascienden a 130 millones, por lo que una desviación de costes del 20% podría suponer para esa institución 26 millones de euros.

Fuentes de la Junta de Andalucía han declarado a ABC que la Administración autonómica financiará el alza de precios de sus obras públicas, pero no de los ayuntamientos y diputaciones. En este sentido, la Junta ha hecho ya una estimación de que la revisión de precios sólo en su consejería de Fomento, que podría alcanzar los 60 millones de euros teniendo en cuenta el alza de los materiales en 2021, pero no de 2022. A ello habría que sumar las obras de la Consejería de Medio Ambiente (depuradoras), Educación (colegios e institutos) o Salud y Familias (centros de salud, hospitales...), por lo que el sobrecoste para la Junta podría superar ampliamente los 200 millones de euros.

Un escollo que podría encontrar la aprobación del decreto andaluz es el informe que ha emitido la Asesoría Jurídica de la Junta de Andalucía manifestando sus dudas sobre la legalidad del mismo, al entender que podría invadir competencias estatales. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha anunciado este miércoles en el foro Gasco que el Gobierno andaluz prevé que la Diputación Permanente de la Diputación pueda convalidar el decreto andaluz, para lo cual necesitaría el apoyo de Vox.

El gerente de Gaesco, Juan Aguilera; el representante de Fadeco Constructores, así como la presidente del Ceacop (que agrupa a constructores e ingenierías de obra pública), Ana Chocano, han pedido al Parlamento que valide el decreto de la Junta de Andalucía para la revisión de estos contratos porque de lo contrario se paralizarán muchas obras, ya que los empresarios no podrían trabajar a pérdidas, lo que podría llevar al cierre de empresas y la destrucción de miles de empleos. El propio Rodríguez-Villalobos ha dicho este miércoles que «ya hay obras municipales paralizadas» y hay que evitar que suceda lo mismo con otras que están marcha, por el bien de las empresas y de las propias administraciones.