La Audiencia rechaza la suspensión cautelar del rescate de Abengoa que negoció Gonzalo Urquijo

Según los accionistas de la plataforma AbengoaShares, el citado acuerdo de reestructuración financiera acordado por la filial Abenewco1, inversores y acreedores incumplía la Ley de Sociedades de Capital porque fue aprobado sin el necesario consentimiento y autorización de la junta general de accionistas y por ser contrario al interés social. Por ello, más de 65 accionistas pidieron en el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla la suspensión cautelar de los efectos del acuerdo de reestructuración aprobado el 6 de agosto, absteniéndose los consejeros de llevar a cabo actos adicionales preparatorios y de ejecución del acuerdo de refinanciación.

AbengoaShares argumentó que sí hubo acuerdo del consejo de administración de Abengoa relativo a la suscripción de una operación de reestructuración , aludiendo así a los hechos relevantes que la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en mayo, junio, julio y agosto de 2020. Los accionistas, que protestaron por no poder tener acceso al literal del acuerdo impugnado, entendían que el comunicado a la CNMV del 6 agosto dejaba claro que es el consejo de administración el que adopta esos acuerdos con terceros bajo la denominación de «contrato de reestructuración».

Sin embargo, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Sevilla -conformada por Juan Márquez, Conrado Gallardo y Fernando Sanz- considera que la realidad es que el único acuerdo que adoptó el consejo de administración de Abengoa el 6 de agosto y que consta en el libro de actos se refería a una aprobación de una información financiera de principios de año. «Nada que ver, por tanto, con el supuesto acuerdo sobre suscripción de un contrato de reestructuración, cuya impugnación es el objeto de la demanda», indica la sentencia, que no obstante coincide con los accionistas en que la firma de un contrato de esta naturaleza es una decisión que ha de emanar del consejo de administración.

«No cabe duda de que hubo una cuerdo para la realización de la operación de financiación para superar la situación de desequilibrio patrimonial de la compañía. Pero ese acuerdo es anterior en el tiempo al 6 de agosto de 2020, día en el que se informa de la firma de un contrato de reestructuración, no de que se ha adoptado un acuerdo para firmarlo. Es obvio que si ese día se produjo la firma, el acuerdo hubo de adoptarse con anterioridad», subraya el auto de la Audiencia Provincia.

La resolución de la Audiencia sirve ahora más bien de poco, ya que el actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, anunció que había vencido el plazo de los acreedores para firmarlo. Ahora, el nuevo consejo de administración de Abengoa está negociando que incluye una ayuda de la SEPI de 249 millones, así como la entrada del fondo TerraMar Capital, que inyectaría 50 millones de euros para quedarse con el 70% del capital de Abenewco1 y prestaría 150 millones de euros a la compañía. Además, el plan cuenta también con créditos bancarios con aval del ICO y los avales del CESCE del plan Vellocino. El hecho de que TerraMar Capital sea una compañía estadounidense podría ser un hándicap para que la SEPI apruebe la ayuda de los 249 millones, ya que sería inyectar dinero público para que esta empresa estratégica deje ser española.