Andalucía devuelve a Madrid 376 millones de euros de ayudas a pymes por la falta de solicitudes

Un total de 52.807 autónomos y pymes se han beneficiado de estas ayudas de entre 3.000 y 200.000 euros , pero podrían haber sido más si hubieran estado mejor diseñadas, según la Consejería de Empleo, la patronal CEA y expertos consultados por ABC. Uno de cada tres euros de esas ayudas han ido a parar a autónomos. El viceconsejero andaluz de Empleo, Miguel Ángel García, subraya que «no es culpa de la Junta que no se haya agotado el fondo. Nosotros estábamos preparados para resolver solicitudes hasta agotar los 1.109 millones de euro».

García recuerda que «cuando el Ministerio de Asuntos Económicos aprobó el Real Decreto que regula esas ayudas, la Junta ya avisó de que con esas condiciones las ayudas no llegarían en tiempo y forma a quienes las necesitaban porque había que cumplir hasta 40 requisitos y 140 variables. «Todas las comunidades —dice— nos quejamos porque estaban en juego 7.000 millones de euros».

En un principio, el Gobierno central sólo permitía destinar ese dinero a facturas y deudas no pagadas entre el 30 de marzo de 2020 y el 30 de mayo de 2021, penalizando a quienes habían hecho un gran esfuerzo para seguir con sus negocios pagando sus facturas. «Además, se limitó mucho la posibilidad de acceder a esas ayudas al exigir que las pymes y autónomos hubiera sufrido una reducción del 30% de su negoci o a partir de marzo», según fuentes de la Junta.

La Junta recibió 90.367 solicitudes de ayudas en el formulario primero que habilitó para gestionar las ayudas. De ellas, 57.572 cumplían las condiciones. Otras 32.795 solicitudes fueron desestimadas principalmente porque se trataba de pymes y autónomos que no habían reducido un 30% sus ingresos o no estaban al corriente del pago a la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. En septiembre de 2021, el Gobierno central comprobó que la mayoría de las comunidades no habían podido agotar esas ayudas y flexibilizó las condiciones permitiendo destinar el dinero a gastos fijos, recibos, tasas municipales, costes salariales, cotizaciones sociales o cuotas de autónomos pagados.

«Para poder comprobar los 40 requisitos por el Gobierno creamos una oficina técnica con 150 personas y automatizamos todo el proceso para que los solicitantes apenas tuvieran que presentar documentos, salvo las facturas y deudas escaneadas. La Agencia Tributaria nos comunica si las empresas y pymes cumplen 19 de los 40 requisitos exigidos, y nosotros tenemos que comprobar el resto. Todo ello ha supuesto un elevado gasto para la Junta de Andalucía. Cuando cambiaron las condiciones, llamamos uno a uno a todos los solicitantes a los que antes se les había denegado la ayuda para informarles de los cambios y animarles a que pidieran las ayudas», cuenta García. Ese equipo seguirá operativo otros 15 meses para comprobar todas las solicitudes.

«En Andalucía hemos comprobado los 40 requisitos para aprobar las ayudas, por lo que habrá un bajo nivel de reintegros. No sabemos si las otras comunidades han hecho lo mismo. Y sólo hemos tardado 45 días en pagar la ayuda desde que Agencia Tributaria nos comunica que la empresa cumple 19 de los 40 requisitos y la resolución favorable», deja caer el viceconsejero, que lamenta que sólo a Canarias se le haya permitido otorgar ayudas de hasta 800.000 euros, «pudiendo agotar así los mil millones de euros que tenía».

Por su parte, Luis Fernández-Palacios, secretario general de la CEA, coincide con el viceconsejero de Empleo en que «las ayudas a la solvencia no tuvieron en cuenta las necesidades y situación de las compañías afectadas por el Covid, se exigieron requisitos muy restrictivos y después los fue flexibilizando a cuenta gotas, generando desinformación». A su juicio, «corremos el mismo riesgo con los fondos Next Generation, que han llegado a España pero no a las empresas. Sin embargo, sí están llegando a las empresas francesas e italianas, con lo que nos resta competitividad y supone una pérdida de oportunidades».

Francisco Tato, decano del Colegio de Economistas de Sevilla, declara que «la tramitación de las ayudas a la solvencia para pymes y autónomas por parte de la Junta ha sido extremadamente ágil. El problema ha sido que las ayudas han estado mal diseñadas desde en un principio». «Primero dijeron que con esas ayudas sólo se podían pagar facturas y deudas pendientes, castigando así a los cumplidores. Al principio tampoco se podía destinar ese dinero al pago de los créditos ICO que muchos autónomos y empresas habían pedido para pagar a proveedores. Después cambiaron y dijeron que sí, creando gran confusión».