Condenado el exdirector de Minas de Riotinto a 15 meses de cárcel por apropiación indebida

En principio, la Fiscalía pedía dos años por un delito societario o tres por apropiación indebida para Estévez, L.A.B. y L.A.F., este último declarado en rebeldía, así como una multa de 665.718,91 euros y una indemnización por la misma cantidad para la compañía y su filial española, Emed Tartessus.

En virtud del acuerdo, la fiscal ha retirado el delito societario y ha estimado la atenuante muy cualificada de dilación indebida, mientras que la acusación particular ejercida por Emed ha renunciado a la responsabilidad civil.

De este modo, Estévez y el otro acusado han sido condenados a quince meses de cárcel, cuatro meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y el pago de las costas del abogado de Emed, mientras que L.A.F. no ha comparecido.

La Fiscalía también se ha mostrado favorable a que la ejecución de las condenas sea suspendida durante tres años, de modo que los encausados no entrarán en prisión por estos hechos siempre que no cometan ningún delito en ese tiempo y abonen la multa y los honorarios del letrado de la acusación.

Emed y su filial adquirieron el 100 % del Proyecto Riotinto en octubre de 2008 y explotaron la mina bajo la denominación de Atalaya Mining hasta que el Tribunal Supremo anuló la autorización ambiental en abril de 2019. Estévez era el administrador de Inmoinversión Eurogroup (IEG) y nombró a L.A.F. y L.A.B. administradores mancomunados de Mantesur Andévalo (MSA), participada por IEG en un 99 % de su capital social.

Según la Fiscalía, los acusados «acordaron apoderarse de parte de los fondos» con que Emed pensaba financiar su participación en la mina onubense. Ese dinero se debía destinar «exclusivamente» al mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones pertenecientes a una sociedad participada al 51 % por Emed Tartessus y al 49% por MSA para controlar el proyecto.

Los acusados, en cambio, dedicaron 251.608,95 euros a «simular pagos de prestaciones y gastos» del proyecto pero que en realidad eran «gastos y deudas exclusivas de MSA o sus administradores», sobre todo con «despachos de abogados» a los que contrataron para impugnar acuerdos sociales y acceder al gobierno de MSA.

A esa cantidad hay que sumar otros 404.141,01 euros de facturas de 2005 que el consejo de MSA «se negó a abonar» porque «no respondían a servicios realizados» pero que los acusados pagaron con fondos de Emed «al acceder a la administración» de la sociedad.

En dos sentencias del 27 de noviembre de 2007 y 8 de febrero de 2008, la Audiencia revocó la impugnación de los acuerdos sociales de MSA, de modo que todos los encausados cesaron en sus cargos en junio de 2008.

Este juicio llegó a empezar el 13 de mayo de 2019, pero se suspendió cuando el tribunal supo que el principal testigo, el contable que elaboró el informe en el que aparecen los gastos objeto de la denuncia, no se había presentado.