Los promotores privados entran de lleno en la construcción de vivienda asequible en Andalucía

Uno de los ejemplos es la nueva promoción de VPO de alquiler asequible de Sevilla Este que se levantará en una parcela de Emvisesa. Concretamente la que se encuentra situada junto a Fibes de más de 17.000 metros cuadrados y en la que caben 691 pisos. Detrás de este proyecto se encuentran el Ayuntamiento de Sevilla, propietario del terreno a través de la empresa municipal, y la compañía Lagoom Living, que promueve varios proyectos parecidos en Málaga.

Esta joven promotora ha buscado financiación de distintas fuentes, entre ellas el ICO, que le ha concedido un crédito de 59,3 millones de euros a través de los fondos de Recuperación (MRR) para el desarrollo del Distrito Universidad, donde se han proyectado 530 VPO. También tiene en marcha en la capital malagueña otra promoción de 292 pisos en el Distrito Zeta, actuaciones de regeneración y rehabilitación de su núcleo urbano, concretamente en el ámbito de las calles Lagunillas y Gigantes (con un total de 158 unidades) y, recientemente, ha sido adjudicataria de suelo para la promoción y futura explotación de 114 viviendas en Cortijo Merino.

Las líneas de ayuda como el Plan Vive, de gestión regional, también ha generado motivación en el sector, aunque lo que ha sido determinante es la flexibilidad de los requisitos para construir vivienda protegida de alquiler, como confirma Antonio Gil, director en Andalucía Occidental de Metrovacesa. El decreto de la Junta para el fomento de la VPO y el suelo residencial del pasado mes de febrero le ha dado la llave a esta promotora para ampliar la oferta asequible en Palmas Altas. La compañía tiene en proyecto otros 130 pisos adicionales para ubicarlos en los suelos destinados a servicios terciarios.

Antonio Gil lo considera «una oportunidad porque facilita esa opción sin necesidad de hacer cambios de PGOU ni largos trámites». «Esta es una de las medidas que se han puesto en marcha para facilitar la disponibilidad de suelo y le hemos visto mucha utilidad«, señala. El directivo aclara que »el decreto no permite un cambio automático de uso de las parcelas, estas siempre van a ser terciarias«, pero sí que se pueda construir vivienda protegida en las mismas y eso es ya un avance. En el caso de que ese proyecto no se ejecutara o si en un futuro el bloque se terminara derribando, la catalogación seguiría siendo terciaria, no pasaría a residencial.

El director territorial de Metrovacesa admite que su empresa no promovía VPO desde el anterior boom inmobiliario por los riesgos y dificultades que conlleva, pero en Palmas Altas ya se están haciendo varias promociones y esta nueva sobre la parcela terciaria que se empezará a construir hacia 2027.

Otras compañías que han entrado en el negocio de la vivienda protegida o de precio controlado son Gilmar y Grupo Q, que han puesto en el mercado pisos desde 144.000 euros (sin IVA) en municipios del Aljarafe. También lo ha hecho Vympica, una consultora inmobiliaria que tiene carácter de fundación social y que lleva varios años promoviendo vivienda protegida en Andalucía. Su entrada en el mercado sevillano fue con dos bloques residenciales en Mairena del Aljarafe y ahora está rematando la construcción de otros dos en Palmas Altas.

Incluso firmas especializadas en el segmento del alto nivel o el lujo estudian la situación como es el caso de Grupo ABU. Su CEO, Rosa Villaseca, confirmó en una entrevista con ABC que lo están analizando, aunque «todavía creo que es muy complicado». Los márgenes de beneficio son mínimos e incluso se puede incurrir en pérdidas a la hora de afrontar un proyecto de este tipo.

En las mismas que está Insur, la promotora sevillana que ha cumplido este año su 80 aniversario. Su presidente, Ricardo Pumar, recuerda que se han reducido mucho los márgenes para ofrecer una oferta asequible en algunas ubicaciones. Ese será el caso de la promoción que están tramitando en los antiguos terrenos de Hytasa, pero de momento no serán VPO, como señaló en otra entrevista con este medio.

Para los ayuntamientos de las ciudades con mayor saturación como Sevilla y Málaga, la entrada de la iniciativa privada en la construcción de vivienda protegida resulta fundamental. El alcalde sevillano, José Luis Sanz, apela constantemente a la colaboración público-privada y en su plan de actuaciones 2024/2026 calcula que esa fórmula moverá una inversión de más de 329 millones de euros, de los que la aportación municipal se eleva a 150 millones. "En este mandato Pasamos de 4.600 viviendas protegidas a 5.454. De estas viviendas, 2.200 son de Emvisesa, de las cuales 221 están entregadas, 1.290 siguen en construcción y 689 se han adjudicado. El 100% de nuestro compromiso está entregado, en construcción o pendiente de adjudicar", señala el regidor .

Por su lado, el regidor malagueño, Francisco de la Torre, con más dificultades para liberar suelo residencial en su término municipal, ha puesto sobre la mesa nuevos modelos como pisos de dimensiones reducidas para los hogares de una o dos personas, cada vez más habituales, y un plan para levantar alrededor de 9.000 VPO hasta 2027 de las que ya están promovidas 3.500