Abengoa pierde su batalla para recibir del Estado 1.200 millones por el hachazo a las renovables

La noticia supone un triunfo para la Abogacía del Estado y un duro varapalo para Abengoa, en situación de insolvencia . El área legal de Abengoa estudia ahora qué pasos dar ahora, entre los que figuran acudir a un tribunal europeo para plantear la nulidad del laudo arbitral, que en principio es de obligado cumplimiento. La multinacional había establecido que los 1.200 millones de euros que esperaba recibir eran una garantía para pagar a proveedores, según se estableció en el Plan Vellocino. Ahora tiene que analizar cómo afecta el laudo al concurso y a su plan de refinanciación de la compañía.

Abengoa interpuso un arbitraje internacional para reclamar al reino de España 1.188 millones de euros en concepto de indemnización por el recorte que el Gobierno del PP aplicó a las prima de las renovables en 2012. Este arbitraje internacional se realiza en La Haya (Holanda), siguiendo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, cuyo laudo es de obligado cumplimiento.

Asesorada por el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Abengoa interpuso este arbitraje ante la Cámara de Comercio de Estocolmo a través de su sociedad CSP Equity Investment. Ahora, al inadmitirse la petición, el Instituto de Arbitraje estipula que Abengoa tendrá que pagar casi un millón de euros por los costas del arbitraje, así como a abonar al Reino de España los costes procesales, en torno al 75% de 6,7 millones de euros, es decir, unos 5 millones de euros. Por lo tanto, la multinacional sevillana no sólo no recibirá los 1.200 millones de euros que esperaba, sino que tendrá que desembolsar más de 6 millones.

CSP Equity reclamaba una indemnización por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía , al que se acogió nuestro país en 1994 y que permite a fondos y multinacionales reclamar compensaciones a los estados que vulneran sus expectativas legítimas a la hora de invertir.

Los reveses judiciales que España ha recibido a cuenta del recorte de las primas de las renovables llevó al Ejecutivo central a intentar zanjar esos litigios aprobando en 2019 un decreto que incrementaba la retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el período 2020-2025. Sin embargo, para poder acogerse a esas rentabilidades había que renunciar a los procedimientos arbitrales, algo que hicieron algunos fondos de inversión. Tampoco podía aplicarse esa remuneración cuando ya existía el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo. Abengoa rechazó la posibilidad de acogerse al plan lanzado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera , y mantuvo su batalla legal por la rebaja de las primas.

El consejo de administración de Abenewco1, filial que concentra el negocio y activos de la multinacional , anunció al comité de empresa de la compañía que preveía que el laudo arbitral le fuera favorable, aunque por una cantidad inferior a los más de mil millones de euros que había reclamado. De hecho, las previsiones de la empresa era recibir el 40% de lo reclamado. En ese caso, lo recibido, en torno a 480 millones, iría a proveedores comerciales, según el acuerdo Vellocino, que en agosto de 2020 aprobó Abengoa como tercer rescate financiero, ya que incluía préstamos bancarios, avales públicos, conversión de deuda en acciones y condonaciones de parte de la deuda. Fuentes de la compañía indicaron que sólo si se aceptaba la reclamación de los 1.200 millones de euros algo iría a parar a la propia compañía tras pagar a los proveedores.

Se da la circunstancia de que al mismo tiempo que reclamaba 1.200 millones de euros al reino de España, Abengoa está solicitando, a través de su filial Abenewco1, ayudas al Estado español por 500 millones de euros (SEPE, ICO y Cesce), a las que dijo que no pensaba renunciar aunque fuera rescatada con dinero público. La pretensión de Abengoa es usar el dinero de la SEPI para pagar al ICO.

«Si ganamos el laudo en la Cámara de Estocolmo, queremos cobrarlo», han dicho fuentes de la compañía, que indican que «el Gobierno central ya sabe que los acreedores comerciales cobrarán de este laudo y de otros si los ganamos, razón por la que no podemos renunciar».