Torrijos aprovecha el fallo de la Audiencia Nacional para arremeter contra la juez Alaya y rescata la teoría de la conspiración

Alaya fue la instructora de la causa de Mercasevilla, que dio origen al mayor caso de corrupción de la historia de España: los ERE, que ha terminado con la condena a dos expresidentes socialistas de la Junta, uno de ellos con pena de prisión. De la investigación en la lonja también surgió Fitonovo y la red clientelar de funcionarios de esta empresa. Pese a que Torrijos carga una y otra vez contra Alaya, ésta sólo instruyó al completo una de las causas por las que fue procesado y absuelto el exlíder comunista, en relación a la venta de suelos de la lonja, donde quedó absuelto al descartar el juez que hubiera amaño en la adjudicación.

Pero ayer no fue la de Torrijos la única voz de IU que se alzó para volver a la carga contra la magistrada. El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, dijo que la Audiencia Nacional «pone de manifiesto la interferencia de la derecha en el ámbito judicial, a través de jueces y juezas de la catadura de (Mercedes) Alaya», y llega «tras una década de falsedades, de cacería política y de connivencia de medios de comunicación al servicio de la derecha».

«La Audiencia Nacional ha puesto negro sobre blanco que IU nunca debió ser parte de este caso», mediante una sentencia «contundente» que señala «lo que venimos diciendo desde IU desde hace años», y es que «el proceso judicial ha estado orquestado en función de los intereses de la oligarquía sevillana y de la derecha, principalmente del PP, con el objetivo último de interferir en la política municipal», según dijo.

Más allá del arrebato político, Valero olvida que el tribunal absuelve a los dos partidos porque no ha quedado acreditado qué hicieron con el dinero el exasesor de Torrijos y los dos exdirigentes socialistas condenados por cohecho. Los tres alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía antes del inicio del juicio y el interrogatorio se limitó a que los investigados admitieran los términos del acuerdo y poco más. El fiscal no profundizó en los hechos.

En cambio, no hubo reacciones del PSOE, quizás porque el tribunal sí prueba que las obras de la sede de la Macarena fueron pagadas con dinero de la empresa, aunque la Audiencia Nacional no considere la actuación del partido penalmente punible.