El PSOE no se rebeló contra la ley andaluza de Patrimonio hasta que la recurrió Pedro Sánchez

El motivo: una carta que la consejera envió a los alcaldes andaluces en la que lamentaba el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que se le sumará otro de senadores socialistas, y les informaba de la suspensión a trámite de la norma, tras su admisión a trámite por el alto tribunal el pasado 6 de mayo.

Así, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Rodrigo Sánchez Haro , consideró en la red social Twitter que la consejera mantiene una actitud de « frentismo permanente no solo con el Gobierno de España , sino con el propio Tribunal Constitucional» a cuenta de este decreto y acusó a la consejera de usar «impúdicamente» recursos públicos «con fines partidistas » al remitir esa carta a los alcaldes.

Las críticas del PSOE-A a la modificación de la ley de Patrimonio no se produjeron, sin embargo, tras su aprobación el pasado 9 de marzo ni tan siquiera tras una primera misiva que les envió Patricia del Pozo el pasado 1 de abril, en el que les informaba de los cambios introducidos en la normativa, muy similares en intenciones , e, incluso, algo más restrictivos, de los que iniciaron su tramitación bajo el Ejecutivo que presidía Susana Díaz durante la anterior legislatura.

La carta, en la que la consejera informaba a los alcaldes de los principales cambios introducidos en la norma, no generó ninguna controversia entre los ediles socialistas. De hecho, la modificación introducida recientemente por la Junta daba más protagonismo a los ayuntamientos a la hora de tramitar obras mínimas en el entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC) , ya que no tendrían que pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio .

Ello redundaría en una simplificación de trámites administrativos , algo por lo que abogaban los propios socialistas cuando estaban en el Gobierno de la Junta.

Tras el recurso planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez al Decreto Ley, la actitud del PSOE-A ante el decreto cambia, lo que se hace evidente tras la segunda carta remitida por Patricia del Pozo a los alcaldes andaluces.

En esta misiva, les informa que la modificación del artículo 13 de la Ley de Patrimonio, que eliminaba la preceptiva consulta a la comisión provincial cuando se hacían obras mínimas en un entorno BIC, quedaba en suspenso, tras haber admitido a trámite el Constitucional el recurso.

En la carta, que se envió por correo electrónico a los alcaldes y no supuso gasto alguno de dinero público, apuntan desde Cultura y Patrimonio Histórico, la consejera lamentaba la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, por cuanto el texto aprobado por la Junta «se trata de una mejora que, en el caso de la legislación del patrimonio histórico de Andalucía, se encontraba prevista en términos más amplios en la modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, iniciada en la pasada legislatura por el Gobierno socialista anterior ».

En ese sentido, añadía que «estamos convencidos de la bondad de la modificación propuesta, su repercusión positiva en la economía local y la nula afección al patrimonio histórico, y esperamos que a la mayor brevedad se pueda recuperar la norma actualmente suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional».

La carta provocó una dura respuesta del portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz , quien acusó a la consejera de « usar impúdicamente recursos y medios públicos con fines partidistas al remitir cartas a los alcaldes de los 786 municipios andaluces cuestionando la decisión» del TC.

En ese sentido, añadió que es «inaudito e indignante que la Junta de Andalucía haga frentismo permanente no sólo con el Gobierno de España, sino con el propio Tribunal Constitucional, a cuenta del decreto de simplificación administrativa suspendido por el órgano judicial», señaló Sánchez Haro.

El portavoz socialista cargó también contra la consejera, al entender, que esta trata con esta carta de «justificar su intento de eliminación de la preceptiva autorización de su Consejería sobre las intervenciones en Bienes de Interés Cultural para que las licencias de obra no sean visadas por Patrimonio histórico, lo que supondría un auténtico peligro cultural ».

Las palabras Sánchez Haro muestran el cambio de actitud del PSOE hacia una modificación de la ley de Patrimonio que defendió, en términos muy similares, cuando estaba al frente de la Junta en la pasada legislatura .

De hecho, solo hay que comparar el texto del anteproyecto de modificación de la ley de Patrimonio que aprobó el Gobierno de Susana Díaz en febrero de 2018 con la reforma del Ejecutivo de Juanma Moreno para ver que son muy similares.

Así, el impulsado por el Ejecutivo socialista establecía que no sería «necesaria la autorización» de la Consejería de Cultura para la realización de obras interiores , «siempre que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica y a elementos decorativos del patrimonio histórico, en inmuebles comprendidos en el entorno de un BIC y en inmuebles incluidos en conjuntos históricos, zonas arqueológicas, lugares de interés etnológico, lugares de interés industrial o zonas patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el catálogo general de patrimonio andaluz».

Mientras que el texto del artículo aprobado por el Ejecutivo de Juanma Moreno y recurrido por el Gobierno afirma: «No será necesaria la autorización ni la comunicación a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras que impliquen una intervención mínima , entendiendo por tales las obras interiores que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica ni a elementos decorativos del patrimonio histórico, en los inmuebles comprendidos: en el entorno de un BIC; en los conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, lugares de interés etnológico, lugares de interés industrial o zonas patrimoniales, que no estén inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como monumentos y jardines históricos».

El espíritu de ambas reformas es el mismo: agilizar los trámites administrativos para obras mínimas en entornos BIC, una demanda que habían expresado en los últimos años los alcaldes andaluces , especialmente los de cascos históricos protegidos como por ejemplo Sevilla , para evitar que esas intervenciones quedaran empantanadas meses, a la espera de que resolviera la Comisión Provincial de Patrimonio.

Cuando el Gobierno de Susana Díaz aprobó el anteproyecto de Ley, el entonces consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez , defendió en comisión parlamentaria los beneficios de esa modificación de la ley de Patrimonio, por la que, según dijo, 131 municipios andaluces declarados conjuntos históricos iban a tener las competencias suficientes para autorizar obras menores .

«Ello permitirá dar una respuesta más ágil a la ciudadanía para esas obras menores y de primera necesidad y no colapsar el trabajo de las Comisiones Provinciales de Patrimonio », defendió el entonces titular de Cultura.