Ignacio Peinado: «Medio millón de jóvenes andaluces no pueden emanciparse»

Apuesta por impulsar la vivienda asequible y protegida y, para ello, pide a las administraciones que colaboren con una rebaja fiscal. «¿Es la vivienda de verdad un pilar básico?», se pregunta el también socio director de la promotora Urbania.

—El acceso de los jóvenes a la vivienda es un drama social. ¿Cómo se soluciona?

—Es un problema generalizado de España, nos hemos quedado sin tiempo en la causa inmobiliaria. La falta de viviendas tiene un periodo de maduración muy largo hasta que salta socialmente. Ya lo hemos agotado, desde 2014 venimos diciendo que se nos acumula un déficit. En Andalucía es de 60.000 inmuebles y para 2028 será de 100.000. Hay muchas recetas, pero hay dos alternativas: la hiperregulación (que es lo que ha elegido la nefasta Ley de Vivienda estatal, que solo ha restado inmuebles del mercado) y el estímulo de la oferta.

—Un estudio de Culmia apunta a que casi el 50% de hogares que viven de alquiler en las capitales andaluzas destinan más de la mitad de sus ingresos a abonar la renta.

—Es la segunda comunidad de España en la que más familias destinan más de un 40% al pago de la vivienda. Hay tres problemas: el primero es el sobreesfuerzo. El segundo, la barrera de entrada de todos aquellos que no tienen viviendas y esto, en concreto, golpea sobre todo a los jóvenes y a las rentas más bajas. Hay más de 500.000 andaluces que no pueden acceder a una vivienda y, por tanto, no se pueden emancipar. El tercero es el déficit. No hay viviendas y las que hay son caras.

—El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que presentará una nueva Ley de Vivienda. ¿Qué peticiones le hace Fadeco?

—Creemos que todavía nadie ha puesto en marcha el estímulo de la oferta con más viviendas asequibles, menos burocracia y más agilidad. Es una oportunidad para ser innovador y valiente con medidas que se traduzcan en viviendas reales. Si la vivienda es una prioridad, el esfuerzo presupuestario tiene que estar acorde.

—¿En qué se traduce esa 'receta'?

—En un plan de emergencia y un plan de choque que puedan sumar de forma más rápida más viviendas asequibles. No puede ser por el trámite ordinario.

—¿A qué se refiere con sumar más viviendas asequibles?

—Es otro reto que hay que abordar, hay territorios como Málaga en los que existe una gran diferencia de precios entre la vivienda libre y la protegida. A veces es de hasta 100.000 euros. Por tanto, se deja fuera a la clase media, como pueden ser dos funcionarios que no califican para la VPO pero que tampoco son capaces de comprar una del mercado libre. Hay que abordar esa gama para que sin tener una protección, tenga también un precio asequible. Málaga, por ejemplo, es una de las cinco provincias que van a concentrar el 50% de los nuevos hogares de España y, por eso, debe tener unos mecanismos excepcionales. Las claves: más rapidez y más viviendas asequibles.

—¿Qué piden cuando reclaman más rapidez?

—Me llama muchísimo la atención que la Junta tenga una oficina de la Unidad Aceleradora y estén excluidos los desarrollos residenciales. No digo que tengan que estar todos, pero sí que exista la posibilidad de estudiar aquellos que tengan impacto frente a este drama.

—¿Qué más sería imprescindible incluir en la Ley de Vivienda?

—La flexibilidad de uso: cuántas veces vemos solares abandonados en las ciudades que llevan 15 años siendo un aparcamiento clandestino. Es la oportunidad de verdad para recortar la lista de espera que tiene la sociedad para acceder a una vivienda. Igual que hubo un plan de emergencia y se abrieron quirófanos los fines de semana, ahora hay que hacer algo en vivienda. El déficit es seis veces lo que producimos en un año en España.

—¿Qué impacto está teniendo el aval a la compra para los menores de 35 años?

—Es una medida muy interesante, pero no servirá de mucho si no existe producto. Hay un momento de tanta gravedad que ya no solo dando el aval, imagínate que dan 50.000 euros, ni con esas podrían comprar una vivienda porque no hay. A veces todas las medidas se quieren poner al final de la cadena, pero la realidad es que falta materia prima. Es decir, la industria tiene que convertir suelos en urbanizados y luego, en viviendas.

—Los vales fueron una medida propuesta por Fadeco. ¿Esperáis esa misma colaboración para la nueva Ley de Vivienda?

—La relación de la consejería con el sector, y otros agentes, es total y permanente. Ya hay un precedente en el trámite de la Lista y estoy seguro de que con esta nueva Ley tendremos la oportunidad de trabajar juntos. Nosotros estamos preparados para trabajar en sugerencias cuando conozcamos el borrador.

—¿Dónde está el 'atasco' al que se refiere?

—Hay algunos territorios donde el suelo urbanizado es cero. La industria que va del trigo al pan está totalmente desaparecida. Se tarda entre diez y quince años en llegar al suelo urbano. La oficina aceleradora para nuevos suelos y una línea de financiación para abordar grandes obras ayudarían. Son infraestructuras de la ciudad: las calles, las aceras... Las hemos tenido que promover nosotros y, a lo mejor, esas obras que son imprescindibles para hacer para unas 3.000 viviendas necesitan de 80 millones de euros pero no hay financiación bancaria para ello. Y ello unido a que sean sostenibles, porque ahora mismo nos estamos jugando la sostenibilidad a ventanas, tejas y fachadas. Es necesario que la ciudad se construya sostenible desde sus infraestructuras.

—¿El sector está dispuesto a hacer más viviendas asequibles o protegidas?

—No tiene ningún inconveniente. Es un sector distinto al de antes de la crisis, las empresas están sanas y son solventes y transparentes. Eso sí, necesitan ser rentables porque si no desaparecen. Necesitamos que las viviendas protegidas salgan adelante teniendo la materia prima y también siendo viable el desarrollo. ¿Puede ser posible acomodar los precios a los elevados costes de producción? Casi una cuarta parte de lo que paga un ciudadano en una vivienda son impuestos.

—¿Cómo es posible? El IVA en vivienda de obra nueva es del 10%.

—Hay un 5% local, alrededor del 6% autonómico y el 10% estatal, que sería el IVA. Fíjate si hay margen ahí para abaratar la vivienda y que el comprador, aunque se le suba el precio base, no lo note. La administración tampoco hace esfuerzo porque no contaba con esas VPO. El sector le pregunta al Estado, ¿es la vivienda de verdad un pilar básico y un bien escaso y necesario? ¿Se va a eliminar el IVA en la vivienda asequible como en el aceite de oliva?

—¿Qué tipo de viviendas demanda ahora la sociedad?

—Otra de las medidas que pedimos precisamente tiene que ver con aumentar la densidad de las viviendas para adaptar la configuración urbana a las nuevas necesidades. Pedimos que nos dejen construir viviendas más pequeñas porque la realidad es que está cayendo el número de personas por hogar. A un divorciado o a una familia que ahora tiene un hijo en vez de tres, le ofreces una vivienda de cuatro dormitorios y a lo mejor no la puede pagar y tampoco la necesita. También hay que abordar otras realidades como el 'coliving' o el 'cohousing'. Otro reto es dignificarlas: por ejemplo, las terrazas tienen un coste muy alto en el cómputo. Ya hay experiencias en otros territorios en los que no computan en metros. Invita a que en las viviendas más asequibles se hagan también y no sean solo cosa de ricos. Tiene que estar regulado para que tampoco ocurran abusos.