Ese miércoles también estaban citados el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora. Todos ellos, al igual que los padres de la menor, rehusaron entonces hacer declaraciones a los medios.
Por su parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, expresó que los progenitores habían asistido «con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo» e indicó que la familia «se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería -Desarrollo Formativo y Formación Profesional-, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo», por lo que confiaban «plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa».
En opinión de la familia, «no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita».
La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.
Al respecto, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean al caso. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
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