Almacenamiento, redes y electrificación para la Revolución Verde en Andalucía

En el panorama hay luces y sombras. Por un lado, el avance en los últimos años ha sido muy significativo: desde 2018 la potencia renovable instalada se ha más que duplicado, pasando de 6.100 MW a 14.500 MW, con la fotovoltaica como gran protagonista. Solo en 2024 se instalaron más de 2.700 nuevos MW, un 60% más que el año anterior. Y la previsión para 2026 es superar holgadamente los 20.000 MW.

Con estas cifras, alcanzar un mix eléctrico del 90% renovable parece alcanzable. Y en este contexto, la consultora McKinsey señaló en el último Foro de Davos que España y Portugal tienen las condiciones ideales para convertirse en polos industriales gracias a su ventaja competitiva en renovable.

Frente a ello, el 'blackout' del pasado 28 de abril puso sobre la mesa los desequilibrios que aún quedan por resolver en el sistema energético para convertir en realidad todos estos deseos.

El éxito de la fotovoltaica ha generado un nuevo reto: combatir la llamada «curva de pato». O en otras palabras: equilibrar la producción y el consumo. La oferta de electricidad renovable ha crecido más rápido que la demanda (que incluso ha retrocedido a niveles de 2003 por la mayor eficiencia de empresas y hogares). Con solo un 26% del consumo final en forma de electricidad, urge acelerar la electrificación de sectores clave como la industria y la movilidad para elevar así la demanda. Si la implementación de la fotovoltaica ha avanzado a buen ritmo, ahora el foco debe centrarse en desarrollar la complementariedad de la electrificación con el transporte, la climatización y la industria.

Esto, a su vez, es esencial para garantizar la rentabilidad de las futuras inversiones (que están en riesgo si no existe un mayor equilibrio entre oferta y demanda).

En esta ecuación de oferta y demanda el almacenamiento energético ha cobrado un papel crucial. En España existen solicitudes por 22.000 MW en baterías, 7.000 de ellos en Andalucía. Sin energía renovable disponible las 24 horas del día no se puede atraer industria; y también ha quedado claro que avanzar en almacenamiento es esencial para mejorar la gestionabilidad de la red.

El 'black out' ha puesto el foco en la necesidad de agilizar la tramitación y definir señales de precio estables que permitan la viabilidad económica a los proyectos planteados. Y para ello, se dan circunstancias favorables, como la notable bajada del precio de las baterías en los últimos meses, que en 2024 estaban casi un 75% por debajo del precio de hace una década.

A esto se suman las propias dinámicas del mercado: en verano, el exceso de producción hace que la hibridación de baterías en plantas operativas sea una solución óptima. Estas permiten almacenar excedentes en horas pico y liberarlos cuando la demanda es alta. Además, las plantas con almacenamiento tendrán preferencia a la hora de volcar energía a la red, estarán menos expuestas a recortes (curtailments) y ayudarán a la estabilidad del sistema.

Todavía hay aspectos por resolver en la regulación del almacenamiento. Uno de los más relevantes es la implementación del mercado de capacidad, que debe fijar la remuneración a los promotores por su disponibilidad para inyectar energía cuando el sistema lo demande (medida sería clave para garantizar seguridad a las inversiones).

El Gobierno de España está acelerando sus planes y se prepara para movilizar recursos que activen definitivamente el almacenamiento (en el que otros países han tomado la delantera).

El otro gran desafío reside en las infraestructuras de transporte y distribución eléctricas. Andalucía parte de una posición de desventaja: su red es históricamente menos densa que la media peninsular. Esta limitación de la red actual ha llevado a que grandes consumidores de energía —como los centros de datos— tengan sus solicitudes de demanda energética bloqueadas por la falta puntos de conexión.

Revertir esta situación es urgente. Actualmente, empresas e inversores han solicitado en Andalucía el consumo de más de 7.400 MW de potencia eléctrica. Se trata, principalmente, de proyectos vinculados al hidrógeno verde (especialmente en Huelva), nuevos desarrollos de baterías para almacenamiento y centros de procesamiento de datos (CPD). Todas estas iniciativas son, precisamente, las que deben darle sentido al enorme crecimiento de la generación verde que se está operando en los últimos años.

La planificación de REE para el periodo 2025-2030 prevé desplegar nuevas infraestructuras que integren esta creciente demanda de industria y almacenamiento con seguridad y calidad. Para ello, se requiere la colaboración efectiva entre administraciones. El éxito de este plan es clave para que haya un matrimonio entre nueva industria y energías renovables eficientes.

Además del mix eléctrico, el futuro energético pasa también por el desarrollo de gases renovables que pueden reemplazar parcialmente el uso directo de combustibles fósiles. Los últimos meses han puesto en el centro al biometano —obtenido a partir de residuos agrícolas y ganaderos— ya que es una tecnología madura y vive un boom inversor en la región. Andalucía cuenta actualmente con 20 plantas operativas y hay otras 50 en desarrollo, con una inversión de 1.400 millones de euros.

El potencial es enorme. Según la patronal Sedigás, podrían llegar a operar hasta 334 plantas, que generarían 24 TWh anuales —equivalente a la mitad de la demanda de gas natural de la comunidad— y reducirían en 34 millones de toneladas las emisiones de CO2.

La implementación de este parque movilizaría unos 5.500 millones de euros y generaría más de 8.000 empleos directos e indirectos. Además, una de las grandes ventajas del biometano es su compatibilidad con la infraestructura del sistema gasista actual.

Frente al auge de los proyectos de biometano, el hidrógeno verde atraviesa una fase de moderación de expectativas. Tras el entusiasmo generado durante la crisis energética de 2022, el sector ha adoptado una postura más realista. España mantiene el objetivo de alcanzar 12 GW de capacidad en electrolizadores para 2030, de los cuales Andalucía aspira a albergar un tercio. Moeve ya ha iniciado la construcción de un electrolizador de 400 MW en Huelva, el mayor proyecto de este tipo en la UE, y lidera el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Este vector también enfrenta obstáculos regulatorios importantes. Actualmente, la normativa limita el funcionamiento de los electrolizadores a solo 3.000 horas anuales, debido a los requisitos de correlación con la producción renovable. Esto compromete seriamente su viabilidad económica. En España, más del 75% de la electricidad ya es baja en carbono, y en el sector defienden que podrían funcionar 24/7.

Otro reto clave es la infraestructura de transporte para los proyectos andaluces. Enagás ha propuesto construir un hidroducto entre el Campo de Gibraltar y Huelva, que se conectaría a la futura red troncal H2Med, enlazando con Francia. No obstante, estos proyectos tienen plazos largos: no se espera que comiencen antes de 2027. Mientras tanto, los puertos de Huelva y Algeciras se posicionan como nodos logísticos estratégicos para el transporte marítimo de hidrógeno y sus derivados, en un futuro mercado internacional que aún está en construcción.