Proliferan los viveros ilegales de almendro en Andalucía

La «fiebre» por el cultivo de la almendra, a tenor de las altas cotizaciones que este fruto seco alcanza en el mercado ( hasta 8,30 euros/kilo para la variedad marcona, según informa Proalmendra con precios referidos por la lonja de Reus) ha obligado a muchos viveros a ofrecer listas de espera de hasta un año a los agricultores interesados en comprar plantas para producir un fruto seco cuya demanda mundial está creciendo y es, por ahora, superior a la oferta.

El incremento en la demanda de frutos secos ha provocado en España y en el campo andaluz un aumento muy significativo en la superficie de cultivo del almendro. De hecho, según apunta el gerente de la cooperativa andaluza Almendrera del Sur (Almensur), Juan Carlos Gallego, «en Andalucía la almendra crece a un ritmo de 5.000 hectáreas nuevas cada año ». Esto convierte a la comunidad andaluza en «la mayor productora de almendra de España, con el 30% de la producción y de la superficie nacional», asegura.

Las nuevas plantaciones de almendra funcionan «como un frutal más». Actualmente se siembran en regadío y van acompañadas de un desarrollo de variedades que convierten al almendro «en un cultivo muy distinto al tradicionalmente conocido». De hecho, según el gerente de Almensur, «antes la almendra era un cultivo de secano, con una media de 150 kilos de almendra grano por hectárea. Ahora, las plantaciones en regadío de Córdoba, Sevilla y Huelva alcanzan medias de entre 1.200 y 1.500 kilos por hectárea de almendra en grano. La diferencia es abismal».

Como consecuencia del aumento de la demanda de plantones de almendro han surgido en paralelo «viveros que ejercen su actividad de manera ilegal» , por lo que Asociaflor denuncia que «los efectos de dicha actividad ilegal son muy perniciosos no sólo por el evidente desarrollo de una economía sumergida que daña gravemente a un sector con un importante y consolidado papel económico y social en Andalucía, sino por los riesgos implícitos que conlleva comercializar una planta que carece de los controles fitosanitarios mínimos».

Al hilo de esta situación, la asociación andaluza de viveristas menciona que actualmente existe «una coyuntura de alto riesgo fitosanitario, con enfermedades y plagas como la Xylella fastidiosa que, de desarrollarse en Andalucía, supondrían un durísimo revés para el sector agrícola».

A ello hay que añadir, según Asociaflor, «el riesgo que puede conllevar para el agricultor que adquiera plantas en un vivero no registrado», cuya producción podría quedar al margen de la legalidad en los casos de variedades sujetas a protección, ya que «estos supuestos viveristas no están autorizados para la producción y mucho menos para la comercialización de plantas al no tener legalizada su actividad».

Así las cosas, el sector viverista ha interpuesto « más de 45 denuncias a viveros cuya actividad es sospechosa de ser ilegal y que están pendientes de resolución», para que «se tomen las medidas oportunas aplicando las sanciones que correspondan y requiriéndose a los interesados para su legalización o cierre», concluye la entidad.