Blanco recuerda que hay muchos autónomos sufriendo cuando se habla fundamentalmente de Abengoa

En este sentido, la consejera ha insistido en que «no se ha cerrado la puerta» y el tema continúa «sobre la mesa» , por lo que desde los servicios jurídicos de la administración autonómica se sigue buscando una solución y los mecanismos legales que permitan apoyar a la empresa sevillana y a sus trabajadores en este complicado trance.

Para Blanco es fundamental «hacer las cosas bien» para no incurrir en los «errores del pasado» y ha recordado «la herencia» que arrastra Andalucía con situaciones similares cuando se actuó superando los márgenes normativos.

En este sentido, la consejera ha citado casos como Isofotón o los propios ERE en los que de 120.000 trabajadores afectados sólo se atendió a 14.000 y donde la administración autonómica, gestionada por el PSOE , facilitó ayudas importantes a empresas en situaciones críticas «discriminando» con ello a más de 114.000 trabajadores por lo que a día de hoy estos casos están en manos de la justicia.

Desde la Consejería de Empleo se ha incidido en el hecho de que actualmente en Andalucía hay muchas empresas y trabajadores autónomos que están pasando unas «dificultadas tremendas» e, incluso, cerrando, cuando se habla fundamentalmente de Abengoa.

Asimismo, Blanco ha destacado que el importe que la multinacional sevillana solicita a la Junta para su reestructuración no supone ni siquiera el 3 por ciento del montante total de lo que necesita por lo que «no se entiende que la operación se pueda llegar a caer por los 20 millones de euros» que la referida empresa pide a la administración andaluza.

En cuanto a las declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto -que hizo un llamamiento a la responsabilidad de la Junta para «no dejar caer» Abengoa-, la consejera ha manifestado su malestar con el proceder del Gobierno central, que en un principio instó a la Junta a encargarse de «las empresas pequeñas» y ahora les acusa de no estar haciendo lo suficiente.

Y a este respecto ha añadido que se ha solicitado al Ministerio que «avale la operación» porque «ellos si tienen los medios» y el marco jurídico y financiero adecuado para intervenir.