La Junta subraya que la investigación de Aznalcóllar «se reduce a un presunto delito de prevaricación»

En un comunicado, la Consejería destaca que en el auto de la juez que imputa por presunta prevaricación a siete personas , entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio , «la investigación penal se reduce ya a un presunto delito de prevaricación».

La Consejería recuerda que cuando la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández , se hizo cargo del caso en marzo pasado empezó una investigación por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal, y destaca que ahora la limita a una posible prevaricación.

La investigación penal «se refiere ya a aspectos en los que se discute el acierto de la resolución administrativa -si eran correctas las decisiones que se tomaron en el procedimiento del concurso-, sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción», insiste la Consejería.

«La cercanía de esta investigación con un ordinario procedimiento contencioso-administrativo (donde se discute la legalidad o no de cualquier resolución administrativa) es más que evidente», añade la Consejería, que subraya el hecho de que los siete han sido citados como imputados porque no existe otra forma técnico-procesal de llamarlos.

En este sentido, señala que los aspectos del procedimiento del concurso de Aznalcóllar sobre los que el juzgado quiere continuar la investigación, y sobre los que quiere oír la declaración de los funcionarios públicos responsables, son sobre la solvencia económica de Grupo México, que ganó el concurso.

También quiere investigar las cuadrículas mineras a las que se extiende el Plan de Investigación y los aspectos del Proyecto de Explotación referidos a la gestión del agua y al talud sur de la corta de los Frailes, añade la Consejería.

La juez, en su auto, reconoce que tiene aún pendiente de estudiar toda la documentación que le ha presentado Ayesa sobre el proyecto de explotación durante esta semana y que está a la espera de recibir la información que le ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, indica la Consejería.

También resalta que los siete imputados, integrantes de la Mesa del Concurso y de la Comisión Técnica , aunque no todos los integrantes de ambos órganos, han sido citados con más de un mes y medio de antelación para que puedan conocer toda la documentación existente en poder del juzgado, «evitando así su indefensión».

La Consejería señala que la juez llama a los funcionarios más vinculados con los aspectos jurídicos y económicos de la Mesa tras las discrepancias con lo declarado con una empleada de Invercaria sobre la solvencia económica del Grupo México.

Respecto de los aspectos del Plan de Investigación y el Proyecto de Investigación, la Consejería señala que el juzgado llama a declarar a los funcionarios de la Comisión Técnica más vinculados con esos extremos tras lo declarado por un empleado de Emerita , la empresa que presentó la denuncia.