La última parada del 'peregrinaje' judicial del vertido de la mina de Aznalcóllar

Lo primero que hizo la Junta de Andalucía cuando sucedió el desastre de Aznalcóllar fue actuar para paliar los efectos de los metros y metros de lodos esparcidos por dichos terrenos, que llegaron a las puertas de Doñana. Después pasó a reclamar el coste de todas las actuaciones de recuperación: 89,9 millones de euros.

La primera puerta a la que acudió los servicios jurídicos de la Junta fue la penal. En dicha causa investigaron a 25 personas. Primero el juez instructor y después la Audiencia Provincial, en 2001, archivaron la causa: no había imprudencia grave por parte los investigados. Eso sí, dejaban otra puerta abierta para la Administración autonómica: iniciar acciones civiles.

Entonces llegó la demanda civil contra Boliden para exigir el pago de los casi 90 millones de euros. Corría 2002. El asunto recayó en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla. Segundo varapalo para la Junta. El juez se declaró incompetente para este asunto. La Audiencia ratificada dicha decisión.

La tercera vía se abría por lo Contencioso-Administrativo. Entonces, en 2004, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó imponer a Boliden una multa de 89,8 millones de euros para poder exigirla por la vía contencioso-administrativa, pero el grupo minero recurrió en 2007 al TSJA y en 2011 al Tribunal Supremo y ambas instancias le dieron la razón.

La Sala de Conflictos del Alto Tribunal resolvía en mayo de 2012 que para dirimir sobre la reclamación económica solicitada por la Junta la jurisdicción competente era la Civil, la que años atrás ya se había desistido. La factura del desastre ecológico de Aznalcóllar volvía a la casilla de salida. Comenzaba una nueva partida.

Entre tanto se sucedían etapas de este 'peregrinaje' judicial, representantes de la Junta y de la multinacional sueca se han sentado en la mesa para intentar un posible acuerdo beneficioso para todas la partes, más intensos en los últimos años. Pero todo esfuerzo resultó infructuoso.

Además, de forma paralela a la lucha de los abogados de la Junta de Andalucía, el Gobierno central ganó en el Tribunal Supremo a Boliden una reclamación de 43 millones, lo que se había gastado dicha administración en las tareas de recuperación de los terrenos afectados por el vertido tóxico. Pero la empresa española Boliden Apirsa se declaró en quiebra y este asunto está en un juzgado mercantil de Sevilla, que se encarga del concurso de acreedores, y que está esperando la respuesta del proceso civil para su pronunciamiento.

La sentencia del juez de Primera Instancia número 11 de Sevilla, en un asunto tan complejo, puede dilatarse varios meses. Después, lo más probable, es que se produzcan recursos en apelación a la Audiencia, y en casación al Supremo. Esto se traduce en varios años para conocer la decisión final.