Corporación Tecnológica de Andalucía recurre ante el Supremo el pago de 14 millones a Veiasa

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, informó ayer en el Parlamento andaluz que un informe de la Intervención General de la Junta solicita la recuperación de ese dinero. Bravo, que respondía a una pregunta del diputado Antonio Ramírez de Arellano sobre la posible privatización de Veiasa y la no renovación de los contratos de 400 trabajadores, recordó que Veiasa firmó un convenio de colaboración con CTA «prescindiendo del procedimiento».

A raíz de que la Cámara de Cuentas detectara esa irregularidad, Veiasa reclamó el dinero a CTA, presidida actualmente por Adelaida de la Calle, exconsejera de Educación de la Junta con Susana Díaz y exrectora de la Universidad de Málaga . Al negarse la fundación a abonar el dinero a Veiasa, la empresa pública acudió a los s tribunales. La sentencia del juzgado de primera instancia absolvió a CTA pero Veiasa recurrió ante la Audiencia y ésta ordenó a la fundación reintegrar esa cantidad.

CTA asegura que el dinero no fue empleado en tapar agujeros de la fundación, sino que «ha sido destinado íntegramente a proyectos de I + D, como establecía el convenio de colaboración firmado con Veiasa». Esta fundación integrada por 165 empresas y cuyo objetivo es cooperar en el desarrollo científico, tecnológico y social de Andalucía, ha presentado recurso de casación ante el Supremo, por lo que considera que no está obligada a pagar «por ahora».

En sus cuentas de 2018, CTA no provisionó los 14 millones aunque hay una sentencia que le obliga a pagarlos a Veiasa . La auditora Deloitte concluyó que las cuentas de CTA reflejaban la imagen fiel de su patrimonio, aunque destacando que «la fundación se encuentra inmersa en distintos procedimientos judiciales, siendo alguno de ellos por importe relevante. A su juicio, «la presidenta de la fundación debe evaluar si se trata de contingencias o por el contrario debería registrarse una provisión total o parcial asociada a los mismos».

Los asesores de CTA no consideran probable que la fundación tenga un «menoscabo grave en su resultado por este litigio ». Asimismo, creen que «existen fundamentos para que el Supremo estime su recurso de infracción procesal interpuesto para que revoque la sentencia de la Audiencia». Por otra parte, CTA asegura que el hipotético pago de los 14 millones no pone en peligro su viabilidad al detraer fondos propios.