El Tribunal Supremo decidirá el proyecto del puente de la SE-40 en Sevilla

Fue el pasado mes de noviembre cuando los ingenieros ganaron la primera batalla. Entonces, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda anuló el primer encargo realizado por el Ministerio de Transportes a la empresa pública al estimar parcialmente las alegaciones del sector. Pero el Ejecutivo, que anteriormente había enterrado definitivamente la alternativa de los túneles en el río Guadalquivir para unir la futura autovía entre Dos Hermanas y Coria del Río, decidió seguir adelante con ese dedazo. Realizó un segundo encargo incorporando, como reprochaba el Tribunal Administrativo, la metodología BIM, un proceso inteligente basado en modelos 3D que ofrece una visión precisa, accesible y práctica para permitir una mejor toma de decisiones durante el ciclo de vida del proyecto.

El nuevo encargo, por valor de 13,1 millones de euros (más caro que el anterior y una cantidad que obligaba a pasar dicha adjudicación por Consejo de Ministros), se publicó el 15 de enero en la plataforma de contratación del sector público tras su aprobación en el Consejo de Ministros el pasado 16 de diciembre.

En este sentido, hay que recordar los reparos iniciales de la Intervención por la desmesura en el volumen de subcontrataciones que implicaría este encargo a Ineco, pero ni esto ha frenado al Gobierno, que asumió el incremento económico del nuevo contrato.

Desde entonces, los ingenieros no han cejado en su empeño de frenar lo que consideran «un abuso» de la Administración central en la contratación de medios propios en perjuicio del sector, que se está quedando sin mercado. Así, han llevado a los tribunales la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que anuló el primer encargo, como la decisión del Consejo de Ministros sobre el segundo encargo y esta misma adjudicación.

En la Audiencia Nacional se dirimirá el recurso de los ingenieros contra la decisión del tribunal contractual al entender que se vulnera la ley de régimen jurídico del sector público y la de contratos del sector público. En concreto, esgrimen que no está justificada la mayor eficiencia y eficacia del encargo directo frente a la licitación pública (Ineco no tiene experiencia en diseño de puentes y el encargo es más caro que una licitación) y consideran que se infringe el límite legal del 50% de la subcontratación, al pretender subcontratar la mayor parte de los servicios (un 60,87%, que con el nuevo encargo será aún mayor), sin la debida motivación de las excepciones que permitirían superar el mencionado tope. Por último, tampoco están motivadas las razones de urgencia y seguridad que, eventualmente, pudieran aconsejar emplear la técnica excepcional del encargo en lugar de la licitación. En este sentido, hay que recordar que la orden de estudio para resolver el paso sur de la ronda SE-40 data de julio de 1995.

De forma paralela y es lo último que se ha conocido de esta batalla judicial, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda contra el segundo encargo a Ineco y la autorización y aval del Consejo de Ministro de dicha encomienda. Están a la espera de poder tener acceso al expediente de la Dirección General de Carreteras del Ministerio y después tendrán veinte días para presentar sus argumentaciones jurídicas contra estas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ignacio Sánchez de Mora, presidente de Asica y Cies, traslada a ABC que irán «por tierra, mar y aire», a «todas las esferas para detener los abusos» de la Administración central, incluso a la Justicia europea por competencia desleal de los medios propios.

Con el movimiento de llevar el asunto al Supremo busca el sector que el Alto tribunal siente jurisprudencia contra estos «abusos» en los encargos a las empresas públicas en defensa de las ingenierías de asesorías privadas, que se está quedando «sin mercado». «El tema del puente de la SE-40 es muy importante para que no lo haga una ingeniería (Ineco) que no sabe hacer puentes», pero el sector va más allá. Junto con numerosas patronales (entre ellas la propia CEOE), vienen denunciando en los últimos años el aumento de adjudicaciones directas por parte de las Administraciones a las empresas públicas.

El hecho de que el Supremo haya admitido a trámite la demanda ya es un primer éxito, pues los asuntos que entran en el Alto Tribunal están muy reglados, pero al ser el órgano judicial que conoce de los asuntos del Consejo de Ministros los demandantes han jugado la carta jurídica del aval y autorización del Gobierno de Sánchez a la operación del Ministerio de Óscar Puente, requisito necesario para sacar adelante el encargo por más de trece millones. Con toda probabilidad la decisión del Supremo llegará antes que la de la Audiencia Nacional y sentaría jurisprudencia sobre los encargos a medios propios del Ejecutivo central.

Este escenario judicial se desarrolla en paralelo a la división de Ineco del proyecto en numerosas subcontrataciones que alargarán todo este proceso. De hecho, el Ministerio de Transportes, a través de Ineco, licitó el pasado mes de febrero por 4,5 millones de euros (IVA incluido) el contrato para el cálculo de la estructura central del viaducto de la SE-40, incluyendo análisis en túnel de viento. Esta estructura, que corresponde al tramo atirantado, contará con 726 metros de longitud y un gálibo vertical de más de 70 metros, para permitir el paso de los barcos.