Caso Aznalcóllar: El juez procesa por prevaricación al expresidente de la SEPI y a los dueños de Magtel

En el auto del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla en el que se acuerda el procedimiento abreviado de la causa, se incluye también como procesados a seis funcionarios de la Consejería de Industria y Minas de la Junta de Andalucía .

Entre los funcionarios procesados están M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta ; L. M. V, jefe del servicio de minas de la Dirección General de Industria; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta; P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta; y S. C. L., secretario general de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

La instructora sólo procesa a los miembros de la Mesa de Contratación y exculpa a seis funcionarios que formaron parte de la Comisión Técnica al no hallar indicios de delito.

La magistrada ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas, entre ellas Emerita, la otra empresa que optaba a la explotación de la mina, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que excepcionalmente pueda solicitarse la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular la acusación. La nueva fiscal Ascensión Ocaña ha pedido el archivo de la causa justo antes de que se haya dado a conocer este auto de apertura de procedimiento abreviado.

La denuncia se interpuso en 2015 por parte de Emerita Resources España por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal vinculados con el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Emerita denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso a Minorbis (grupo México) alegando que Minorbis es en realidad una filial de la entidad Magtel. En la causa están personadas como acusación popular la Federación Ecologistas en Acción y la empresa Andalucía Mining.

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla sobreseyó y archivo las diligencias en noviembre de 2015 , decisión contra la que se presentó un recurso que fue aceptado por la Audiencia de Sevilla en 2016. En cumplimiento de dicha resolución, se continuaron con las investigaciones, solicitando el juzgado informes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Además, pidió a la Junta de Andalucía la resolución en la que autorizó la explotación de la reserva a Minera Los Frailes, nuevo nombre que adoptó la concesionaria.

Asimismo, el juzgado solicitó el auxilio de la Intervención General del Estado para comprobar la validez de la normativa que regula el concurso, y se pide a la Guardia Civil que vuelque y estudie los correos electrónicos que se cruzaron los investigados en relación a la explotación de la mina de Aznalcóllar y que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

En junio de 2018, la juez instructora vuelve a archivar la causa y en septiembre de 2019 la Audiencia ordena de nuevo la reapertura de las actuaciones pidiendo. Es entonces cuando el juzgado pidió a la Guardia Civil otro informe sobre los cargos que tenían Vicente Fernández y los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación del concurso y los puestos que desempeñaron tras ese período. En 2020, la juez instructora rechazó la práctica de nuevas diligencias solicitadas por la acusación, descartando la existencia de indicios sobre delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes, exacciones ilegales y tráfico de influencia.

Durante la instrucción, la juez Patricia Franco rechazó la petición de Emerita de suspender de forma cautelar la concesión a Minera Los Frailes, que actualmente se ocupa de los pasivos medioambientales que suponen el mantenimiento de la mina y que supera los 40 millones de euros.