Un salto de ambición para la obra pública en Andalucía

¿Cuál es la situación de partida? En 2024 el presupuesto ejecutado en obra pública superó los 3.360 millones de euros, tras crecer un 3%, lo que mantiene la senda alcista de los últimos tres años, y sitúa este importe en su nivel máximo desde 2009. Y las perspectivas para los próximos meses es positiva, ya que la licitación del pasado año (que perfila las inversiones que se realizarán en el futuro) ascendió a 3.876 millones de euros (tras crecer un 9,3%).

Este ciclo alcista, sin embargo, esconde incertidumbres. «El sector sigue soportando los efectos negativos de la subida de costes», según apunta Carlos López Navarrete, presidente del Circulo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Ingeniería y Obra Pública (Ceacop). En este momento la actividad asociada a la construcción es un 27% más cara que en 2020, debido a la subida de materiales críticos como el acero, el aluminio o el cemento.

Junto a ello, aunque crece la inversión global, los números siguen estando muy por debajo de los 4.300 millones de euros que se desembolsaron de media entre 2006 y 2009, y esta brecha se agranda si en la comparación tenemos en cuenta el impacto de la inflación. Y como telón de fondo, aunque en el ciclo inversor actual se mantiene una tendencia al alza, no existe un horizonte estable que garantice que se pueda mantener este impulso en el futuro.

«El esfuerzo económico que realizan las administraciones públicas está muy supeditado a la llegada de fondos europeos, la recaudación finalista –a través de figuras como el canon del agua– o las fórmulas de colaboración público-privada, pero necesitamos una política sostenida de inversión basada en la autofinanciación que aporte garantías a la continuidad de los proyectos», remarca López Navarrete.

Las distintas administraciones han reactivado proyectos esenciales en Andalucía… pero el horizonte de inversión no asegura que se puedan materializar en un plazo de tiempo cercano.

El Gobierno de España, por ejemplo, ha iniciado en este curso el estudio de viabilidad del Tren Litoral, pero su materialización real conllevaría un desembolso cercano a los 6.700 millones de euros (según el análisis realizado por la firma Idom para la patronal Seopan).

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Transporte están desarrollando la Línea 3 del Metro de Sevilla (que está movilizando casi 1.200 millones), pero culminar la red completa para la capital andaluza requiere otros 3.000 millones adicionales para el desarrollo de la línea 2 y 4.

El Corredor Mediterráneo –que conecta Francia con Barcelona y el resto del litoral español hasta Algeciras– encara ahora la conexión con Almería, pero debe avanzar notablemente para llegar hasta el Estrecho de Gibraltar y ayudar a la vertebración de Andalucía y su conexión con la UE. También ha comenzado el estudio técnico para conectar con Sevilla y Huelva con línea de AVE, aunque hasta 2030 no estaría previsto que se inicien las primeras obras.

«La inversión pública ha caído un 30% desde 2009, y en términos reales este porcentaje es muy superior», según alerta la patronal Seopan. Hay que dar un salto adelante con «mejor regulación, más financiación y fórmulas eficaces de colaboración público-privada, hasta alcanzar un modelo sostenible de financiación».

En el caso de las empresas pequeñas y medianas -que son la mayoría del sector en Andalucía- existen otras incertidumbres adicionales. Carlos López Navarrete denuncia que se siguen realizando adjudicaciones con bajas temerarias, lo que compromete la rentabilidad del negocio, y hay una preocupante escasez de mano de obra cualificada a todos los niveles.

Y junto a ello, está creciendo la «competencia desleal» por parte de empresas instrumentales del sector público. «El 10% de la inversión la gestionan Tragsa, Tragsatec, Amaya e Ineco, en algunos casos asumiendo proyectos para los que no están cualificados, por lo que después subcontratan a otras empresas».

En cualquier caso, todas las administraciones están elevando su esfuerzo en obra pública. De los 3.360 millones que se ejecutaron en 2024, el Gobierno central es el organismo más inversor (37% del total) tras mantener un volumen prácticamente idéntico al de 2023 con 1.356,8 millones. A continuación, la Junta acapara el 31% y los ayuntamientos un 25,3%, al sumar respectivamente 1.137,4 y 925,4 millones. El resto se reparte entre otros entes, especialmente las diputaciones provinciales (174,8 millones) y las universidades (39,2 millones).

Poniendo la lupa sobre los tres primeros organismos, destaca la subida registrada por el Ejecutivo autonómico, que ha elevado la inversión en un 17,5% superando por primera vez desde 2009 la barrera de los 1.000 millones, mientras que los ayuntamientos vuelven a reducir su partida económica, en esta ocasión en un 9%. De este modo, es el segundo ejercicio consecutivo que experimentan un retroceso después de que en 2022 rozasen récords históricos con 1.200 millones, coincidiendo con el año preelectoral.

Por otro lado, y aunque su aportación en valores absolutos es muy inferior a los organismos anteriores, es destacable que las diputaciones han aumentado su esfuerzo un 27% y las universidades el 19%.

En 2024, la clasificación provincial la lidera Sevilla con gran diferencia sobre el resto al atesorar un 36,4% de lo invertido en toda Andalucía, con 1.333,6 millones (gracias a la obra del metro). El podio lo completan Almería y Granada con 433,3 y 429,4 millones, respectivamente, mientras que Málaga cae desde el segundo puesto en 2023 hasta el cuarto, con 402,4 millones. A continuación, se sitúan Cádiz (332,2 millones); Jaén (279,8); Córdoba (239,7); y por último Huelva, que solo logró captar inversiones de obra pública por valor de 127,8 millones.