El juez de Abengoa suspende la junta de accionistas que iba a destituir al actual consejo de administración

Abengoa pidió la suspensión cautelar de la junta por entender que las decisiones que se adoptaran «pudieran afectar también decisivamente el devenir inmediato de la entidad, e incidir negativamente en su situación patrimonial, dadas además las diferencias de futuro ya públicamente aireadas entre socios». Para ganar tiempo y evitar el cese inmediato del consejo, dado que los minoritarios controlan el 18% del capital social, la empresa pidió que la suspensión cautelar fuera «al menos» hasta que la administración concursal sea designada, haya aceptado su cargo y se encuentre a disposición de acudir a la junta.

Atendiendo a la petición del consejo de Abengoa, el magistrado ha suspendido la junta extraordinaria «hasta que pueda ser, en su caso, convocada y celebrada con asistencia y participación debida de la administración concursal» que sea elegida, ya que está declarado oficialmente su insolvencia y debe ser intervenida por uno o varios administradores concursales. Los minoritarios, agrupados en la sindicatura de accionitas AbengoaShares, que representan al 18% del capital social, han anunciado ya que recurirrán la decisión judicial.

Los acreedores de Abengoa tienen un mes para presentar al juzgado sus créditos. La matriz de la multinacional tiene una deuda con proveedores impagada desde 2015 por 153 millones de eur os. La declaración del concurso paraliza cualquier embargo que hubieran iniciado esos proveedores para cobrar la deuda.

El juzgado ha comunicado ya la declaración del concurso y la suspensión de la junta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), toda vez que Abengoa S.A. es una empresa cotizada, aunque su cotización fue suspendida el pasado mes de julio al no presentar las cuentas de 2019 -razón por la que se le ha abierto un expediente sancionador por infracción muy grave- y por estar en causa de disolución por tener un patrimonio neto negativo de 388 millones de euros.

Navarro Robles ha pedido a la CNMV, presidida por Rodrigo Buenaventura, el nombramiento de la administración concursal de Abengoa. En este caso, podría nombrar a uno o varios administradores, para lo cual ese órgano de control e inspección de los mercades de valores abrirá un proceso de selección entre los que se presenten porque CNMV no cuenta en su plantilla con administradores concursales. N, toda vez que lo ha sido ya del 90% de las empresas del grupo que están en concurso y la consultora conoce a fondo la situación de la multinacional. Además, el juez plantea que la Agencia Tributaria podría nombrar otro administrador.

La administración concursal velará por el trato paritario a los diversos acreedores y sus funciones serán de intervención, pero no de sustitución, de las facultades de administración de Abengoa. Los accionistas minoritarios, agrupados en la sindicatura Abengosahres, que representa el 18% del capital social de Abengoa S.A., habían solicitado la junta extraordinaria para la destitución del actual consejo y el nombramiento de uno nuevo.

La sindicatura presentó este jueves en la sede de la compañía, en Sevilla, 992 votos de accionistas que representan el 7,5% del capital social, y cuenta con otros mil votos delegados para el voto telemático, que representa otro 8%. «La junta está ganada de antemano -ha declarado Clemente Fernández- y por eso Abengoa ha querido suspenderla».

Antes de que el juez hubiera adoptado la decisión de suspender la junta, AbengoaShares ya anunció que si eso ocurriera «sería un escándalo mayúsculo porque sentaría un peligroso precedente en las cotizadas porque a partir de ahora se podría pensar que los minoritarios no pueden ganar ninguna votación en una junta».

Por ahora sólo se ha pedido el concurso de acreedores voluntario para la matriz de Abengoa, pero este procedimiento podría arrastrar al resto de filiales de la multinacional, hasta 325, incluida Abenewco1, la «reina de la corona» por concentrar todo el negocio y los activos del grupo.

El grupo de empresas de Abengoa tiene una deuda de 6.000 millones de euros y 13.500 empleados en todo el mundo, 2.500 de ellos en Andalucía. La tramitación de este concurso será de tal complejidad que los jueces mercantiles de Sevilla han solicitado un refuerzo para que Miguel Ángel Navarro se ocupe sólo de este procedimiento, dejándolo exento del reparto de otros asuntos. Si finalmente se declara el concurso de todo el grupo, sería el segundo mayor de la historia de España tras el de Martinsa Fadesa , que alcanzó los 7.000 millones de euros de pasivo financiero.