Urbanismo reducirá un año el plazo para dar licencias en Sevilla gracias a las externalizaciones

La Gerencia de Urbanismo acaba de inaugurar, por primera vez en su historia, un sistema de colaboración público-privada para la redacción de los informes técnicos de las licencias en el que participan colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras, una medida que ha sido aplaudida por la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) al representar «un avance significativo».

La patronal interpreta este avance en la misma línea en la que José Luis Sanz lo había vendido durante su etapa como alcaldable: «Permitirá descongestionar la Gerencia de Urbanismo, acelerando la tramitación de expedientes, sin que ello implique una merma en la verificación y control que corresponde a la Administración en el ejercicio de sus potestades». Estas palabras son un extracto del laudable comunicado que los empresarios emitieron ayer en reconocimiento de una nueva medida que sin duda facilitará la llegada de inversores a la capital hispalense.

José Luis Sanz recogió el guante durante su 'desembarco' en la capital hispalense, cuando empresarios e incluso profesionales de la Gerencia de Urbanismo reconocían que el formato estaba obsoleto, y cuyo cuello de botella estaba espantando a los inversores en beneficio de municipios del área metropolitana como Dos Hermanas, donde en los últimos años aterrizaron inversores de la talla de Amazon, la Universidad Loyola o la nueva ciudad deportiva del Betis.

Fuentes municipales explican que esta nueva incorporación, que en ningún caso suplantará la labor de los técnicos de la GUMA, permitirá reducir aún más los plazos que ya habían logrado acortar en una media de diez meses por licencia. Esta externalización de la redacción de expedientes es posible gracias a la Ley del Suelo, asemejándose la Gerencia de Urbanismo de Sevilla al Ayuntamiento de Madrid, que se ha convertido en los últimos años en el gran referente de la burocracia urbanística.

Para agilizar el trámite de estas licencias, el Ayuntamiento de Sevilla tenía dos opciones: la inasumible contratación de personal extra en su plantilla o la externalización de estas funciones. Tanto para el ahorro económico como para la celeridad en la consecución del objetivo, la Gerencia de Urbanismo ha optado por esta colaboración público-privada con los colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras.

La CES subraya que «esta regulación contribuirá sin duda a agilizar la tramitación de los procedimientos, ya que no será necesario emitir un informe técnico municipal y bastará con el certificado emitido por la entidad o el colegio profesional, junto con el informe jurídico municipal, para otorgar la licencia».

Dado que esta postura de la organización empresarial difiere de parte del dictamen emitido a mediados de diciembre por el pleno del Consejo Económico y Social sobre el proyecto de modificación de la Ordenanza reguladora de obras y actividades, la organización empresarial emitió un voto particular, incorporado al propio dictamen, en el que queda reflejada su postura en este punto, y se abstuvo de aprobar el conjunto del dictamen.

Según el dictamen del CESS, «los principios de celeridad, economía y eficacia de los procedimientos ambientales y urbanísticos no pueden ser a costa de la cesión total a entidades externas a la administración, de la potestad administrativa que reside en el cuerpo de técnicos municipales para la validación de los preceptivos informes técnicos, previos a la evacuación del correspondiente informe jurídico, requisito necesario para el otorgamiento y la eficacia de las licencias y autorizaciones».