La Junta de Andalucía lidera una triple ofensiva frente al déficit de redes eléctricas

Sin embargo, esta transición encara serios problemas, y uno de los más preocupantes es el déficit de redes de distribución eléctricas para conectar de manera eficiente toda la nueva producción de energía con los potenciales consumidores. Es como si se construyen pantanos pero no se instalan tuberías para canalizar el agua hacia núcleos de población y recircularla por las diferentes calles hacia los hogares. «Tenemos una oportunidad única para reindustrializar nuestra región, y no podemos perderla por no actuar a tiempo», afirma Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía y Minas.

El Gobierno andaluz trabaja en tres frentes para tratar de agilizar las medidas. El primero de ellos pasa por lograr una acertada planificación de las redes de transporte de alta tensión (las que conducen la electricidad a los grandes centros de consumo) en el periodo 2026-2030. «Enviamos nuestra propuesta consensuada con el sector en mayo marzo de 2024 y más de un año después todavía estamos pendientes de conocer el borrador que propone el Ministerio; existe un retraso que tiene una difícil justificación». El consejero apunta que se realizó «un planteamiento realista, que requiere una inversión de 544 millones de euros para Red Eléctrica (REE), y que mejora la seguridad del suministro, permitiría la evacuación de renovables y atender nuevos proyectos industriales, además de reforzar provincias donde existe un claro déficit».

Aunque hasta el momento ha existido una relación constructiva entre la Junta y el Gobierno central en las medidas que afectan a la política energética, el retraso de los plazos previstos está deteriorando la situación. Paradela apunta que «se anunció que existiría una reunión trilateral con el Ministerio de Transición Energética, REE y las comunidades autónomas, donde se desvelarían y debatirían las líneas maestras de la planificación, y nosotros lo que apostamos es porque se celebre cuanto antes», remarca. El consejero sostiene que «pese al clima de crispación, hay que aislar del debate político asuntos que determinarán el futuro de la economía a medio y largo plazo».

El segundo frente en el que trabaja la Junta de Andalucía está en la inversión en las redes de distribución de media tensión, que son las que distribuyen de manera capilar la energía hasta el consumidor final, y que dependen de las inversiones de las grandes compañías eléctricas (en el caso de Andalucía principalmente están controladas por Endesa). Son complementarias e igual de cruciales que las redes de alta tensión para el cambio de modelo energético. Y también en este aspecto hay elementos de alarma. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado una propuesta para la Tasa de Retribución Financiera a las inversiones y el modelo retributivo de la distribución de energía que ha provocado la protesta de las asociaciones del sector, como la patronal eléctrica Aelec. «La tasa que se propone a los operadores por las inversiones en la red es del 6,46%, mientras que países como Irlanda e Italia están cerca del 9%, y en Reino Unido y Alemania rondan el 7,5%», apunta Paradela. En un mercado global, las compañías destinan sus proyectos allí donde la rentabilidad es acorde con la inversión y el riesgo. «Por el momento es una propuesta, y en nuestro caso ya hemos solicitado la convocatoria del consejo consultivo de electricidad de la CNMC, en la que somos miembros como Comunidad Autónoma, porque nos preocupa que se desincentiven y retrasen inversiones que son esenciales para la reindustrialización». Junto a ello, la administración autonómica también ha mandado ya un documento con sus alegaciones a la propuesta de la CNMC.

Esta tasa de retribución también afecta a las inversiones de REE, por lo que existe el temor de que también impacte en la ambición de la planificación eléctrica 2026-2030.

El tercer frente está en la Unión Europea. La comunidad autónoma ha decidido participar en la elaboración del llamado «European Grids Package» (Paquete Europeo de Redes), que está diseñado para que exista un marco regulatorio que apoye la actualización y expansión de las redes eléctricas y de hidrógeno, acelerando tanto la electrificación como la implantación de energías renovables. «Hemos elevado nuestra visión exigiendo que se armonice la inversión en transporte y distribución eléctrica, con una perspectiva europea más integrada, reforzando por ejemplo las interconexiones entre España y Francia». La Junta también propone que se eliminen los topes a la inversión en redes y que se puedan utilizar fondos europeos para el desarrollo de este tipo de infraestructuras.

Andalucía parte de una situación de desventaja respecto a otras comunidades, ya que la densidad de la red de transporte se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares (contando con 742 kilómetros de red por millón de habitantes frente a los 1.242 kilómetros de media).

La futura planificación de redes 2025-2030 que debe ejecutar Redeia es crucial, así como los planes de inversión de las compañías de distribución en la red de media y baja tensión. Como ha denunciado la patronal Aelec, hay peticiones por parte de empresas electrointensivas, como los centros de procesamiento de datos, que no pueden ser atendidas por falta de acceso a la red.

En este momento hay empresas e inversores que han solicitado el suministro de más de 7.400 MW de potencia eléctrica. Se trata esencialmente de los grandes proyectos de hidrógeno verde (especialmente en Huelva), nuevos desarrollos de baterías para el almacenamiento y también centros de datos (CPD), que son grandes consumidores de electricidad. Junto al desarrollo industrial, la Junta también pone encima de la mesa el reto demográfico. «En el norte de Córdoba, Jaén o Granada se pueden captar proyectos que arraiguen población a la zona, pero se requiere que la planificación dé una respuesta adecuada», concluye.