El Gobierno andaluz descarta un ERTE para los 1.600 empleados de las ITV cerradas por el coronavirus

Veiasa es de las pocas sociedades públicas andaluzas que, junto con Cetursa, arroja beneficios millonarios. En 2018, últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, su volumen de negocio llegó a los 117 millones de euros con las inspecciones obligatorias de vehículos, arrojando un beneficio neto de 16,3 millones en 2018. Ese año, Veiasa repartió 18 millones de euros en dividendos.

Con la declaración del estado de alarma, las ITV se han visto obligadas a cerrar desde el 16 de marzo. La Junta ha decidido que por ahora no hará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) entre esos empleados. La empresa destina todos los años 67,5 millones de euros al pago de sus 1.600 empleados, a razón de más de 4 millones de euros mensuales.

Veiasa es, a todas luces, una máquina de hacer dinero. Tanto, que el anterior Gobierno socialista la usó para inyectar 14 millones de euros en 2008 a Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Intervención General detectó que no se ajustaba a derecho ese convenio de cesión de dinero y Veiasa tuvo que reclamar judicialmente el dinero a CTA, siendo condenada ésta a devolver el dinero, aunque el asunto está ahora pendiente de un recurso presentado en el Supremo.

Como este martes adelantó este periódico, a partir de hoy jueves estará operativa la ITV de Peligros, en Granada, pero sólo para hacer test rápidos al personal más expuesto al coronavirus. En próximos días la Junta espera abrir, al menos, una ITV en el resto de las provincias andaluzas.

Las demás estaciones de ITV permanecerán cerradas mientras dure el decreto gubernamental, lo que ha creado inquietud entre los propietarios de vehículos que deben ser obligatoriamente inspeccionados, la mayor parte turismos particulares, pero también profesionales y ciclomotores.

Hasta el cierre de las instalaciones, el pasado día 16 de marzo, se han venido realizando una media de 14.230 inspecciones diarias en las ITV de Andalucía, a las que sumar otras 3.460 en segunda convocatoria al haber sido desfavorable la primera prueba, según confirman desde Veiasa. De esta cifra, 10.152 corresponden a turismos.

Esta misma fuente señala que actualmente se estudia cómo reorganizar las citas que han quedado pendientes este mes de cierre «más las que deben pasar en los próximos». Así, se analiza cómo dar prioridad a las citas canceladas, permitiendo a estos usuarios poder elegir nueva fecha y hora, sin que ello suponga «un colapso en las estaciones ni un problema para el usuario», destacan estas mismas fuentes.

Asimismo se indica que se pondrán «los medios a nuestro alcance para que los que no tuvieran cita reservada antes del estado de alarma, pero que les haya caducado la inspección de sus vehículos o les venza próximamente, puedan solicitarla dentro del periodo de moratoria que se establezca por parte del Gobierno, con lo que se espera generar las menores molestias posibles y agilizar a su vez el servicio».

Para coordinar una acción conjunta en todo el país, se han celebrado ya dos reuniones telemáticas en los que los responsables de las ITV de las respectivas autonomías han expuesto al Ministerio de Industria los problemas derivados del cierre: más demoras en las ya congestionadas citas previas, teniendo en cuenta además que España tiene un parque móvil muy envejecido y cuya media supera los 12,3 años de antigüedad. Por el momento no se ha tomado ninguna medida concreta y las ITV seguirán inoperativas.