Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE: «En Madrid debemos aprender de la evolución de la industria andaluza»

Es un férreo defensor de que la reducción de normas permitirá que las compañías ganen tamaño y aboga por la libertad empresarial, la seguridad jurídica y la estabilidad institucional como las 'recetas' para que la economía marche bien.

Por otro lado, considera que la financiación autonómica está absoleta: «beneficia a quienes más tienen». También exige estructuras flexibles en el mercado laboral y se muestra partidario de que las mutuas tengan un papel más relevante en la alta y baja de los empleados. Rechaza de plano la ampliación por cuidado de familiar enfermo o defunción y defiende que los salarios podrían crecer mucho más si los costes sociales por trabajador fuesen menores: «es un escándalo».

—¿Qué opinión hay en Madrid del empresariado andaluz?

—Está llamando la atención su transformación. Ha experimentado un despertar industrial sorprendente. ¡Debemos aprender de la evolución de la industria en Andalucía!

Las empresas andaluzas son valientes e innovadoras. Siempre lo han demostrado, quizá porque están ligadas a una cultura que, desde hace siglos, ha sabido superar las dificultades y proyectarse al mundo. Durante un tiempo, ese espíritu estuvo apagado por las circunstancias, pero ahora se demuestra que cuando a la economía se la libera de la administración, explota la creatividad y la innovación.

—La CEIM quiere estrechar lazos con el sur. ¿Qué acciones conjuntas plantea?

—CEIM y CEA mantienen una relación extraordinaria. Somos dos organizaciones muy relevantes dentro de la CEOE y, por tanto, tenemos muchos ámbitos en los que colaborar. Hemos celebrado varios encuentros y debemos seguir avanzando en esta línea, para que las empresas de Madrid y Andalucía dispongan de más espacios de cooperación.

Quien crea que Madrid no necesita al resto de España está muy equivocado. ¡Madrid depende absolutamente de que a su entorno le vaya bien!

—Como vicepresidente de la CEOE, ¿qué radiografía hace del tejido empresarial del país?

—La economía española tiene que ser más competitiva. Hay que aumentar el tamaño empresarial porque este no es suficiente para competir en un mercado global. Este proceso, a veces, tiene efectos duros. Las empresas están vivas: nacen, crecen, se regeneran y también mueren. Es algo doloroso, pero en ciertos casos resulta necesario. Tienen que ganar tamaño y puede lograrse mediante crecimiento orgánico e inorgánico, a través de fusiones y adquisiciones.

—¿Cuál es su receta para impulsar el tamaño de las empresas españolas?

—Tenemos que seguir desregulando. La regulación excesiva y la burocracia son los factores que más dificultan el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas.

—En Andalucía se han impulsado varias medidas para reducir la carga burocrática de las empresas. ¿Cree que hay más margen de acción?

—Hay que trabajar mucho más. También es importante reconocer los avances cuando se dan. Andalucía tiene que avanzar aún más en la libertad de horarios comerciales. Por otro lado, ya es un ejemplo a seguir en simplificación administrativa y desregulación. Los resultados son inmediatos con un crecimiento por encima de la media. Es la mejor demostración de que las políticas acertadas se traducen en mayor crecimiento económico, más empleo y, sobre todo, en bienestar para el conjunto de los ciudadanos.

—¿Cuál es su postura sobre la actual financiación autonómica?

—La financiación está obsoleta y no se corresponde con la realidad actual. Es necesario un ejercicio de responsabilidad y altura de miras. El nuevo modelo debe adaptarse a los cambios en población, actividad, territorios y diferentes necesidades. No es aceptable que, durante estos años, ni siquiera se haya intentado buscar un consenso o presentar alguna propuesta. Sin embargo, se está actuando al dictado de los partidos nacionalistas e independentistas, con el objetivo de mantener los gobiernos tanto en España como en Cataluña. De esta forma, se consagra la desigualdad y, además, se termina beneficiando más a quienes ya tienen más.

—Es usted un férreo defensor de la flexibilidad laboral. ¿A qué se refiere exactamente?

—El mercado hoy es flexible y global. Necesitamos unas estructuras que nos permitan adaptarnos, compatibilizándolo con las necesidades de seguridad de los empleados porque nosotros no somos unas personas que solo miremos por lo nuestro.

Sin embargo, la rigidez y poner toda la carga en el mundo de las empresas, al final no solo no protege a los trabajadores sino que puede empeorar sus condiciones. Cuando han eliminado los contratos temporales, no se ha conseguido mayor estabilidad en el empleo. Ahora el periodo de prueba se utiliza como contrato temporal.

Hay que dar confianza a la empresa para que pueda contratar sin miedo, sabiendo que, si las cosas no van bien, van a tener fórmulas para reconducir la situación.¡Hay que ser más imaginativos! En España tenemos las cifras más altas de desempleo porque atemorizamos al que tiene que contratar.

—A la macroeconomía española le va bastante bien.

—Afortunadamente. Tenemos el turismo y debemos sentirnos muy orgullosos porque es una actividad muy transversal. También están los fondos europeos, que son una inyección de capital. Luego hay otras cifras económicas que no están tan claro que sean beneficiosas como es el gasto público. Genera actividad y PIB pero es pan para hoy y hambre para mañana. Hay veces que las cifras maquillan la realidad: el PIB está creciendo, también la población y la inmigración. ¿Las grandes empresas van bien? Debemos alegrarnos de ello, ahora tenemos que conseguir que se traslade también a las pequeñas y medianas.

—¿Qué propone para mejorar la competividad empresarial?

—La simplificación administrativa. Las empresas deben dedicar el menor tiempo y dinero posible a salvar los trámites administrativos. Por otro lado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Añado la libertad empresarial y de mercado porque la competencia es buena. Ahora lo estamos viendo con las multas impuestas a las compañías de bajo coste por cobrar por las maletas. Ya la gente dirá si le compensa o no, pero si no lo permite al final estas compañías se van y todos suben los precios.

También la fiscalidad incentivadora. Es evidente que debemos sufragar el Estado del Bienestar, pero deberíamos hacer una análisis pormenorizado del gasto público. ¡No se puede cargar todo! La ministra Montero dice que no sube los impuestos, cuando es evidente que lo hace. A través de las políticas fiscales puede conseguir que haya menos ricos, pero nunca logrará que haya menos pobres. Al final, desgraciadamente, el hecho de que se vayan los inversores nos empobrece a todos.

—¿Usted se cierra en banda a la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas?

—El intento de imposición de las 37,5 horas de jornada laboral por parte de la vicepresidenta del Gobierno ha generado un daño enorme y la paralización de la negociación colectiva durante un año y medio. Ahora los representantes de los españoles han tumbado esa norma. La gente no cree que sea malo ir hacia una reducción de la jornada, ya caminamos en esa dirección en la mayoría de los convenios colectivos. Se debe hacer en una negociación en la que haya contrapartida con fórmulas que mejoren la competitividad y reduzcan el absentismo.

Yolanda Díaz en vez de asumir su derrota como cualquier demócrata, dice que va a vengarse metiendo mano a los beneficios empresariales. Es algo nunca visto en un país Occidental. Tenemos un Gobierno que trabaja para que las empresas españolas ganen menos.

—La última propuesta ha sido la extensión a diez días el permiso por fallecimiento de un familiar. ¿Cuál es su postura?

—Tenemos el absentismo disparado y a quien más le cuesta es a las arcas de la Seguridad Social. Una persona puede ingresar y diez nietos pueden pedir la baja, pero puede ser que ninguno pase por el hospital. ¡Ahí no se inspecciona nada! El absentismo pasa por una mayor inspección y sensibilidad cultural. Hay que facilitar que las mutuas tengan peso en la recuperación de las personas así como en las bajas y altas porque es un instrumento estupendo. La saturación de la atención primaria hace que muchas bajas se alarguen porque la pública no tiene capacidad.

—España acusa una fuerte falta de mano de obra. ¿La solución es la inmigración?

—Hay que vincular los subsidios de desempleo a políticas de inserción laboral. No se puede consentir que alguien espere a cobrar los meses de paro y luego cuando termine, empiece a buscar empleo. La gente tiene que trabajar y solo aquel que no pueda, debe tener su cobertura. Igual pasa con la renta básica o el Ingreso Mínimo Vital. Debe ser una medida temporal.

Por otro lado, no se puede criminalizar a la inmigración. Estamos permanentemente reivindicando que vengan contingentes con algún tipo de formación para cubrir las necesidades de las empresas.

—¿Cuál es su postura sobre seguir revisando el Salario Mínimo?

—En España no hay un problema con SMI sino con el salario medio. Están cada vez más cercanos y es un drama. Los salarios deben aumentar y sería bueno para todos. Ahora necesitamos herramientas que nos permitan subir más los salarios. Uno de los motivos por los que no se paga lo suficiente es por los costes sociales. Es un escándalo que las personas ganen 1.300 euros y se pague por ellas 2.300 euros.