Una veintena de violadores y agresores piden a la Audiencia de Sevilla rebajas de penas por la ley del 'sí es sí'

Según ha informado la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a este periódico, las cuatro secciones penales de la Audiencia, hasta ayer martes, han registrado la interposición de viente recursos de revisión de penas.

En concreto y según los datos hasta este pasado martes, la Sección Primera ha recibido tres peticiones; los magistrados de la Sección Tercera tienen encima de su mesa cuatro recursos; en la Sección Cuarta han sido ocho los recursos interpuestos; y en la Sección Séptima, los recursos presentados son cinco.

Son las cifras que evidencian las consecuencias de la reducción de la horquilla punitiva que contemplan la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en algunos supuestos de recogidos en los artículos del Código Penal reformados que hacen referencia a los delitos contra la libertad sexual.

La ley del 'sí es sí', a pesar de las advertencias de fiscales, jueces y abogados, está llevando a los tribunales a reducir la pena impuesta a agresores y violadores por ser más beneficiosa para el reo en algunos casos, situación jurídica que ha levantado toda una ola de rechazo por parte de las víctimas, de los operadores jurídicos y los partidos políticos de la oposición.

Uno de estos recursos, a los que ha tenido acceso este periódico, hace referencia a la condena a un vecino de Sevilla por dos delitos de abusos sexuales a menores. En este caso, las víctimas fueron sus dos sobrinos, hijos de sus hermanas, de siete y once años de edad. Fue condenado a nueve años de cárcel.

Su abogado, José Luis Escañuela, ha presentado un recurso de revisión de pena ante la Sección Tercera, acogiéndose a la entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, cuyo texto es «penológicamente más favorable para el penado que la aplicada en el momento de la sentencia», de julio de 2017.

En aquel entonces, el delito de abuso sexual tenía señalada una horquilla de cuatro a seis años; que supuso cuatro años y seis meses. La ley de Irene Montero «supondría la reducción automática de la pena en dos grados». Esto conllevaría su puesta en libertad.