Ránking de despachos andaluces por facturación: Martínez Echevarría encabeza el escalafón

Martínez Echevarría acaba de abrir en Sevilla delegación en alianza con Abbantia Abogados. Para la firma, la delegación de Sevilla es una «inversión estratégica para estar presente en zonas de crecimiento económico», complementando así su red actual y consolidando su liderazgo andaluz en cuanto a facturación y presencia.

El segundo puesto en el escalafón de bufetes andaluces por ingresos es Montero Aramburu, que en 2018 facturó un total de 15,7 millones de euros, un 9,8% más que el año anterior. En el bufete trabajan 234 personas, 165 de ellos abogados. Tiene carácter nacional, ya que cuenta con oficinas en las islas Canarias, Andalucía y Madrid. Está dirigido por el sevillano E nrique Montero Gómez y y Armando Fernández-Aramburu, sobrino e hijo de los cofundadores, respectivamente.

Montero Aramburu ha dejado de ser un despacho tradicional para convertirse en los últimos años en un bufete multidisciplinar, ya que aborda asuntos relacionados con trece disciplinas. En el tema penal ha llevado casos de enorme relevancia nacional, como el de Marta del Castillo y el Caso Betis.

La única de las «Big Four» que ha ofrecido datos desagregados de su facturación por comunidades es KPGM, firma de auditoría y consultoría que ha informado que en Andalucía ingresa 6 millones de euros y tiene 60 empleados. La empresa, que cuenta con dos oficinas en Málaga y Sevilla, ha hecho el pasado año 20 contrataciones.

En el pódium de despachos andaluces por volumen de facturación ocupa el tercer puesto Cremades Calvo-Sotelo. La firma, que tiene en la región unos 80 empleados, registra una facturación global en sus tres oficinas de Andalucía de 11,8 millones de euros, de los que 9,3 corresponden a Málaga y el resto corresponde a Sevilla, Marbella y Granada. Desde la oficina de Sevilla, su socio director, Francisco Fernández cubre Córdoba, Cádiz y Extremadura. «La oficina de Málaga tiene especialización en sectores regulados y Derecho Fiscal, fruto de la compra que se hizo de un despacho inglés con unos 80 abogados. La oficina de Sevilla abrió en 2018 y está especializada en Derecho empresarial, con incidencia en de las nuevas tecnologías, y consultoría en innovación. La rama más potente también es la del sector público», explica Francisco Fernández, socio director de Cremades Calvo-Sotelo en Sevilla.

. Está especializado en Urbanismo, Medio Ambiente y Derecho de aguas. Creado en 1953, el bufete tiene cuatro oficinas repartidas en Málaga, Madrid, Marbella y Torre del Mar, indica Joaquín Pérez-Muñoz, gerente de la firma.

En enero de 2019 inició su andadura un nuevo bufete de abogados multidisciplinar en Andalucía resultado de la unión de numerosos profesionales que provenían de conocidos despachos. Se trata de Zurbarán Abogados, con 36 profesional, que tiene ámbito nacional al contar con sedes en Sevilla, Madrid y Zaragoza . Prevé cerrar 2019 con unos ingresos superiores a los 5 millones de euros. Cubre todas las especialidades menos Penal común, aunque sí Penal Económico.

El éxito del bufete le ha llevado a ampliar 400 metros de oficinas en Sevilla, sumados a los 1.300 que ya tenía operativos, y está analizando la ampliación de las instalaciones de Madrid. En esta fase de lanzamiento ha fichado para la labores de gerencia administrativa a Alejandro García, anterior gerente del prestigioso despacho Uría-Menéndez.

Otro de los principales bufetes andaluces es Hispacolex, fundado por su actual director, Javier López y García de la Serrana, un referente en España en el área mercantil de Responsabilidad Civil y Derecho de Seguros. El despacho, que factura 3,2 millones de euros, nació en Granada en 1990 como bufete generalista , aunque con el tiempo fue diversificando servicios. En 2005 abrió sedes en Jaén y en 2009 en Málaga. Tiene 52 empleados, de los que 40 son abogados y 27 son socios, según Elena Nogueras Ocaña, adjunto a la gerencia del bufete.

MA Abogados, el despacho fundado por los exministros de Justicia José María Michavila y Ángel Acebes, alcanzó en 2018 una cifra de negocio en Andalucía de 3,10 millones de euros, un 15% más que el año anterior. Cuenta con 30 abogados y tiene oficinas en Sevilla y Marbella, siendo su especializando en Fiscal, Mercantil, Administrativo, Procesal y Laboral, indica su socio director, Alberto Pérez-Solano. MA Abogados ha fichado a Jaime Yelamos para el área laboral y al abogado del Estado Guillermo Alcalá Besga.

Recientemente se han fusionado dos despachos de Málaga y Sevilla, Gaona y Rozados , que a su vez ha firmado un acuerdo de colaboración con Roca Junyet, una de las principales firmas legales españolas, abriendo así la puerta a una futura integración. La facturación en Andalucía sumada de Gaona Abogados y Rozados y Asociados es de 2,6 millones de euros. Tienen sede en Málaga, Sevilla y Madrid. Cuenta con 32 empleados, de los que 16 son socios, informa Noemí Juaní Ramón, directora ejecutiva de Gaona Abogados.

El bufete fundado por Ernest Sanguino y José María Rodríguez Díaz-Alfaro facturó en 2018 un total de 2,3 millones de euros. Cuenta con 40 empleados. Actualmente está especializado en productos como la implantación de la huella de carbono, el compliance y las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A), así como financiaciones alternativas.

Hace tres años que desembarcó en Sevilla el despacho Ontier, que ya tiene 30 empleados en la capital andaluza, donde facturó en 2018 un total de 1,5 millones de euros. Este año cerrará con unos ingresos en Andalucía de 2 millones de euros, explica Luis Miguel Martín Rubio, socio director de la oficina de Sevilla. El bufete, que tiene oficinas en Madrid, Santander, Oviedo y 14 países, fichó hace un año al catedrático de Derecho del Trabajo Eduardo González Biedma. Aunque es un despacho multidisciplinar, se ha especializado en temas de energía, moda, derecho inmobliario y compliace.

En Málaga nació hace cinco años la firma Carrera Abogados y Economistas con socios que procedían de Garrigues. Hoy el bufete tiene 25 empleados y factura 1,5 millones de euros, informa Federico Heras, socio del departamento Mercantil de ese bufete multidisciplinar, que tiene oficinas en Málaga, Granada y Marbella.

Otro de los grandes despachos andaluces es Silva Valdés Abogados, cuyo objeto social son los servicios jurídicos y el asesoramiento fiscal y financiero. Fruto de la fusión en 2012 de Silva Valdés y el despacho profesional de Pedro Montero Cobo, cuenta con 26 empleados, de los cuales 13 son abogados. En 2018 facturó 1,4 millones de euros, segú informa Rafael Silva, socio fundador´

Por su parte, Gallardo Abogados, cuyo socio director y fundador es José Joaquín Gallardo, con 40 años de ejercicio y 24 años decano de los abogados de Sevilla, factura un millón de euros. Fundado hace 35 años, esta firma legal está especializado en contencioso administrativo, así como propiedad intelectual.

Bores y Compañía, fundado en 1970 por Jesús Bores, tiene 18 profesionales y facturó en 2018 casi un millón de euros, algo menos que en 2017. Tiene oficina en Sevilla, aunque presta servicio en todo el territorio, estando especializado en Derecho Mercantil, Civil, Fiscal, Administrativo, Laboral y Penal, informa Gonzalo Bores Lazo.

Por su parte, Salas Abogados cuenta con 10 trabajadores, de los que son abogados. Este despacho, que tiene una fuerte vinculación con el mundo empresarial, facturó el pasado año 0,9 millones de euros. Se dedica, sobre todo, al Derecho Financiero y Tributario, Derecho Mercantil, Derecho Civil y Derecho Penal Económico.

Por su parte, el grupo Lener tiene en el territorio español seis oficinas, una de ellas en Sevilla, donde trabajan 9 personas. La sede de la capital andaluza abrió en 2012 y es única que tiene en Andalucía. La firma de abogados y economistas Lener facturó en Sevilla 0,8 millones de euros. «Somos una firma multidisciplinar. Las reestructuraciones, el M&A y la deuda son el corazón de nuestro negocio, que se ha especializado en los sectores de la minería, entretenimiento, agroalimentario, transporte y pesquero».

Fundado en 1991, el bufete Luis Romero Abogados tiene despachos en Sevilla y Madrid. Su facturación actual es de 0,78 millones de euros. Su especialidad es el Derecho Penal, Penal Económico y Penal Internacional. El único socio de este bufete, que tiene ocho empleados, es Luis Romero, doctor en Derecho Penal y director de la Clínica Legal Penal de la Universidad de Sevilla.