Espacio para todos: una nueva compra pública permite despegar a las firmas emergentes

En concreto, este instrumento permite dar respuesta a necesidades concretas de la administración. Habitualmente, viene acompañado de una consulta preliminar en la que se le pregunta al mercado cómo se podrían resolver determinados desafíos para los que aún no existe tecnología o cómo se podrían mejorar las soluciones ya existentes.

Posteriormente, se abre una licitación para encargar un instrumento concreto incluyendo las ideas que se han recogido en la fase previa. De esta forma, la administración anima a las empresas a crear ese avance tecnológico compartiendo, en parte, el riesgo de que su desarrollo llegue a buen puerto.

Las comunidades autónomas también están empezando a emplear este mecanismo para hacerse con tecnología espacial. Tal es el caso de Andalucía, donde se ha lanzado una consulta para que las empresas aporten ideas sobre cómo solucionar determinados retos como son el control de incendios forestales.

En el sector se ha acogido con entusiasmo esta nueva tendencia. El vicepresidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), Jorge Potti, explica a ABC que es una oportunidad para que entren a competir empresas más pequeñas.

«Las firmas establecidas habitualmente ya tienen un catálogo de productos con soluciones más creíbles, pero aquí se reduce el peso del producto y se va a una tecnología más avanzada», indica.

Por tanto, se facilita el acceso de 'startups' o empresas de reciente creación para que, bien sean ellas las que desarrollen la nueva tecnología, o se integren dentro de la cadena de valor de alguna firma tractora.

«De esta forma, las administraciones encargan proyectos con un objetivo concreto, a muchos del sector nos encanta este instrumento», asegura Carlos Fernández, CEO de Telespazio Ibérica.

La compra pública innovadora está en auge en este sector: son varios los proyectos nacionales que se han adjudicado o están actualmente en licitación en el marco del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) Aeroespacial.

Tal es el caso de un lanzador de pequeños satélites. El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) está promoviendo este proyecto, que cuenta con 45 millones de euros. Pangea Aerospace, una startup española fundada en 2018 por un exempleado de Airbus, y Payload Aeroespace, la misma empresa del cohete Miura 1, se han adjudicado la primera fase.

Está previsto que se finalice el diseño de este lanzador antes de que acabe el año y que se elija a la compañía que será adjudicataria de la fase de producción del prototipo.

Otra licitación que está generando expectación en el sector y que está en marcha en estos momentos es la del sistema de satélites y terrestre para comunicaciones cuánticas. Tiene dos lotes de 105 millones de euros y de 20 millones.

Otro caso más de compra pública de innovación es la licitación -recién publicada- del sistema español de observación de la tierra con fines de seguridad y defensa. En esta llamada, se incluyen dos retos tecnológicos para desarrollar aplicaciones de salvamento marítimo y para integrar la inteligencia espacial en los satélites con el objetivo de disminuir los datos que se transmiten a tierra por el ancho de banda.

Más allá de los proyectos nacionales, Andalucía también quiere ponerse en órbita siguiendo la estela de otras regiones como Galicia. La Junta de Andalucía activará una compra pública de innovación con al menos diez millones de euros. Antes de publicar su licitación, ha realizado una consulta preliminar para recoger propuestas tecnológicas que resuelvan sus necesidades.

Las empresas interesadas han presentado un total de 17 propuestas a esta llamada en la que se han pedido soluciones a varios desafíos: hacer seguimiento a los incendios en tiempo real, observar la tierra a muy alta resolución para gestionar las ayudas forestales, realizar muestreos en el campo o impulsar los vehículos autónomos, entre muchos otros.

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El Gobierno andaluz publicará durante 2024 la licitación de estos proyectos, que tendrán una duración aproximada de cuatro años, aunque su desarrollo dependerá de las necesidades de cada solución.

Previsiblemente, la administración incluirá requisitos para que tenga un impacto en la región y se dinamice el tejido empresarial, como podría ser garantizar que el proyecto se ejecute en Andalucía o contar con carga de trabajo local.