Andalucía, a la cola en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural

Así, al cierre del año pasado, l a Junta de Andalucía tan sólo ha declarado un gasto de 290 millones de euros (el 11,8%) de los más de 2.448 millones programados para las políticas de desarrollo rural en este marco que acaba en el año 2020.

Este retardo no es nuevo, pues a fecha de junio de 2017, los pagos materializados alcanzaban sólo 171 millones de euros, «equivalentes a una ejecución del 7%» , pese a que «había un total de gasto público aprobado en operaciones para 2015-2017 de 1.280 millones de euros», razón por la que el representante de la Comisión Europea en el Comité de Seguimiento del PDR instó hace un año al Gobierno andaluz a agilizar la puesta en marcha y la ejecución de las distintas medidas previstas en el programa.

Asaja Andalucía no oculta su «preocupación» por este «bajo nivel de ejecución del programa» , sobretodo, «teniendo en cuenta que la media europea se sitúa en el 28,4%». En este sentido, el director general de la patronal agraria, Vicente Pérez, declara que «el ritmo no es bueno», y de seguir así, «se podría volver a repetir la pérdida de fondos destinados a acciones de desarrollo rural, pues en el marco anterior (2007-2013) se dejaron sin ejecutar 150 millones de euros de gasto público», o incluso que suceda que «Andalucía pierda fondos de desarrollo rural en favor de otras comunidades autónomas que han sido más diligentes a la hora de ejecutar sus programas».

A este respecto, añade que «los más perjudicados por este importante retraso que acumula la Junta de Andalucía son los agricultores y ganaderos andaluces, a los que les hace falta urgentemente la llegada de estas ayudas para mejorar la viabilidad de sus explotaciones».

La situación actual del PDR andaluz es «compleja y dispar», ya que «hay medidas como las forestales que no se han convocado ni se sabe cuándo se van a convocar; otras, como la relativa a modernización, están convocadas pero pendientes de resolución; y las hay también, como es el caso de las de fomento y divulgación, que están convocadas y resueltas, pero pendientes de liquidar a los beneficiarios», explica Vicente Pérez.

A principios de este mes de julio, La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha iniciado el pago de ayudas agroambientales (Medida 10) de la campaña 2017 para un total de 5.229 beneficiarios por un valor de 20,9 millones de euros.

Estos incentivos corresponden a las subvenciones dirigidas a los sistemas sostenibles de cultivos agroindustriales (algodón y remolacha, con 11,2 millones de euros para 3.212 agricultores), a la apicultura para la conservación de la biodiversidad (5,6 millones de euros para 994 apicultores), a los sistemas agrarios de especial interés para las poblaciones de aves de los arrozales andaluces (2,8 millones de euros para 786 agricultores) y para el mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción (1,3 millones de euros para 237 ganaderos).

Con este primer ingreso de la campaña 2017, e l montante de ayudas agroambientales abonadas hasta la fecha supera ya los 104 millones de euros , según apunta Agricultura, una cantidad repartida entre más de 18.200 productores andaluces.

No obstante, otras líneas de ayudas siguen «en el olvido», critica Asaja Andalucía. Es el caso, por ejemplo, de las ayudas forestales (Medida 8). Así, «la línea de prevención de incendios forestales, dotada con 14 millones de euros, no se ha convocado, al igual que el resto de operaciones dentro de las ayudas de gestión forestal sostenible, dotadas con 90 millones de euros».

El director de la patronal agraria hace hincapié en que «las labores de gestión y de limpieza diarias del monte son muy complejas , muy costosas y de vital importancia para evitar la propagación de los incendios forestales este verano», y subraya que Andalucía cuenta con 2.900.000 hectáreas de terreno forestal, «de las que el 74% es de gestión privada», denunciando que «el sector forestal está sufragando las labores de limpieza del monte de su propio bolsillo».

La línea de modernización en explotaciones agrarias (Medida 4), dotada con un presupuesto de 36 millones de euros, «se abrió la convocatoria en 2016 y a fecha actual no se conoce todavía la resolución» , denuncia Vicente Pérez. Igualmente, las acciones de transferencia de conocimientos e información (Medida 1), dotada con más de 59 millones de euros, «está pendiente de resolución la convocatoria de 2017 y de 2018 y queda pendiente la liquidación final de la convocatoria de 2016».

La tardanza administrativa es tal que, según Asaja Andalucía, «está acabando con la ilusión de los emprendedores agrícolas» , pues hay agricultores que accedieron a la convocatoria de modernización del ejercicio 2016 para hacer mejoras en sus explotaciones realizando un proyecto en el que «tanto la tecnología como el presupuesto con el que se cerró dicho proyecto en 2016 se ha quedado ya desfasado». Para Vicente Pérez, parte de la culpa de esta demora en la ejecución del PDR de Andalucía la tiene «la complejidad administrativa», por ello, insiste en la necesidad «de hacer más ágil la gestión de las medidas del Programa, una de las conclusiones más destacadas tras el análisis del anterior PDR 2007-2013».