Caso Aznalcóllar: La Fiscalía se mantiene en su posición y pide el archivo de la causa

Esta decisión por parte del Ministerio Público llega diez días después de que la instructora, Patricia Fernández, dictara un auto en el que acordaba continuar las diligencias por los trámites de procedimiento abreviado, procesando por un presunto delito de prevaricación al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero , así como a los empresarios Mario e Isidro López Magdaleno y seis funcionarios con distintas responsabilidades en la Junta de Andalucía en aquel proceso.

En dicho auto, la juez daba traslado de su decisión al fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo común de diez días formularan escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobresimiento.

Y en este contexto, el Ministerio Fiscal ha cumplido su parte y ha presentado su escrito solicitando, tras el resultado de todas las diligencias practicadas por orden de la juez y la Audiencia de Sevilla, el archivo de la causa al no apreciar irregularidades penales en el concurso internacional de adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar, según han señalado a ABC de Sevilla fuentes de la Fiscalía.

Ésta no es la primera vez que el Ministerio Público expone a la instructora que no veo acción penal punible en estos hechos por parte de los actores implicados. La última fue a finales del año 2020, cuando en otro escrito pedía el sobreseimiento provisional. Quedará por ver que decisión adopta Emerita Resources España como Andalucía Mining y Ecologistas en Acción, las acusaciones este procedimiento.

La causa tiene su origen en la denuncia interpuesta en 2015 por Emerita , la empresa que optaba a la explotación de la mina junto con Minorbis, contra la decisión de la Junta de Andalucía de adjudicar a ésta en febrero de ese mismo año los derechos de explotación.

La denuncia apuntaba la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal durante la tramitación del expediente y adjudicación de la explotación a la entidad Minorbis-Grupo México, alegando que Minorbis es en realidad una filial de la entidad Magtel, cuyos dueños, los hermanos López Magdaleno, están procesados en esta causa. No obstante, la juez, durante la instrucción, limitó el objeto de la causa al delito de prevaricación .

Desde su apertura en 2015 esta causa se ha vista inmersa en las continúas decisiones contrapuestas entre la juez instructora y el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, integrado por la magistrada Mercedes Alaya .

El Juzgado, por primera vez, sobreseyó y archivo las diligencias en noviembre de 2015, decisión que fue recurrida por las acusaciones ante la Audiencia. En octubre de 2016 la Sección Séptima ordenaba a la instructora reabrir las diligencias y seguir investigando los hechos. Así, se solicitó informes a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir . Además, se pidió a la Junta de Andalucía la resolución en la que autorizó la explotación de la reserva a Minera Los Frailes, nuevo nombre que adoptó la concesionaria.

Asimismo, el juzgado solicitó el auxilio de la Intervención General del Estado para comprobar la validez de la normativa que regula el concurso; y a la Guardia Civil, el estudio de los correos electrónicos que se cruzaron los investigados en relación a la explotación de la mina de Aznalcóllar y que pudieran ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

Pese a todas estas nuevas pruebas, en marzo de 2019, la juez instructora vuelve a archivar la causa y en septiembre del mismo año, la Audiencia enmienda esta decisión tras estimar los recursos de las acusaciones y ordena de nuevo la reapertura de las actuaciones.

El juzgado, entonces, pidió a la Guardia Civil otro informe sobre los cargos que tenían Vicente Fernández y los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación del concurso y los puestos que desempeñaron tras ese período.

Finalmente, el pasado 8 de febrero dictó auto de procesamiento contra Vicente Fernández, los dueños de Magtel y seis cargos de la Junta de Andalucía en 2015: M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; L. M. V, jefe del servicio de minas de la Dirección General de Industria; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía; J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Publica de la Junta; P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta; y S. C. L., secretario general de medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

En el citado auto, la juez recuerda los pronunciamientos de la Audiencia en sendas ocasiones para reabrir la causa, donde apuntaba que «existen sólidos indicios de la presunta comisión de un delito de prevaricación en la resolución de la primera fase del concurso y la resolución de adjudicación derivado de la connivencia, desde el comienzo del concurso, entre determinados responsables de la Junta de Andalucía y la entidad Minorbis, en la persona de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, quienes prevaleciéndose de su relación personal con Vicente Fernández Guerrero, por entonces secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo.

Entre los empresarios y el que luego fue preidente de la SEPI, según la Audiencia, existía «un trato cercano y de confianza», y, presuntamente, impulsaron y favorecieron que Minorbis o Minorbis-Grupo México fuese la adjudicataria.

Presuntamente, según la Audiencia, tales hechos fueron propiciados « contando con la connivencia y colaboración de los intervinientes en la licitación y así, en concreto, los miembros de la Mesa de Contratación», que han sido procesado.

Pese a lo expuesto por la Audiencia de Sevilla y el procesamiento de la juez de instrucción, la Fiscalía insiste en pedir el archivo de la causa al no apreciar delito alguno en los hechos denunciados.