La Fiscalía de Sevilla ve indicios en la refinanciación de Abengoa de 2016

Un accionista minoritario de Abengoa denunció ante la Fiscalía de Vigo, contra los miembros del consejo de administración de Abengoa fruto de la primera reestructuración económica de la mercantil en noviembre de 2015, presidido por Gonzalo Urquijo Fernández e integrado por Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor, Pilar Cavero y Josep Piqué Camps, así como contra el sucesor del primero, Juan Pablo López-Bravo. Como los hechos denunciados no ocurrieron en el territorio correspondiente a la Fiscalía de Vigo, se remitió el asunto a Sevilla.

«La denuncia, groso modo, viene a poner de manifiesto una serie de acuerdos y decisiones adoptadas por el mencionado consejo de administración tras la primera reestructuración económica, tendentes a vaciar de valor económico la empresa administrada en pro de los accionistas mayoritarios y a su vez acreedores (sobre todo entidades financieras, que fueron las que determinaron el nombramiento de los denunciados como miembros del referido consejo) y en perjuicio de los accionistas minoritarios y de la propia mercantil, dado que se vendieron activos más valiosos de la empresa por un precio bastante inferior de mercado y se adoptaron otras decisiones que de forma dolosa agravaron la situación de insolvencia de la compañía, siempre tendentes a beneficiar a los acreedores financieros de la empresa», indica la Fiscalía de Sevilla.

El Ministerio Público agrega que el denunciante indica que «se ocultó y tergiversó ante el mercado la situación económica real de la compañía y se empleó dicha información para vender las acciones de la misma a un valor más alto del real, logrando de dicho modo los acreedores bancarios y fondos de inversión accionistas mayoritarios un beneficio de hasta 200 millones de euros en Bolsa en perjuicio de los accionistas minoritarios».

Ante ello, la Fiscalía de Sevilla aprecia presuntos delitos de administración desleal, delito contra el mercado, un posible delito societario y un eventual delito de estafa, siendo recibida además una denuncia adicional más de otro accionista minoritario acerca de «los mismos hechos».

Dado que el Juzgado de Instrucción número ocho de Sevilla ya indaga una denuncia inicial de la entidad Inversión Corporativa, presidida por Felipe Benjumea, quien presidió Abengoa entre 1991 y septiembre de 2015, accediendo posteriormente Gonzalo Urquijo a la Presidencia de la entidad, sobre «los mismos hechos» contra Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz e integrado por Manuel Castro Aladro, José Luis del Valle Doblado, José Wahnon Levy, Ramón Sotomayor Jáuregui, Pilar Cavero Mestre y Josep Piqué Camps, por «acuerdos presuntamente lesivos y que perjudicaban a los accionistas minoritarios y a la propia administrada y beneficiaban directamente los intereses particulares de las entidades financieras acreedoras de la mercantil», la Fiscalía solicita «la acumulación» de estas denuncias a las citadas diligencias iniciales, pues aprecia «conexidad subjetiva».

Para la Fiscalía, hay «indicios suficientes» de los posibles delitos ya citados por parte de los miembros del consejo de administración denunciados, «por los acuerdos adoptados tras la primera reestructuración, presuntamente lesivos de los intereses económicos de los accionistas minoritarios y de la propia compañía y que, dolosamente, beneficiaron a los acreedores financieros de la misma, junto con la despatrimonialización de la compañía orquestada por los denunciados, así como por la ocultación y tergiversación ante el mercado de la situación real de la compañía y del uso de dicha información para vender las acciones a un precio más alto del real, logrando de dicho modo los acreedores bancarios y fondos de inversión accionistas mayoritarios un beneficio de hasta 200 millones de euros en bolsa en perjuicio de los accionistas minoritarios».

Ello, después de que el pasado mes de abril, la sede central de Abengoa, en el centro tecnológico de Palmas Altas, fuese sometida a un registro por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del Juzgado Central número dos de la Audiencia Nacional. Las actuaciones judiciales del Juzgado Central número dos, según precisaban a Europa Press fuentes del caso, habrían comenzado en 2016, como consecuencia de una querella interpuesta ante la Audiencia Nacional tiempo antes, posiblemente en 2015, por un grupo de accionistas por presuntos delitos de estafa y falsedad documental cometido en la gestión.

Ante dicho registro, de notable proyección mediática, la actual dirección de la multinacional Abengoa indicaba que la causa estaba bajo secreto de sumario y que giraría en torno a «un procedimiento completamente ajeno a la actual administración» de la entidad, declarada en concurso voluntario de acreedores por el Juzgado de lo Mercantil número dos de Sevilla.