Abengoa investiga si empleados de la compañía se llevaron miles de documentos

Los servicios de tecnología de la información (IT) de Abengoa investigan ahora si la documentación que se habrían bajado compromete el negocio de Abengoa, que está actualmente en una encrucijada, a la espera de que la SEPI le inyecte 249 millones de euros para superar la falta de liquidez.  

Además de la investigación interna llevada a cabo , la empresa ha decidido encargar a una firma especializada un informe con pruebas de esas descargas de información ('forensic') para poderlo presentar en potenciales procesos judiciales como pruebas válidas. Así pues, si las investigaciones identifican con toda claridad a las personas que se habrían descargado la información de Abengoa Agua y confirman que se trata de información 'sensible,' los servicios jurídicos de la multinacional estudiarían si denuncian los hechos ante los tribunales, indican las mismas fuentes.

La fuga de trabajadores de Abengoa Agua comenzó a raíz de que se declarara en febrero de 2021 el concurso de acreedores de la matriz. Hasta el momento, son 23 los directivos y empleados de Abengoa Agua que habrían dejado la compañía para ser fichados por Lantania, una empresa que está realizando una fuerte apuesta por el sector del agua, habiendo adquirido desde 2020 las unidades productivas de la empresa sevillana Soil Agua en España, Colombia, Marruecos y Sudáfrica, y de la compañía Deisa.

A preguntas de ABC, Lantania ha reconocido que ha fichado a una treintena de trabajadores de Abengoa y ha admitido que es consciente de que la multinacional sevillana ha pedido explicaciones sobre la presunta descarga de información a esos empleados, así como a otros que habrían recalado en otras empresas. «Ellos han dado las explicaciones oportunas, negando que estén usando información de Abengoa en nuestra empresa" , indican fuentes de Lantania, que subraya que "nuestro código ético prohíbe terminantemente usar información de fuera".

La investigación de Abengoa sobre la descarga de numerosa documentación de sus actividades es otro de los capítulos para olvidar que está viviendo la multinacional desde que anunciara en el verano de 2020 la firma de un acuerdo de reestructuración financiera. En abril de 2021 l a Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró su sede de Abengoa, en Palmas Altas, Sevilla, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. La Policía requirió a Abengoa contratos y financiación sobre 350 proyectos ejecutados por la multinacional, sobre todo de sus filiales Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía , para determinar si, como afirma en su querella la Plataforma de Afectados de Abengoa, la empresa maquilló su contabilidad entre 2014 a 2016, e incluso en años anteriores.

Por otra parte, la compañía espera como agua de mayo la ayuda de 249 millones de euros que solicitó a la SEPI. El rescate fue solicitado primero por la filial Abenewco1, que en 2019 estaba en situación de insolvencia, sin que haya formulado aún sus cuentas de 2020. Con posterioridad, se ha planteado que la solicitud de ayuda sea cursada por fi liales de Abenewco1, entre ellas Abengoa Agua, Abengoa Solar, Abengoa Energía, Inabensa, Abengoa Operaciones y Mantenimiento y Abener Energía.

Por otra parte, la oferta que el fondo estadounidense TerraMar Capital ha realizado por el 70% de Abenewco1 expira este jueves, 24 de febrero. La ayuda de TerraMar está condicionada a que la SEPI le inyecte 249 millones de euros. Su oferta vinculante, renovada el pasado 31 de diciembre, consiste en inyectar 140 millones en créditos y 60 millones para hacerse con el 70% del capital. En caso de que TerraMar no renueve su oferta vinculante, perdería el derecho a recibir 450.000 euros en caso de que se aceptara otra oferta.