Abengoa se juega en la Cámara de Estocolmo 1.200 millones por el recorte a las primas de las renovables

La vista de este arbitraje se produce cuando Abengoa está descabezada tras destituir su junta general a Gonzalo Urquijo como presidente y con un plan de rescate público y privado de más de 500 millones de euros pendiente del nombramiento del nuevo consejo de administración el 21 de diciembre .

Paradójicamente, Abengoa podría estar a punto de recibir 1.500 millones de euros cuando Urquijo negoció un rescate financiero -que vence el 6 de diciembre-, que incluye 300 millones de euros en avales del Cesce -dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- y 250 millones de euros en créditos avalados por el ICO. Además, Abengoa exige a la Junta que participe con 20 millones de euros , aunque el Gobierno de Juanma Moreno no encuentra instrumentos legales para darle esa ayuda financiera.

Actualmente hay más de 30 casos abiertos de demandas a España ante instancias arbitrales internacionales por el recorte de primas de hasta un 33% a las energías renovables, demandas en las que se reclamaban más de 8.000 millones de euros. Hasta ahora, el Reino de España ha recibido varios reveses en esos arbitrajes, siendo condenado a pagar casi mil millones de euros, lo que llevó al Gobierno central a intentar acabar con esos litigios aprobando en 2019 un decreto que incrementaba la retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el período 2020-2025.

Sin embargo, para poder acogerse a esas rentabilidades había que renunciar a los procedimientos arbitrales, algo que hicieron varios fondos de inversión. Tampoco podía aplicarse esa remuneración cuando ya existía el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo.

Abengoa rechazó la posibilidad de acogerse al plan lanzado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y mantuvo su batalla legal por la rebaja de las primas que aprobó el Gobierno del PP en 2012. En esta batalla legal se acogió al Tratado de la Carta de Energía, que firmó España en 1994 y que permite a fondos y multinacionales reclamar compensaciones a los estados que vulneran sus expectativas legítimas a la hora de invertir.

En base a ello , CSP EQuity Investment, filial luxemburguesa de Abengoa propietaria de varias plantas termosolares en España , a presentar una demanda de arbitraje al entender que el Gobierno de España rompió sus legítimas expectativas al recortar las primas a las renovables, algo que asimiló a una expropiación.

Aunque primero reclamó una cantidad como compensación por ese daño, A bengoa elevó finalmente su petición hasta los 1.500 millones de euros, que incluyen los intereses de demora desde 2013 . En 2019, tal era la necesidad de liquidez de Abengoa, que llegó a vender un derecho de cobro de 75 millones de euros de esa cantidad, aunque finalmente lo canceló porque esperaba haberse endeudado en 50 millones más pero finalmente no recibió autorización de sus acreedores.