Next Generation UE: Ante el reto de transformar la economía en 5 años

El gasto eficiente de esta ingente cantidad de fondos requerirá la creación de nuevas estructuras dentro de la administración , ya que «contamos con cañerías cuya capacidad es de cinco litros por segundo y ahora van a pasar 35 litros», recuerda este experto, que alerta de que no es un buen presagio que España sea uno de los últimos países en ejecución de fondos. «Hay que cambiar el sistema de forma racional y transparente», incide.

Landabaso realizó estas reflexiones en un foro del Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, en el que se analizó cómo será la gobernanza del fondo. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España contempla la movilización de una inversión pública de 140.000 millones de euros (de los cuales 70.000 son ayudas a fondo perdido) que debe activar, a su vez, una inversión privada de 500.000 millones . Se centra en cuatro grandes líneas (la transición ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial ) y se estructura en torno a diez políticas «palanca o tractoras». Según los cálculos de S&P, un buen uso de este programa aumentará el PIB español hasta un 10,1% de aquí a 2026, pero en un escenario pesimista solo aceleraría su crecimiento un 2,9%.

¿Cómo se gestionarán las ayudas? Se han contemplado diversos instrumentos, desde la inversión directa del Estado, hasta la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos, subvenciones directas a empresas o la creación de consorcios público-privados. La «joya de la corona» del sistema es lo que se denominan Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs) , que unen al Gobierno con empresas privadas para acelerar inversiones con gran capacidad para transformar la economía española.

En este momento la gran incógnita es qué papel jugará Andalucía en la gobernanza del fondo. Las autonomías son esenciales en la ejecución y el control de los fondos, pero han sido marginadas de los centros que diseñan y escogen los proyecto. «El destino de los fondos los decide en solitario la Administración General del Estado y esto se refleja en los mecanismos de gobernanza con los que se articula este plan», según apuntan fuentes de la Junta de Andalucía.

¿Cómo se dirige el Plan? El principal órgano es la Comisión para la Recuperación y Resiliencia , formado exclusivamente por miembros del Gobierno, del que depende un comité técnico y una unidad de seguimiento. En tercera línea se ha creado una Conferencia Sectorial para coordinar y escuchar a las comunidades autónomas que depende de Hacienda , y que apenas se ha reunido en este tiempo.

¿Cómo pueden entonces las comunidades autónomas hacer llegar sus propuestas al Gobierno? Los ministerios convocan periódicamente lo que se denominan conferencias sectoriales, en los que los ministros se reúnen con los consejeros autonómicos para informar y coordinar políticas concretas (como ayudas para el coche eléctrico o rehabilitación de vivienda en el caso de la energía, mejoras en la red de transportes en Fomento o coordinación de políticas hospitalarias en el ámbito de la Salud). Es en estas conferencias sectoriales de cada uno de los ministerios donde las comunidades deben aportar sus proyectos. En general, comunidades como Andalucía, Galicia o Castilla y León denuncian que se está conociendo «a cuenta gotas» las líneas de inversión y las transferencias le corresponderían a cada uno.

Para perfilar un futuro programa de inversiones, la Junta remitió al Gobierno de España un listado con 150 proyectos públicos y privados que aspiran a movilizar, conjuntamente, más de 35.000 millones de euros de los futuros fondos europeos para la recuperación. Y a su vez, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) realizó una lista con más de 2.000 propuestas que sumaban otros 52.000 millones. Todas las comunidades autónomas han realizado sus propias estrategias para la canalización de estos recursos, aunque no se ha hecho de forma coordinada entre ellas ni con el Gobierno central, con lo cual estos planes solo pueden constituir, por el momento, un catálogo de buenas intenciones. Landabaso remarca que un plan de recuperación de estas características «no puede ser una colección de proyectos, sino que se requiere una visión compartida y estratégica en el que todos remen en la misma dirección». Y para ello, debe aprovecharse la experiencia acumulada en la gestión de fondos para activar partenariados públicos y privados; y conectar los proyectos tractores con los ‘clusters’ regionales y las pymes.

El cronómetro ya se ha puesto en marcha. Según el calendario establecido, el 70% de las subvenciones deben comprometerse en 2021 y 2022 , mientras que el 30% restante podrían concederse hasta 2026. ¿Qué se hecho hasta ahora? El Gobierno de España ha puesto en marcha las primeras iniciativas concretas, centradas en una línea de impulso para el autoconsumo eléctrico en edificios industriales, así como el sector servicios y sector público; otra de ayudas para la compra de coches eléctricos; y actuaciones energéticas en municipios de menos de 5.000 habitantes (las tres suman en total 825 millones). En puridad no se trata de actuaciones novedosas, sino de una sobrefinanciación de programas que ya existen desde hace años.

Otra parte del dinero que ya ha empezado a fluir es la de los denominados fondos REACT EU , que están orientados a «reforzar con partidas adicionales las políticas públicas básicas en un contexto de crisis, ya que son una red de seguridad para millones de ciudadanos», según la Junta. Deben destinarse «a financiar operaciones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto sufrido en ellos como consecuencia de la pandemia». Andalucía ha recibido 1.880 millones del total de 12.436 millones que le han correspondido a España. Con esta partida se ha adquirido la compra del campus de Palmas Altas para la futura Ciudad de la Justicia y 445 millones se están utilizando para el refuerzo de personal, la inversión en infraestructuras y equipamiento sanitario y 189 millones para inversiones en centros educativos y personal docente.

Pero las mayores partidas están aún por llegar. «El objetivo es transformar la economía y hacerla más resiliente, lo que significa realizar innovación y política industrial, sin el cual es imposible cumplir el Green Deal; reducir nuestros déficit de productividad con Europa, avanzar en digitalización e inteligencia artificial, o aprovechar oportunidades en construcción sostenible y energía», recuerda Landabaso.