Los ayuntamientos andaluces piden a la Junta que cofinancie la subida de precios de obras municipales

Rodríguez Villalobos ha insistido que «desde la Famp existe una enorme preocupación» en cómo abordarán los ayuntamientos la subida de entre el 10 y el 20% de los materiales. «De hecho, las entidades locales son las mayores licitadoras de la comunidad autónoma», ha asegurado.

Según Ceacop, que agrupa a las constructoras e ingenierías dedicadas a la obra pública en Andalucía, sólo en 2021 los ayuntamientos y diputaciones andaluces han adjudicado obras por 1.184 millones de euros, por lo que una subida de precios como la planteada podría suponer un encarecimiento de las mismas de entre 118 y 236 millones de euros.

Ante la posible paralización de obras públicas en marcha licitadas por los ayuntamientos, la Famp ha mantenido reuniones con las patronales CES, Fadeco y Gaesco para ver cómo se encara este problema. «El sector nos trasmitió su preocupación por la posible parálisis de la obra pública y las consecuencias económicas y sociales que de ella se derivan», ha añadido.

Se ha referido el también presidente de la Diputación de Sevilla al decreto estatal para la revisión de contratos de obra pública y al aprobado el Martes Santo por el Consejo de Gobierno de Andalucía, que «va a posibilitar un impacto beneficioso para el sector y también para el conjunto de las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos».

El presidente de la Famp espera que, una vez disuelta la Cámara autonómica por adelanto electoral, la Diputación Permanente de Parlamento andaluz convalide ese decreto, que incluye la subida de todos los materiales (el decreto estatal sólo contempla cuatro), las obras licitadas aunque aún no se hayan adjudicado, los contratos para mantenimiento de carreteras, los contratos de menos de un año, facilita incluso el cambio de materiales en las obras e introduce la supresión de penalizaciones por retraso, lo que es de suma importancia en obras financiadas con fondos europeos, sujetos a estrictos plazos de ejecución.

«La convocatoria de elecciones complica la ratificación del decreto. Esperemos que la Diputación Permanente del Parlamento lo apruebe porque si no lo hace, la revisión de precios en los contratos de obra pública municipales será imposible», ha declarado Rodríguez Villalobos, quien ha añadido que «ya estamos viendo obras que se están paralizando».

El presidente de la Famp ha admitido en el foro Gaesco que si la Junta no resuelve este asunto, los ayuntamientos tendrán que asumir el problema, por lo que ha mostrado la disposición de estas administraciones a participar en la cofinanciación de la revisión de contratos si la Junta participa también. En este sentido, apuntó que sólo el Plan Contigo de la Diputación de Sevilla supone una inversión en obras públicas de 130 millones de euros , por lo que una subida de entre el 10 y el 20% podría suponer que oscilaría 13 y 26 millones de euros.

El decreto nacional de revisión de contratos es aplicable a las obras adjudicadas por la Administración central y en el mismo se estipulaba que las comunidades autónomas que lo deseen pueden adherirse al mismo. El Gobierno presidido por Juanma Moreno ha aprobado un decreto de revisión de contratos de obra pública en el que se adhiere al nacional, aunque añadiendo peticiones del sector de la construcción. El decreto andaluz indica que los ayuntamientos y diputaciones que quieran adherirse podrán hacerlo, pero hasta la fecha sólo el de Málaga lo ha hecho. La Famp ha recomendado a sus ayuntamientos que se adhieran al decreto andaluz, que decaería de no aprobarse en el plazo de un mes en la Diputación Permanente del Parlamento.

Un escollo que podría encontrar la aprobación del decreto andaluz es el informe que ha emitido la Asesoría Jurídica de la Junta de Andalucía manifestando sus dudas sobre la legalidad del mismo, al entender que podría invadir competencias estatales. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo , ha anunciado este miércoles en el foro Gasco que el Gobierno andaluz prevé que la Diputación Permanente de la Diputación pueda convalidar el decreto andaluz, para lo cual necesitaría el apoyo de Vox.