El año en el que Andalucía puede superar los mil concursos de acreedores

Este bufete, que tiene sedes en Sevilla y Madrid, ha analizado las estadísticas concursales publicadas por el INE hasta el año 2020 y por el Registro Mercantil desde primer trimestre del año 2021, para determinar las previsiones que se esperan en los próximos meses. Sobre esta base, concluye que en Andalucía se prevé un aumento de en torno a un 30% en la actividad concursal respecto a las cifras pre-pandemia lo que nos situará en 1.300 insolvencias en el año. Con ello, apunta que 2023 «puede ser el año en el que los concursos de acreedores se situarán en el podio de procedimientos judiciales a abordar por nuestros juzgados» y avanza que cobrarán especial protagonismo los concursos conocidos como Ley de segunda oportunidad de particulares, profesionales y autónomos.

Este panorama se dibuja después de que en las últimas semanas se hayan producido acontecimientos relevantes para el futuro de muchas empresas. El primero, el fin de la moratoria concursal ya que a partir del pasado 30 de junio se ha terminado la prórroga que eximía del deber de solicitar la declaración de concurso que recae sobre el deudor que se encuentre en estado de insolvencia, así como la inadmisión a trámite de las solicitudes de concurso necesario que presenten los acreedores.

Junto a ello, han finalizado otras medidas importantes que se adoptaron para ayudar a las empresas a superar el impacto económico de la pandemia, como el fin del plazo de carencia de dos años de los créditos ICO concedidos entre marzo y junio de 2020; el vencimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo extraordinarios por la crisis del Covid-19; y la coincidencia con la actual situación de aumento de costes y suministros (alza de precios energías, materias primas, guerra de Ucrania y la crisis con Argelia.

Esta coyuntura lleva a considerar a los juristas que este año ya pueda batirse el récord de concursos y que durante el primer trimestre de 2023, «salvo que se adopten medidas de índole económico y financiero que permitan contener este ascenso, se produzca un desmesurado aumento en las solicitudes de concursos (voluntario y consecutivo), donde los concursos de persona física «segunda oportunidad» serán más de la mitad del total».

Ha pasado solo un mes desde el fin de la moratoria concursal y el presidente del Consejo Andaluz de Economistas, Francisco J. Tato, considera que hay que esperar a otoño para comprobar la dimensiones de la «avalancha» que se vaticina. «Hasta el momento, sin datos definitivos, lo que observo, en base a mi experiencia, no ha sido una avalancha tan catastrófica como la que se venía anunciando. Quizá cuando entre el otoño, por la circunstancias en el ámbito económico que se nos vienen encima, podamos observar un aumento exponencial de los concursos», señala este jurista y administrador concursal.

Como punto de referencia, RZS Abogados señala que los concursos previos a la crisis inmobiliaria (hasta el año 2009) presentaban cifras anuales promedio de 200 casos en Andalucía. Durante la crisis (2009-2012), el número se quintuplicó hasta alcanzar un máximo histórico en el año 2012 cuando se superaron los 1.000 concursos. Posteriormente, entre 2013 y 2020 los procedimientos se estabilizaron con una media de 700 y durante el año 2021 sufrieron un leve aumento respecto al año 2020, cifrándose en algo menos de 850.

Según el informe de RZS Abogados, Andalucía concentra un 8% del total de concursos a nivel nacional con especial incidencia en Sevilla (35%) y en Málaga (18%). El 95% son voluntarios (una modalidad que permite a muchas empresas salvar los muebles y evitar la liquidación) y únicamente entre un 5% y un 7% son necesarios.

Entre los años 2004 y 2014, el sector más afectado fue la construcción, con un 40% de todos los procesos, y a partir de este último año fueron las empresas de comercio, transporte y hostelería las que en mayor medida más se declararon en situación de insolvencia, con el 36% de los casos.

Todo parece apuntar a que, en esta nueva fase, los concursos en la hostelería y el comercio, los sectores más castigados por la pandemia, sigan aumentando y representen en torno a la mitad de los procedimientos que se declaren en Andalucía.

La nueva Ley Concursal no puede frenar la previsible avalancha de concursos ya que no introduce cambios sustanciales para ello. Las modificaciones apuntan a la prevención de concursos, «pero para aquellas empresas que están en situación de insolvencia la Ley no prevé más allá que la liquidación, como se ha venido haciendo hasta ahora», señala el economista Francisco J. Tato.

Por su parte, Javier Romero, socio director de RZS Abogados, considera también que pese a la nueva Ley, «a partir del tercer trimestre de 2022 y el primer semestre de 2023 se producirá una acusada tendencia al alza de las solicitudes de concurso».

Así, explica que esta esta reforma viene a transponer a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que a su vez modifica la Directiva de la Unión Europea 2017/1132.

«Con ella se pretende introducir una serie de novedades y procedimientos que, en la coyuntura económica actual, podrían facilitar la recuperación real de muchas empresas y autónomos», subraya Javier Romero.