Política fiscal: Un escudo de liquidez para las pymes andaluzas

El plan español de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya anuncia incrementos en materia de fiscalidad verde (nuevos impuestos sobre residuos, plásticos o diésel) y sobre todo la revisión de los beneficios fiscales (que actualmente ascienden a más de 60.000 millones debido a los tipos superreducidos de productos de primera necesidad en IVA o a las políticas sociales en IRPF).

Andalucía, en sus limitadas competencias referidas a la fiscalidad empresarial, ha aprobado una prudente reducción de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) que debe facilitar (de forma indirecta) el impulso de los mercados de la construcción y la promoción, así como la venta de vehículos, sectores tractores de nuestra economía. Un camino que empezó en 2019 y que no debería abandonar hasta igualar la fiscalidad de Madrid, la comunidad de régimen común que más atractivos tiene para atraer empresas y talento.

A pesar del esfuerzo de consolidación presupuestaria que España debe acometer, nos encontramos aún en una fase de la crisis que recomienda, ya no sólo mantener la liquidez de las empresas (con medidas de flexibilidad en materia de pagos o de aprovechamiento de créditos fiscales) sino también de generar estímulos , que deberían concentrarse de forma singular en los sectores más afectados y en aquellos que puedan incidir directamente en la recuperación. Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal y la OCDE recomiendan diseñar ya un plan a varios años, pero mantener, de momento, todas las ayudas posibles. La consolidación fiscal no va a ser una cuestión de dos o tres años, sino, previsiblemente, de dos o tres legislaturas. Y ahora es el momento de reactivar la economía con celeridad.

A diferencia de nuestros vecinos europeos, España es un país con un escaso colchón fiscal , que después de más de una década de ajustes ni siquiera nos ha permitido acabar con los números rojos. Cerramos 2019 con un déficit del 2,83%, más alto incluso que el de 2018, y 2020 con el 10,8%, posiblemente por nuestra escasa disciplina fiscal, más débil aún si cabe en los dos últimos años. Esto impide, a su vez, reducir la deuda pública , incrementada por el gasto extra provocado por el Covid. España cuenta con mucho menos margen fiscal que la generalidad de nuestros socios. Y eso se ha notado en la escasa ambición de las medidas para paliar la crisis y estimular la recuperación.

¿Es el momento de subir la presión fiscal? Es cierto que en nuestro país es varios puntos inferior a la de la UE. Estamos más cerca de los modelos liberales encabezados por EEUU o Irlanda que de modelos más sociales como Francia o los nórdicos, donde el mantenimiento del Estado exige más ingresos. Pero esto no puede ser alegado como mantra para una reforma fiscal que profundice en las distorsiones del actual sistema. Tenemos un impuesto sobre sociedades en la media europea y uno sobre la renta suficientemente progresivo; y frente a ello, nuestro IVA recoge muchas exenciones y tipos reducidos y la fiscalidad verde está en el vagón de cola europeo. El camino no es incrementar aún más una progresividad del IRPF (que ya es mayor que la de los admirados nórdicos), sino hacer lo imposible, con nuestras políticas públicas, por atraer talento y acercarnos a su renta per cápita , de la que nos separan casi 40 puntos (129% de Dinamarca o 128% de Holanda frente a 91 de España y el 74 de Andalucía), lo que requiere estimular el crecimiento.

En el caso del IVA, España deja de recaudar más de 20.000 millones por las exenciones y los tipos reducidos del 4 y del 10% creados para favorecer el consumo de productos de primera necesidad o de sectores esenciales.

La fiscalidad verde es hoy el foco tanto de las autoridades europeas como españolas, donde nuestra recaudación sería, en términos absolutos, 7.000 millones inferior a la media de la UE, y donde cada día vemos diferentes propuestas para gravar emisiones, residuos o vertidos, con el objetivo de internalizar costes ambientales, que deberían materializarse a un ritmo compatible con la actividad económica de los sectores afectados. Dicho ritmo se acelerará con la inyección de fondos europeos, dado que —junto con la transformación digital— la apuesta por una Europa neutra en carbono es un pilar de los programas que se financiarán con los mismos.

La solución no parece pasar por las políticas instadas por el actual Gobierno, sino por reformar, a medio plazo, nuestros impuestos indirectos y sobre todo por limitar, en ese mismo horizonte temporal, nuestro elevado gasto público (como tendremos que hacer para obtener la financiación del plan Next Generation EU y seguir financiándonos en los mercados a tipos razonables). Ya corto plazo necesitamos una fiscalidad que preserve la liquidez a las empresas para que éstas puedan atender sus obligaciones y no se produzca una ‘pandemia financiera’.

Un ejemplo sería aliviar la cuantía de los pagos fraccionados que las empresas anticipan de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a liquidar; la supresión del pago fraccionado mínimo calculado sobre resultado contable durante los períodos afectados por la crisis sanitaria; o facilitar el aplazamiento del pago de los tributos locales como han hecho algunos Ayuntamientos. También se pueden agilizar las devoluciones tributarias , una cuestión que es particularmente crítica en el IVA, donde cada año se solicitan cerca de 25.000 millones. Modificar la normativa sobre el ingreso del IVA de las facturas impagadas , para no mantener la obligación de que las pymes sigan financiando por cuenta del Estado cuotas que no van a cobrar. Es esencial que un apoyo específico a nuestro sector turístico, con bajadas de los impuestos locales que le afectan, como el IBI y el IAE.

Será necesario, además, garantizar la confianza de los consumidores de bienes duraderos con estímulos fiscales temporales que inviten a la compra de viviendas o automóviles durante el resto de 2021 y 2022. Para ello, serían recomendables, como ha hecho Andalucía, la reducción del ITP y AJD por parte de las Comunidades y del IVA en la adquisición de viviendas y locales de negocio.

Estamos ante un debate que marcará cómo será la recuperación de Andalucía y España. A corto plazo hay que preservar la liquidez y, a medio y largo, hacer una reforma fiscal que debe centrarse allí donde sí se presentan desequilibrios con respecto a Europa y tratando de no dañar la necesaria competitividad de nuestra economía.

Alberto García Valera es socio director de EY en Andalucía y miembro de Cesur