Urbanismo ha rechazado en Sevilla casi el 40% de las licencias para pisos turísticos desde que aprobó su regulación

En concreto, y según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, desde que entró en vigor la limitación de las viviendas de uso turístico, hace ahora justo un año, se han registrado 308 declaraciones responsables en la Gerencia de Urbanismo con el objetivo de implantar nuevos alojamientos de estas características en la ciudad. De ellas, aproximadamente un 40 por ciento han sido rechazadas porque estos inmuebles se situaban en las zonas restringidas por la ordenanza. O lo que es lo mismo, el Ayuntamiento de Sevilla ha denegado 116 de ellas por encontrarse en el Casco Antiguo o Triana, los dos distritos de la capital hispalense en los que se superaba con creces el porcentaje del 10% de estos pisos frente a los residenciales, que era el máximo que establecía la regulación para poder seguir concediendo estas licencias a los promotores que las solicitaran.

Paralelamente, el gobierno de José Luis Sanz también ha redoblado en este año los esfuerzos de inspección para controlar los posibles pisos turísticos que estén operando sin licencia o que, teniéndola, estén incumpliendo las normativas en vigor. De hecho, desde el mes de octubre de 2024 ya se han remitido a la Delegación Provincial de Turismo de la Junta de Andalucía un total de 1.087 viviendas de uso turístico para su cancelación. A partir de ese procedimiento, corresponde a los técnicos de la administración andaluza verificar esta situación denunciada por la Gerencia de Urbanismo y, una vez constatada la irregularidad, proceder a eliminar el alojamiento del registro oficial de la Consejería de Turismo.

Con este mismo objetivo, Sevilla se convirtió el pasado mes de abril en la primera ciudad andaluza en firmar un convenio con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Andalucía destinado a este mismo fin. En este sentido, el principal objetivo de este acuerdo pasaba por intercambiar datos y aplicar las medidas implantadas por el Gobierno de España para el control de las VUT. Entre ellas se encuentra la obligación a los propietarios a tener inscritos en el registro de la propiedad esta condición específica de sus alojamientos. Es decir, para que estos pisos puedan publicitarse en las distintas plataformas deben contar con un código, que les es facilitado por el registro de la propiedad, con el que acreditar que están cumpliendo con la normativa urbanística. Otra medida de control para atajar aquellas prácticas ilegales que existen todavía en este sector.

La entrada en vigor de esta regulación ha provocado un doble efecto sobre el sector de las viviendas de uso turístico. Por un lado, la supresión de las licencias en Casco Antiguo y Triana ha hecho que los pisos se extiendan a otras distritos de la ciudad. Macarena, Nervión, Los Remedios y San Pablo-Santa Justa son los más afectados por esta expansión del fenómeno, pero en estos barrios todavía no se supera el porcentaje máximo permitido. Junto a ello, se ha producido una especie de efecto disuasorio a la hora de solicitar las autorizaciones, ya que en el registro oficial de la Consejería de Turismo se muestra un descenso de alrededor del 60 por ciento en las peticiones que se han recibido en este último año.

Con todo, el gobierno de José Luis Sanz hace un balance «positivo» de las consecuencias que ha tenido en la ciudad la implantación de esta norma, ya que a su juicio ha logrado contener el desbordamiento de VUT que se había producido en la capital hispalense en los últimos años. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha adjudicado un contrato para iniciar la revisión del número máximo de pisos turísticos por barrios, con el objetivo de que se compruebe que las medidas que se están desarrollando están teniendo un efecto positivo en la reducción de esta saturación. En caso contrario, y una vez que esté concluido este documento, no se descarta una modificación de los actuales porcentajes para seguir fomentado las viviendas residenciales.