La PAC de Planas trasvasa fondos a otras regiones y recorta 500 millones a Andalucía

Ha sido, precisamente, cuando los primeros agricultores y ganaderos andaluces han ido recibiendo los anticipos (que en esta campaña pueden alcanzar el 70% de las ayudas directas), cuando se ha confirmado lo que las organizaciones agrarias llevan denunciando meses: la nueva PAC ha traído un «varapalo económico» a la agricultura andaluza en un año que ya está siendo especialmente complicado por la sequía.

En concreto, los productores que ya están percibiendo dichos anticipos están constatando unos importes de entre un 20 y un 40% menos de lo que cobraban en el anterior marco de la PAC. En total, según datos de Asaja Andalucía, se elevan hasta los 500 millones de euros las pérdidas que ya están sufriendo los agricultores andaluces y que se prolongarán durante todo el periodo 2023-27.

«El Plan Estratégico de la PAC (que articula su funcionamiento a nivel nacional) orquestado por el ministro Planas castiga a los agricultores y ganaderos de la región, con un recorte drástico y arbitrario de las ayudas», insisten desde la organización agraria.

Y es que, durante los tres últimos años, tanto Asaja como el resto de las organizaciones agrarias, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, han venido denunciando que el Plan Estratégico «castiga» a Andalucía, principal región agrícola, con un 33% de los perceptores de la PAC y un 36% de la renta agraria nacional.

Bajo las directrices de un Plan Estratégico configurado «sin consenso» y «a espaldas del campo», el sector, con el apoyo de la Junta de Andalucía, ha denunciado sin descanso que se produce un trasvase de las ayudas PAC que hasta ahora recibía la región andaluza a otras comunidades sin tanta extensión agrícola, ni capacidad productiva: Castilla- La Mancha, Aragón y Cataluña son las principales regiones que han salido «ganando» en el reparto realizado por el departamento que dirige el ministro de Agricultura, ahora en funciones, Luis Planas.

«No es casualidad que, precisamente, sean zonas que interesaban al PSOE las más beneficiadas», afirman desde el sector. En total, España maneja 47.724 millones de euros para la PAC 2023-27. Unos fondos que, en una de sus últimas visitas a Andalucía, Planas calificó como «mejor repartidos» en la nueva PAC.

La organización agraria Asaja Sevilla ha llevado al Tribunal Supremo  este recorte de las ayudas para el campo andaluz, y esperan que se haga «justicia» y se recorte el «despropósito perpetrado por Planas».

Desde el campo insisten en que el diseño del Plan Estratégico español es «caprichoso» y «arbitrario», y conseguirá debilitar las zonas con mayor potencial agrario con la nueva estructura de regiones y los ecorregímenes, medidas de carácter medioambiental que «complementan» la ayuda básica. Este es, precisamente, uno de los puntos más polémicos, pues no tiene en cuenta factores como la estructura del suelo o las explotaciones. «No tiene sentido en los requisitos se tenga en cuenta un solo tipo de regadío, por ejemplo, cuando no tiene nada que ver la inversión que exige y ha necesitado una explotación de riego en Andalucía que en otras zonas de España», lamentan desde Asaja.

Los cultivos más castigados por esta nueva PAC son los de secano (750.000 hectáreas perderán un 30% de sus ayudas), el olivar (700.000 hectáreas sufrirán una merma del 25% de las ayudas percibidas hasta este año) y el regadío andaluz, con pérdidas de entre un 30 y un 40%. Dentro de la región, la provincia de Sevilla será la más afectada, con pérdidas de 242 millones de euros en el periodo 2023-2027.

Por si esto fuera poco, la gestión de los pagos de los anticipos en Andalucía está generando inquietud e incertidumbre a los miles de agricultores y ganaderos que necesitan este aporte de liquidez. El principal problema, destacan desde Asaja, viene derivado por el procedimiento de control y verificación de la compleja y nueva definición de «agricultor activo«, que fue «impuesta» por el Ministerio de Agricultura contra la opinión del sector.

Los requisitos especifican que, ahora, para ser considerado «agricultor activo» hay que estar dado de alta en la Seguridad Social Agraria o que, al menos, el 25% de los ingresos totales del interesado procedan de la actividad agraria. Se desestimó la propuesta de Andalucía en varias ocasiones, que no era otra que se considerase «agricultor activo» automáticamente a aquellos certificados en sistemas de producción sostenible, muy numerosos en Andalucía.

Esto está generando confusión entre muchos agricultores, que se consideraban «dentro» de esta horquilla y que están viendo cómo los anticipos de la PAC no están llegando a sus cuentas bancarias.

Los datos fiscales de los productores andaluces están en manos del Ministerio de Hacienda, que no está favoreciendo el cruce de información, lo que está impidiendo que la Junta compruebe el cumplimiento de las condiciones y, por ende, pueda resolver el pago. También están surgiendo problemas en el procedimiento del control y verificación de los nuevos ecorregímenes, según se ha constatado tras la apertura del plazo.

Desde Asaja también recalcan una especial preocupación respecto al retraso que están sufriendo en el cobro de los anticipos las figuras asociativas y personas jurídicas un caso en el que, de nuevo, no se ha realizado el correspondiente cruce de datos y está paralizando los pagos.

«Este retraso resulta contradictorio, especialmente cuando es la propia Administración la que promueve este tipo de figuras asociativas puesto que suponen una mayor concentración de la oferta y un paso en la mejora de la viabilidad del campo, insisten, y recalcan que se trata de una tipología de e