Multa de un millón de euros a la mina Cobre Las Cruces por captar ilegalmente aguas subterráneas

«Dicho procedimiento conllevará un mínimo de indemnización de 535.078,71 euros, según la valoración de la propuesta de resolución de 19 de abril de 2021, por daños al Dominio Público Hidráulico (DPH) del acuífero Gerena-Posadas. Un acuífero que es estratégico para el consumo humano del área metropolitana de Sevilla y Aljarafe para épocas de sequía», según los denunciantes, que exige a la CHG que, «tal como exige la Ley de Aguas, invierta el dinero de las sanciones en mejoras y control del dominio público deteriorado».

El expediente se inició por denuncia de Ecologistas en Acción y, tras inspección de los servicios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha confirmado una detracción ilegal de aguas subterráneas de 1.783.595 metros cúbicos durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2016 y el 28 de mayo de 2018.

Cobre Las Cruces afirma que «se trata de un expediente administrativo del que ha sido informada hace meses». La empresa, que afirma haber recurrido la sanción, dice que «dentro del lógico respeto, no está conforme con la resolución y hace meses ya se presentó el recurso correspondiente».

Según la organización ecologista, «a esta sanción de un millón de euros se debe sumar la detracción ilegal de 625.000 metros cúbicos durante el periodo del 27 de febrero de 2014 al 11 de febrero de 2015, sancionado también por el Consejo de Ministros el 15 de julio de 2016 con una multa de 923.091,00 euros y una indemnización de 276.927,45 euros, confirmada por sentencia firme del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2018».

Asimismo, queda pendiente otra sanción por confirmar por el Consejo de Ministros con propuesta de multa de 1.000.000 de euros e indemnización de 496.882 euros por detracción ilegal de 1.403.624 metros cúbicos de aguas subterráneas en el periodo del 12 de febrero de 2015 al 1 de octubre de 2016. «Se trata de un periodo continuado de más de cuatro años de saqueo de aguas de dominio público», en palabras de Ecologistas en Acción.

El motivo de todas estas sanciones es el incumpliendo de las condiciones impuestas en la concesión de aguas públicas autorizada en 2004 y en la Resolución de 24 de octubre de 2013, que modificó las condiciones del Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) de aguas subterráneas. Ambas autorizaciones fueron otorgadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

«Todas las detracciones ilegales están provocadas por el mal funcionamiento del SDR , que no cumple con su obligación de reinyección del agua subterránea extraída. También por la gran cantidad de aguas contaminadas que se producen en el fondo de la corta minera, que tampoco pueden ser reinyectadas al acuífero y que fue la principal condición que se impuso a Cobre Las Cruces para obtener sus permisos mineros», ha indicado Ecologistas en Acción.

A juicio de los ecologistas, la nueva sanción confirma una vez más «el fraude de ley que lleva perpetrando Cobre Las Cruces desde el inicio de su actividad minera en 2005, con la connivencia de las administraciones. La condición imprescindible para autorizar la extracción minera a cielo abierto era que funcionara el novedoso sistema SDR, que nunca había sido implantado antes en ninguna mina del mundo. Es decir, que la empresa fuera capaz de reinyectar en el acuífero toda el agua que necesitaba extraer durante la explotación minera, sin contaminar el acuífero y sin que se produjeran pérdidas de agua».

La organización ecologista recuerda que «ya en 2008 la CHG tuvo que paralizar la mina al detectarse contaminación con arsénico del acuífero y detracción ilegal de aguas . Por estos hechos fueron condenados en septiembre de 2016 por sentencia firme de la Audiencia Provincial de Sevilla los tres máximos directivos de Cobre Las Cruces -consejero delegado, director de Mina y directora de Medio Ambiente- por delitos contra el medio ambiente y de daños continuados al Dominio Público Hidráulico (DPH), tras denuncia de Ecologistas en Acción y de la Fiscalía de Medio Ambiente. Ni la CHG ni las autoridades ambientales y mineras de la Junta de Andalucía se personaron entonces en ese juicio en defensa de la legalidad vigente en materia de aguas públicas».

Isidoro Albarreal, portavoz de Ecologistas en Acción, afirma que «desde que inició su actividad en 2005, Cobre Las Cruces ha detraído ilegalmente unos 15 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas, sin que las sentencias firmes de los tribunales, ni las administraciones que tienen la obligación de protección del acuífero, hayan conseguido hasta la fecha frenar esos daños. Por todo ello, la CHG no tiene otra opción legal que denegar la concesión de aguas subterráneas en tramitación para el nuevo proyecto PMR de minería subterránea».

Cobre Las Cruces niega la mayor y asegura que desde el inicio del proyecto minero ha realizado «un esfuerzo sin precedentes en el sector, tanto desde el punto de vista técnico como de inversión, para responder a las condiciones extraordinariamente exigentes relacionadas con la gestión de aguas del proyecto». Entre otras, destaca «el sistema de drenaje y reinyección junto a una planta de tratamiento de aguas que ha supuesto una inversión de 30 millones de euros y es una de las más innovadoras y de mayor capacidad de nuestro país, o el sistema de reutilizacion de aguas residuales procedentes de Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), para su uso en el proceso industrial. Junto a ello, otras innovaciones ambientales como el encapsulamiento en seco de los residuos mineros o la restauración ambiental progresiva de los terrenos».

La compañía minera asegura que su compromiso «es aplicar en cada caso las mejores técnicas disponibles. Para ello seguimos avanzando en el desarrollo de nuevas técnicas y la mejora de los procesos, en colaboración estrecha y transparente con las administraciones competentes».