COAG denunciará ante la Comisión de Competencia pactos para bajar el precio del aceite de oliva

Este informe, encargado por la mesa que preside COAG, en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la Diputación Provincial de Jaén, forma parte del desarrollo de un software especializado en la detección de desequilibrios de mercado en el sector oleícola. A partir de este modelo de previsión, y considerando los datos de cierre de campaña 2023/2024 y los aforos previstos para la campaña 2024/2025, se estima que el precio del virgen extra en origen debería situarse entre los 5,55 y los 6,14 euros/kg, en función de si la producción final alcanza 1,5 o 1,29 millones de toneladas, respectivamente.

Teniendo en cuenta las salidas de aceite al mercado que se han producido desde el mes de octubre a marzo; y la media de precio en origen en estos meses (4,49 euros) en el que el aceite se ha situado un euro por debajo del precio estimado en el estudio (5,55 euros), los olivareros han dejado de percibir debido a la distorsión de mercado 626 millones de euros.

Actualmente se paga en origen en torno a los 3,5 €/kg, lo que podría suponer de mantener la media del precio del aceite, que los olivareros dejen de percibir en la campaña 2.800 millones de euros. Cada mes que pasa los olivareros están dejando de percibir 260 millones de euros. Más de 8,6 millones diarios.

«Desde COAG veníamos denunciando la situación. Y este estudio viene a confirmar las sospechas de que no se están cumpliendo las reglas de la oferta y la demanda. «¿Qué está ocurriendo en el mercado para que los precios se mantengan artificialmente bajos? ¿Acuerdos comerciales o prácticas desleales por parte de algunos operadores del mercado que estarían forzando una caída de precios injustificada, en perjuicio directo de los productores», se ha preguntado Juan Luís Ávila, responsable del sector del olivar de COAG.

Por todo ello, el próximo 13 de mayo COAG presentará una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando una investigación urgente y exhaustiva que permita esclarecer si se están produciendo prácticas que vulneren la ley de la cadena alimentaria y atenten contra la viabilidad económica de miles de olivareros. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se perpetúa un modelo de negocio especulativo en el que se infravalora sistemáticamente el trabajo del campo. Exigimos transparencia y justicia en los precios», ha subrayado Ávila.