La construcción se queda sin obreros en Andalucía, la mitad de los profesionales se jubilará en diez años

Los jóvenes que se incorporan no tienen experiencia previa y necesitarán algún tiempo hasta lograr la cualificación necesaria. Hoy día encontrar un jefe de obra e incluso un oficial de primera es tarea imposible. Los que hay, se los disputan las empresas en una guerra de ofertas económicas que finalmente repercuten en los costes laborales. La única salida que están encontrando ante esta escasez de mano de obra es dar entrada a trabajadores extranjeros, procedentes principalmente del norte de África y de Latinoamérica. Estos ya representan más del 20% de los obreros de las cuadrillas, pero las constructoras se ven ante duras trabas burocráticas para contratarlos.

Con ese panorama la sociedad pide encarecidamente soluciones a la falta de vivienda asequible. Los precios siguen subiendo -lo han hecho un 12% en el último año- y no parecen tocar techo. «Veo muy lejos todavía la estabilidad en el mercado inmobiliario», admitía el pasado domingo José Luis Vera, fundador de la promotora sevillana Grupo GS, en una entrevista con ABC. «Mientras no crezca la oferta no habrá freno a los precios», advertía.

Él mismo sufre a diario las consecuencias de esta falta de personal que se viene arrastrando desde hace varios años, concretamente desde la reactivación del sector. En Sevilla, donde hay una gran actividad constructora en desarrollos como Entrenúcleos y Palmas Altas, afecta más que en otros territorios. «En la construcción hay trabajo de sobra para cualquiera que desee incorporarse, tenga o no experiencia, pero lo que vemos es que no hay una gran demanda de trabajadores jóvenes. Sí la encontramos entre los extranjeros, pero no entre los nacionales«, señala Vera. Ante esta tesitura, »creo que será necesario dar más facilidades para que puedan ser contratados«.

Alude a modelos que se han aplicado en otros países para continuar con la actividad constructora. El grupo empresarial que dirige tiene proyectos en casi todas las regiones y ha dado el salto a Portugal, pero «el problema es el mismo en todos lados», asegura.

El freno y las reticencias a incorporarse al sector vienen por la dureza del trabajo o por la percepción del mismo, señalan algunos informes como el propio de Adecco, pero Rosa Villaseca, CEO de Grupo ABU, rechaza esas afirmaciones. «Tal vez antes podía ser así, pero ahora se dispone de un buen convenio, con la actividad muy regulada y se respetan los horarios, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas como en el verano. El sector cumple de forma generalizada las normas de protección de riesgos laborales«, indica.

La directiva, que lleva más de veinte años de experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria, apunta más a la pérdida de esta mano de obra durante la pasada crisis financiera que a la dureza de las condiciones laborales. «Entonces toda la cantera de jóvenes salió del sector y se dedicó a otras actividades, eso es muy difícil de recuperar y, obviamente, no lo hemos conseguido aunque todo se haya reactivado. No ha habido ese relevo generacional necesario y nos encontramos con un déficit muy grande», comenta. «Vamos a tener un problema dentro de cinco años, porque al final todos los que están en activo ahora con una cierta edad también van a jubilarse. No vamos a encontrar a profesionales cualificados para todo el trabajo que tenemos por delante«, lamenta.

Y el problema no es sólo andaluz, está generalizado en todo el país, como reconoce Ricardo Pumar, presidente de Insur, en una entrevista reciente con ABC en la que alertó de que «bajar el precio de la vivienda es muy difícil en estas circunstancias con los materiales por las nubes y la subida de los costes laborales por la escasez de personal». Pumar reflexionó sobre el hecho de que «en la época del boom inmobiliario se hacían 700.000 viviendas al año en España y ahora no llegamos a 100.000... y tenemos problemas para terminarlas«. En España faltan 250.000 viviendas y, teniendo en cuenta que Andalucía representa el 15% del PIB, en la región harían falta unas 40.000.

El problema no es sólo de los promotores privados, también las empresas públicas como Emvisesa se ven ante la misma tesitura. Estos entes promueven, pero necesitan echar mano de constructoras privadas para levantar los edificios residenciales de VPO. En este caso, se está recurriendo al uso de módulos de construcción industrial para aligerar los plazos y cubrir las carencias. En este tipo de edificaciones es donde más se utiliza el nuevo modelo, especialmente en partes como los cerramientos de las fachadas, compuestas por paneles prefabricados de hormigón, pero también es cada vez más habitual en interiores, donde se instalan baños y otras estancias donde viene predefinido hasta el último de los enchufes.

Toda esta situación tiene también un efecto directo en otros negocios como las reformas domésticas o la construcción de proyectos de particulares. Si hace un lustro las contratas daban presupuesto para un año vista, hoy ni siquiera hay plazo. El cliente entra en una lista de espera y recibe como respuesta un «ya te llamaremos». Así se cumplen las fechas de los permisos de obra sin que dé tiempo a instalar la cuba de escombros.

El trabajo se concentra en las grandes promociones que se levantan en Sevilla y el área metropolitana, donde los contratos son de más duración y superan el año. Eso da una gran estabilidad al sector, caracterizado siempre por la fuerte temporalidad. Las pequeñas reformas, finalmente, se terminan haciendo dentro de la economía sumergida porque no queda más alternativa, con los riesgos que ello conlleva para el trabajador y el quebranto para las arcas públicas de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.