Andalucía buscará en Japón un nuevo destino para las exportaciones tras la revolución arancelaria de Trump

A modo de plan de choque, Moreno ha anunciado la «creación de una delegación comercial andaluza en Japón» como fórmula para abrirse a nuevos mercados en previsión de una caída de las relaciones comerciales con EE.UU.

Se incardinará en la Expo 2025, que se desarrollará entre el 13 de abril y 13 de octubre en Osaka, con el añadido de servir de escaparate a otros paises asiáticos «que valoran especialmente la calidad del producto andaluz» como China o Corea del Sur, y dar el salto a potencias del Pacífico como Australia o Nueva Zelanda.

Esta fue la propuesta más llamativa del paquete anunciado por el presidente andaluz, que nace con vocación de ser «realista», dado «el espacio competencial andaluz» y que también incluye una estrategia de identificación de nuevos territorios importadores -recordó cómo se han estrechado relaciones en últimos tiempos con los emiratos o con el citado país chino-; conectar con las oficinas internacionales de más de 70 países a través de la Agencia Trade; crear un fondo extraordinario y plantear incentivos para las empresas afectadas por un valor total de once millones de euros.

Así, y de una manera más concreta, desde la Junta favorecerán la visita de grandes cadenas internacionales de supermercados a la región, para conocer de primera mano el trabajo de los productores y la calidad del resultado, y elaborarán un compendio de productos para que la Unión Europea los incluya en el listado de aranceles recíprocos.

Durante su intervención, el mandatario insistió en un discurso de llamada a la calma pues, si bien Estados Unidos es el principal mercado de exportación andaluza tras los países europeos, el negocio no supera el 8 por ciento del total de exportaciones andaluzas. «Un 1,4% del PIB, por encima del 1,1% de España», aclaró, para concretar que «en 2024 fueron cerca de 3.200 millones de euros». De ese montante, 1.355 millones los copó el sector agroalimentario: «nuestro mascarón de proa».

En ese sentido, Moreno reconoció que la nueva estrategia de Trump es un verdadero frenazo a meses «muy ilusionantes» de relación comercial con la principal potencia del mundo y recalcó que «apoyará a la UE en las decisiones que tome», aunque esperan que sean «firmes», y también tendió la mano al Gobierno central: «Tiene la plena colaboración de Andalucía para buscar soluciones».

De hecho, el próximo jueves, la consejera de Economía y Hacienda Carolina España acudirá a una reunión ministerial para tratar este complejo asunto que no sólo afecta al tejido empresarial, pues terminará recayendo sobre la economía familiar y el propio desarrollo autonómico.

Tal y como incidió el presidente, aunque el sector agroalimentario -y muy especialmente el olivarero- resultará el más perjudicado, también podría resentirse la producción de piedra natural y de cemento y todo lo relativo a la industria aeronáutica con sello andaluz que se estaba expandiendo en Estados Unidos.

Por ello, Juanma Moreno calificó la convocatoria urgente de esta Mesa de Diálogo Social como «la reunión más sensata y necesaria que podíamos tener esta semana». Al encuentro, desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, acudieron otros representantes del Ejecutivo regional como el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; la consejera portavoz, Carolina España; o la viceconsejera de Agricultura, Consolación Vera; pero también de instituciones clave del marco laboral y empresarial.

En este punto compareció el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucñia, Javier González de Lara; y los secretarios generales de CC.OO. y UGT en Andalucía, Nuria López y Óskar García.

Todos alabaron la «celeridad» en ser recibidos por la Junta pero exigieron a Moreno que todos los pasos se den desde la unidad y el consenso, «desde la lealtad institucional y el marco de colaboración».

Concretamente, los portavoces sindicales pusieron el foco en que las medidas se traduzcan en un «apoyo directo a los sectores y un plan de seguimiento del empleo». Tanto UGT como CC.OO. esperan que «frenen la crisis de coste de la vida y de poder adquisitivo» y, en ningún caso, que acaben permitiendo un «aumento de beneficios encubierto tras una subida de precios» que deba asumir el consumidor final.

En esa línea, y para evitar que se «cronifiquen las desigualdades de Andalucía», reclamaron a la Junta la constitución de una mesa permanente de seguimiento que garantice la «periodicidad y transparencia».