El tráfico de influencias y la corrupción en negocios centran el caso del socialista Rafael Pineda

En estas diligencias, según el auto dictado por la juez Pilar Ordoñez, se investigan hechos que podrían constituir delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. En el caso del primero, el artículo 286 bis dice: el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa o sociedad que reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías. También quien prometa, ofrezca o conceda ese beneficio. Conlleva una pena que podría ir de los seis meses a los cuatro años de prisión. Aunque podría ser de tres a seis años, para los que ofreciesen, prometiesen o concedieran beneficio o ventajas indebidos, pecuniarios o de otra clase, para corromper a una autoridad o funcionario público para un trato de favor para conseguir un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva.

Con respecto al tráfico de influencias, el Código Penal recoge en el artículo 428 que el funcionario o autoridad que influyere en otro funcionario o autoridad prevaliéndose de su cargo para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, incurriría en penas que irían de seis meses a dos años.

Pineda, quien fuera gerente de Lipasam en la etapa de Sánchez Monteseirín y hasta hace unas semanas jefe de gabinete de Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno en Andalucía, se ha personado en la causa con su abogado y se ha aceptado su solicitud, aunque hasta el momento no hay investigados en la misma, ni este dirigente socialista ni otras personas.

Esta investigación, como adelantó ABC, tiene su origen en una causa que se dirige en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla contra el blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico, donde hay una treintena de investigados entre personas físicas y empresas. Una de las pruebas que se llevó a cabo en esta investigación fue la intervención telefónica de los implicados. En una de las conversaciones saltó el nombre de Rafael Pineda.

Inmediatamente, la instructora, a petición de los investigadores de la Guardia Civil, abrió una pieza separada para indagar unos hechos vinculados aunque no resultaron determinantes. Eso sí, en el transcurso de estas indagaciones los guardias civiles, ya miembros de la Unidad Central Operativa, pusieron sus miras en la parcela de Emvisesa de la mujer de Rafael Pineda. La consecuencia es que la pieza separada se centraba entonces en aquella operación urbanística que terminó con los suelos en posesión de Olga Pérez, odontóloga de profesión.

La juez ha levantado el secretario de sumario, si bien la Guardia Civil aún no ha elaborado el atestado correspondiente a todo lo que rodea la parcela de Emvisesa en Pino Montano. Con este propósito, dos agentes de la UCO volvieron el pasado miércoles a la empresa municipal. En su primera visita, el 10 de septiembre, recopilaron una ingente documentación, que se llevaron en dispositivos informáticos, relativa al procedimiento de enajenación de la parcela, la que se llevó a cabo tras varios intentos por el gobierno del socialista Juan Espadas en 2024 por un importe de 1,7 millones. La compró la mujer de Pineda.

En esta segunda visita, los agentes querían los papeles que les permitiera contar con todo el expediente completo. Es decir, los que hacían referencia al procedimiento que se abrió el 1 de julio de 2016 para el arrendamiento de dicha parcela en la zona norte del barrio de Pino Montano, en concreto, entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega, que acabó en las manos de la mujer de Pineda.

Las empresas o particulares interesados en dichos suelos tenían un mes, en pleno verano, para presentar sus propuestas. La empresa municipal sólo recibió una oferta, que correspondía a Olga Pérez. En su propuesta no sólo se ceñía a los criterios establecidos en el procedimiento, sino que incluso los mejoraba, como el canon a pagar, ofreciendo 108.000 euros. Ante la falta de competencia, resultó la adjudicataria, aunque el contrato de arrendamiento se firmó el 8 de febrero de 2017 con la empresa Higuerón Real Estate, que constituyó Olga Pérez tan solo unos días después de conocer la decisión de la empresa municipal.

Después, la mujer de Pineda subarrendó estos suelos a otras empresas. Con esas rentas asumía el canon que tenía que abonar al Ayuntamiento (108.000 euros al año) al Consistorio y, a su vez, obtenía un beneficio económico. Allí se instaló Megafood S.A., que abrió una franquicia de Burger King que Urbanismo clausuró provisionalmente en 2018 por carecer de la preceptiva licencia. También hizo lo propio Petronieves S.L., que puso en marcha una estación de servicio que provocó las quejas vecinales por estar a menos de 50 metros de las viviendas. Por último, se estableció un local de la cadena KFC, que gestionaba Higuerón Restauración S.L., una firma de la que era dueña también Olga Pérez y que se subarrendó a sí misma.

Pero el arrendamiento de estos suelos no era el objetivo de Emvisesa sino que se buscaba la enajenación de los mismos. Hubo varios intentos por parte del gobierno de Juan Espadas, con permutas de los suelos por viviendas ya construidas, aunque iniciativa municipal prosperó. Finalmente, en septiembre de 2024, el actual gobierno de José Luis Sanz se la vendió a Olga Pérez por 1,7 millones de euros aproximadamente, precio marcado por tasación.